Las autoridades penitenciarias de la provincia de Santiago de Cuba mantienen en régimen severo a un grupo de presos políticos, manifestantes del 11 de julio de 2021, cuyas sentencias se hicieron firmes, razón por las que les corresponde un sistema de menor rigor.
“Ya desde mayo les aplicaron las sentencias y no los han trasladado a una cárcel abierta. Dicen que no hay petróleo. Esa es la justificación”, se quejó Juana Elba Álvarez Elegia, madre de Daniel Fernández Álvarez, sancionado a 7 años de privación de libertad.
Your browser doesn’t support HTML5
Reportaje de Yolanda Huerga
El Reglamento del Sistema Penitenciario estipula que los sancionados primarios hasta 8 años de privación de libertad deben ser recluidos en régimen de mínima severidad que conlleva un sistema “abierto”, visitas familiares y entrega de la comida y artículos de aseo o “jaba” cada 21 días y pabellón conyugal cada 30, entre otros beneficios.
“Se sabe que es una injusticia lo que están haciendo con ellos. No los acaban de trasladar. Mientras tanto los presos siguen teniendo que soportar las condiciones de encierro de la prisión de Boniato, que además está infestada de chinches, la comida es tan mala como siempre pero ahora se añade que la dan a deshora”, denunció la madre.
“Les dicen que los van a mandar para La Caoba, que es una cárcel también, pero los sacan a trabajar y tienen derecho a estar sin horarios en el patio. Por lo menos en esta otra prisión, uno los podría ver los fines de semana y llevarles alimentos”, señaló.
En la misma situación que Fernández Álvarez se encontrarían el pastor Lorenzo Rosales Fajardo, sentenciado a 7 años; Wuilmer Sánchez Mojena, a 6 años; Miner Chaviano Mastache a 6 años y Jesús Gutiérrez Céspedes, a 7 años. Todos están recluidos en la prisión de máxima seguridad de Boniato.