Pocas personas entienden el significado de la orden ejecutiva firmada por el Presidente Barack Obama que permite a jóvenes indocumentados diferir su deportación por dos años.
Muchos medios han dicho que es el equivalente al “Dream Act” con el que muchos jóvenes soñaban. Otros dicen que es una forma de amnistía con camuflaje.
“Están equivocados”, dice Grisel Ybarra, una veterana abogada de inmigración que siempre ha defendido a los indocumentados que benefician a este país.
Las explicaciones de Ybarra vienen a la par que el gobierno va dando a conocer los pormenores de la orden ejecutivo; de lo que da, y de los que no da. Por $465 los jóvenes indocumentados pueden llenar la solicitud que les permitiría permanecer en el país por dos años y tener un permiso de trabajo.
La orden ejecutiva indica que de no calificar los jóvenes pueden ser procesados de acuerdo a la ley de inmigración vigente. Dicha ley toma en consideración cada caso en forma individual. Pero si el joven tiene una orden de deportación pendiente y su solicitud no es aceptada, el gobierno ya tiene todo los detalles de como ubicarlo para, si quieren, detenerlo y expulsarlo del país.
Nadie puede garantizarles a estos jóvenes que el programa va a continuar en dos años. Mientras tanto el gobierno está aclarando que esta acción no les permite recibir los beneficios del plan de salud aprobado por la administración del presidente. Tampoco tienen derecho a solicitar préstamos del gobierno.
“El plan no es perfecto”, dice Ybarra. “Les estamos poniendo una curita a un mal mayor. Pero debemos reconocer que por lo menos tienen algo que antes no tenían”.
Ybarra agrega que es hora que las personas beneficiadas paren de quejarse. Si tienen permiso de trabajo ellos pueden comprar su propio seguro médico y pagar por sus estudios. Hay que entender, dijo, que ellos no tienen el mismo derecho que los ciudadanos o los residentes legales.
Pero Ybarra cree que hay muchas cosas que el gobierno puede hacer para mejorar este problema y a la vez aumentar los ingresos del país.
“Lo único que tienen que hacer es modificar regulaciones ya existentes”, dijo Ybarra.
Entre ellas:
• Una de las regulaciones vigentes permite la legalización de personas que hayan llegado al país antes de 1972. Ella sugiere cambiar la fecha de entre a 1992 y esto le permitiría resolver el problema a muchísimos indocumentados que llevan más de 20 años en este país.
• Volver a poner en vigor la Sección 245i del código de inmigración vigente hasta abril del 2001. Si los indocumentados pagaban $1,000 y podían probar el tiempo que llevaban en el país y que habían contribuido en forma positiva ellos podrían ajustar su status migratorio. Ese programa recaudó $177 millones. Dicho reglamento permitía a las personas que podían ajustar su status migratorio pagar la multa y obtener su visa de inmigrante sin salir de Estados Unidos. Agregó que si el gobierno ahora subía la tarifa a $3,000 el programa recaudaría cientos de millones de dólares a la vez que resolvería el problema de muchísimos inmigrantes.
• Por ultimo mencionó el cambiar la Suspensión de Deportación a las reglas vigentes antes de 1996. En aquel entonces las personas indocumentadas podían presentarse ante un juez de inmigración para que caso por caso decidiera si podía permanecer en el país como residente legal.
Ybarra explica que este tipo de cambios le permitiría al país comenzar a lidiar en forma concreta con el problema de los indocumentados y a la vez eliminar todas las confusiones que existen hoy día.
La abogada hace énfasis en que si los jóvenes que se acogen a la nueva orden ejecutivo y no califican, son inmediatamente deportado. “La planilla lo dice con claridad”, dijo Ybarra.
Ella habla con compasión, pero alza el tono de voz cuando ve a los indocumentados demandar otros beneficios.
“Aquellos que dicen que no pueden pagar los $465 para llenar la solicitud y quieren que el gobierno se las pague no debían de protestar. Ellos deben dar gracias que les han permitido quedarse en el país aunque sea por dos años”, dijo. “A la vez, esto no es una forma para que los padres de estos jóvenes exijan el derechos a quedarse en el país con sus hijos”.
Su punto de vista es que se alegra de los beneficios que les han proporcionado a estos jóvenes, ya que le solucionan el problema a aquellos que llevan muchos años viviendo en este país. Pero cree que Estados Unidos debe cerrar la frontera hasta que encuentre una forma humana en resolver el problema de los millones de indocumentados que viven en el país.
