Las lágrimas se deslizan por el rostro de Tanyia Colmenares cuando recuerda su sueño truncado de ser abogada, que terminó tras dos semestres en la facultad de derecho cuando tuvo que dejar los estudios para sobrevivir en la compleja crisis venezolana.
Aunque nunca llegó a defender a un cliente ante la corte, ha aceptado intentar defender algo mucho más grande a final de mes: la democracia venezolana.
Colmenares es una de las miles de partidarias de la oposición venezolana, normalmente fracturada, que han aceptado organizarse, movilizarse y asistir a los votantes en las esperadas elecciones presidenciales del 28 de julio.
La principal coalición opositora cuenta con sus esfuerzos, algunos liderados por partidos y otros formados de forma espontánea, para llevar gente a las urnas a votar y disuadir a representantes del gobierno de intimidar o coaccionar a los votantes.
La falta de una autoridad electoral realmente independiente hace esa labor crucial para la capacidad de la alianza de verificar o disputar el resultado. La coalición Plataforma Unitaria confía en que la mera presencia de muchos votantes atentos ante los centros de votación neutralice algunas de las estrategias del partido en el gobierno que en el pasado les impidieron tener representantes dentro de los colegios electorales, alejados de los conteos y sin voz en caso de irregularidades.
La ciudad occidental de Sabaneta es la cuna del chavismo, el movimiento autodenominado como socialista fundado por el fallecido presidente Hugo Chávez que ha dominado Venezuela desde el cambio de siglo. También es donde Colmenares ha hecho equipo con otros nueve vecinos para fomentar la participación y garantizar que los partidarios de la oposición llegan a su lugar de votación. Están preparados para organizar transporte, proporcionar apoyo si encuentran controles del partido en el gobierno y repartir agua o comida si se forman largas filas.
“Como se le haga más fácil, ya sea por las redes, que llamadas, mensajes, personalmente, lo importante es hacer el trabajo y hablar con la comunidad”, dijo este mes Colmenares, ama de casa con tres hijos, tras una reunión de un grupo vecinal.
Las elecciones de este mes son diferentes a cualquiera que haya enfrentado el partido en el gobierno desde que Chávez fue elegido presidente en 1998 y emprendió una transición en Venezuela hacia lo que describió como socialismo del siglo XXI.
Ahora liderado por el heredero de Chávez, el presidente Nicolás Maduro, el Partido Socialista Unido de Venezuela es más impopular que nunca entre muchos votantes. Los bajos precios del crudo, la corrupción y la mala gestión económica del gobierno sumieron al país en una crisis que dura más de 11 años. Los jóvenes han tenido que renunciar a aspiraciones universitarias, los niños pasan hambre y millones de personas han emigrado.
Las sanciones económicas impuestas en la última década no derrocaron a Maduro, como esperaban Estados Unidos y otros gobiernos, pero contribuyeron al declive de Venezuela.
Durante años, los políticos opositores boicotearon elecciones que consideraban amañadas, pero esta vez superaron sus profundas diferencias para unirse tras un solo candidato. También mantuvieron ese hueco en las boletas pese a una represión constante del gobierno, que vetó a María Corina Machado, la aspirante que planteaba un desafío mayor para la campaña de Maduro a un tercer mandato.
Machado, que ganó por abrumadora mayoría las primarias de la coalición en octubre, apoya ahora al candidato de reemplazo de la coalición, el exdiplomático Edmundo González Urrutia.
Las encuestadoras estiman que hasta 13 millones de personas votarán el 28 de julio.
La oposición calcula que más de medio millón de personas se han registrado en una estructura informal de grupos vecinales apodados “comanditos”.
Los miembros del grupo, que a estas alturas ya están familiarizados con los esfuerzos del PSUV por inclinar la balanza a su favor en las jornadas electorales, cuentan con que las gasolineras no abran, los feudos de la oposición sufran apagones, la policía y personas leales a Maduro corten carreteras y que el ejército limite el acceso a los centros de votación.
Algunos grupos celebran rifas y venden hallacas, similares a tamales, para reunir fondos para imprimir material promocional para sus barrios y preparar comida para los partidarios de la oposición. Otros almacenan gasolina en casa y ofrecen sus autos o motocicletas para llevar a los votantes.
Todos han recibido instrucciones de la coalición de mantenerse ante los centros electorales después de votar para reducir el temor de los ciudadanos y de sus representantes en los colegios, que tienen entre sus deberes el de conseguir una copia de los registros de voto impresa por las máquinas de voto electrónico tras el cierre de urnas. Se sabe que grupos leales al gobierno, incluidas pandillas armadas, han intimidado a representantes en los centros de votación, conocidos como testigos, para que se queden en casa o abandonen sus tareas antes de que concluya la jornada electoral.
Las leyes electorales permiten a los partidos tener un testigo por cada puesto de voto instalado en cada centro electoral.
“Hemos acordado nosotros como comandito que después del voto, nosotros vamos a vigilar y a ser garante de los votos el 28 de julio”, explicó el organizador local Fidel Ortega durante una reunión grupal. “Primeramente Dios, vamos a defender el derecho al voto de nosotros como venezolanos. El 28 votamos, el 29 celebramos y de ahí en adelante todos ganamos”.
Ortega estima que los partidarios de la oposición han formado al menos 40 grupos vecinales en el municipio que incluye a Sabaneta, en una amplia llanura tropical de pastos.
El Consejo Nacional Electoral, controlado por el gobierno, decidió habilitar 36.000 máquinas de voto. Muchos centros de votación están muy repartidos, lo que hace más difícil para la oposición vigilarlos todos. En torno a un tercio de los votantes en estos comicios están asignados a centros con apenas una o dos máquinas de voto.
En el pasado, el PSUV ha obtenido la mayor parte de sus votos en esos centros de votación más pequeños, y para estas elecciones el consejo electoral añadió 1.700 centros de una máquina. Los reportes sobre esfuerzos del gobierno por coaccionar y controlar el voto en consultas previas se han relacionado en su mayoría con esos colegios electorales de una o dos máquinas.
Aunque miles de personas se han inscrito en grupos vecinales, el temor a las represalias si se filtran los datos ha evitado que algunos partidarios de la oposición se sumen oficialmente al esfuerzo de movilización. Pero de todos modos participan en grupos de amigos, familiares y colegas con los que tienen previsto coordinarse el 28 de julio.
“Nosotros tenemos que ir con la gente para que pierdan el miedo", dijo Edgar Cuevas, profesor de secundaria y que estará en las urnas el día de las elecciones. "Antes sí nos opacaban con sus colectivos y sus cosas, pero ahora que llegan 10 colectivos, bueno nosotros somos 20”.