La Comisión de Derechos Inalienables, creada en julio del 2019 por el gobierno estadounidense, divulgó su primer informe preliminar con el fin de asesorar al secretario de Estado Mike Pompeo sobre los derechos humanos arraigados en la fundación de los Estados Unidos y en los principios de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948.
Es un documento en proceso de redacción, el cual cuenta con el aporte del público, particularmente de académicos, filósofos, activistas y organizaciones no gubernamentales.
EE.UU. fue la primera nación fundada en la idea de que toda persona posee derechos inalienables, y que el papel del gobierno es proteger esos derechos. El Informe de la Comisión de Derechos Inalienables enmarca una política exterior digna de ese legado. https://t.co/TE8zBWOsFr
— USA en Español (@USAenEspanol) July 16, 2020
En el apartado sobre las conclusiones generales del documento se destaca la urgente necesidad de incluir a los derechos humanos en las decisiones que se toman en materia de política exterior.
“En el mundo de hoy, el ambicioso proyecto internacional de derechos humanos que surgió a raíz de la Segunda Guerra Mundial se enfrenta a graves y nuevos desafíos”, señala el texto.
“El consenso social y político que lo sostuvo es más frágil que nunca (…) cientos de millones de hombres y mujeres sufren bajo regímenes autoritarios donde la libertad y la igualdad no son más que sueños distantes, donde la esperanza es aplastada y donde se retiene la ayuda”, dice el documento.
Explica en ese contexto que hay naciones poderosas desafiando la idea de la libertad y dignidad humana, “mientras que los rápidos avances tecnológicos plantean una serie de nuevas amenazas”.
Son complejos desafíos que hay que enfrentar con “valentía, tenacidad y sabiduría”.
Estados Unidos, “en virtud de los principios profundamente inscritos en su sistema constitucional y sus compromisos internacionales, debe defender enérgicamente la visión apoyada en la Declaración Universal de Derechos Humanos”.
Explica que las tradiciones que se fusionaron en la fundación de Estados Unidos (la fe bíblica, el republicanismo cívico y la tradición moderna de la libertad) alimentaron la idea de que el gobierno surge del consentimiento de los gobernados y "que su primer propósito es garantizar los derechos que todos los seres humanos comparten”.
Estas convicciones, añade el texto, “son una fuente de inspiración y fortaleza”.
Pero, también recalca que Estados Unidos debe buscar con prudencia todas las opciones diplomáticas, abordar los abusos de los aliados y las naciones hostiles, sin promover nunca una falsa equivalencia moral entre los países respetuosos de los derechos humanos que a veces se quedan cortos y los países que sistemáticamente pisotean los derechos humanos de sus ciudadanos.
“En la batalla de ideas entre la democracia liberal y la autocracia, el progreso desigual de las democracias liberales no invalida los elevados objetivos a los que se dedican”, dice la Comisión.
También señala la probabilidad de que “las medidas de los Estados Unidos para promover los derechos humanos en el extranjero sean más efectivas cuando se lleven a cabo en cooperación con otras naciones".
El informe concluye que "ninguna nación por sí sola puede lograr todo lo necesario para dar vida a los derechos humanos, y una nación que actúe por sí misma siempre será sospechosa, justa o injustamente, de motivos ocultos”.