Guillermo I. Martínez reside en el sur de la Florida. Su dirección electrónica es: Guimar123@gmail.com. Y pueden seguirlo en Twitter en: g_martinez123@twitter.com
“Están equivocados”, dice Grisel Ybarra, una veterana abogada de inmigración que siempre ha defendido a los indocumentados que benefician a este país.
Las explicaciones de Ybarra vienen a la par que el gobierno va dando a conocer los pormenores de la orden ejecutivo; de lo que da, y de los que no da. Por $465 los jóvenes indocumentados pueden llenar la solicitud que les permitiría permanecer en el país por dos años y tener un permiso de trabajo.
La orden ejecutiva indica que de no calificar los jóvenes pueden ser procesados de acuerdo a la ley de inmigración vigente. Dicha ley toma en consideración cada caso en forma individual. Pero si el joven tiene una orden de deportación pendiente y su solicitud no es aceptada, el gobierno ya tiene todo los detalles de como ubicarlo para, si quieren, detenerlo y expulsarlo del país.
Nadie puede garantizarles a estos jóvenes que el programa va a continuar en dos años. Mientras tanto el gobierno está aclarando que esta acción no les permite recibir los beneficios del plan de salud aprobado por la administración del presidente. Tampoco tienen derecho a solicitar préstamos del gobierno.
“El plan no es perfecto”, dice Ybarra. “Les estamos poniendo una curita a un mal mayor. Pero debemos reconocer que por lo menos tienen algo que antes no tenían”.
Ybarra agrega que es hora que las personas beneficiadas paren de quejarse. Si tienen permiso de trabajo ellos pueden comprar su propio seguro médico y pagar por sus estudios. Hay que entender, dijo, que ellos no tienen el mismo derecho que los ciudadanos o los residentes legales.
Pero Ybarra cree que hay muchas cosas que el gobierno puede hacer para mejorar este problema y a la vez aumentar los ingresos del país.
“Lo único que tienen que hacer es modificar regulaciones ya existentes”, dijo Ybarra.
Entre ellas:
• Una de las regulaciones vigentes permite la legalización de personas que hayan llegado al país antes de 1972. Ella sugiere cambiar la fecha de entre a 1992 y esto le permitiría resolver el problema a muchísimos indocumentados que llevan más de 20 años en este país.
• Volver a poner en vigor la Sección 245i del código de inmigración vigente hasta abril del 2001. Si los indocumentados pagaban $1,000 y podían probar el tiempo que llevaban en el país y que habían contribuido en forma positiva ellos podrían ajustar su status migratorio. Ese programa recaudó $177 millones. Dicho reglamento permitía a las personas que podían ajustar su status migratorio pagar la multa y obtener su visa de inmigrante sin salir de Estados Unidos. Agregó que si el gobierno ahora subía la tarifa a $3,000 el programa recaudaría cientos de millones de dólares a la vez que resolvería el problema de muchísimos inmigrantes.
• Por ultimo mencionó el cambiar la Suspensión de Deportación a las reglas vigentes antes de 1996. En aquel entonces las personas indocumentadas podían presentarse ante un juez de inmigración para que caso por caso decidiera si podía permanecer en el país como residente legal.
Ybarra explica que este tipo de cambios le permitiría al país comenzar a lidiar en forma concreta con el problema de los indocumentados y a la vez eliminar todas las confusiones que existen hoy día.
La abogada hace énfasis en que si los jóvenes que se acogen a la nueva orden ejecutivo y no califican, son inmediatamente deportado. “La planilla lo dice con claridad”, dijo Ybarra.
Ella habla con compasión, pero alza el tono de voz cuando ve a los indocumentados demandar otros beneficios.
“Aquellos que dicen que no pueden pagar los $465 para llenar la solicitud y quieren que el gobierno se las pague no debían de protestar. Ellos deben dar gracias que les han permitido quedarse en el país aunque sea por dos años”, dijo. “A la vez, esto no es una forma para que los padres de estos jóvenes exijan el derechos a quedarse en el país con sus hijos”.
Su punto de vista es que se alegra de los beneficios que les han proporcionado a estos jóvenes, ya que le solucionan el problema a aquellos que llevan muchos años viviendo en este país. Pero cree que Estados Unidos debe cerrar la frontera hasta que encuentre una forma humana en resolver el problema de los millones de indocumentados que viven en el país.
Guillermo I. Martínez reside en el sur de la Florida. Su dirección electrónica es: Guimar123@gmail.com. Y pueden seguirlo en Twitter en: g_martinez123@twitter.com