Los cubanos continuarán, al menos por los próximos cinco años sin una ley que apruebe sus derechos a manifestarse y reunirse libremente.
La Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) publicó, el martes en la Gaceta Oficial de la República, el cronograma legislativo para el periodo 2023-2027 aprobado el 25 de mayo que no incluye el estudio y debate de una Ley referida a los derechos de reunión y manifestación.
“La Constitución como está hecha en forma de declaración de principios, sin decir cómo los ciudadanos pueden materializar los derechos que enuncia, necesita de leyes de desarrollo que implementen el mecanismo para que esos derechos pueda ser ejercidos por los ciudadanos”, explicó a Martí Noticias, el abogado independiente Julio Ferrer, desde La Habana.
“Esto ocurre con el artículo 56, donde está previsto el derecho de los ciudadanos a manifestarse, a protestar públicamente, pero al gobierno no le interesa una ley que implemente la protesta”, dijo el letrado quien entregó, a nombre del Consejo para la Transición Democrática en Cuba y de la coalición D’Frente, en la sede del órgano Legislador cubano, el 24 de mayo, una propuesta para que se incorporara en el cronograma legislativo, el análisis y la discusión del proyecto de Ley referido a los derechos de reunión y manifestación.
Lee también Reclaman al Parlamento de Cuba una ley por los derechos de reunión y manifestación pacíficaAntes, el 12 de diciembre había sido entregada una primera petición, que fue respondida por la Asamblea Nacional explicando las supuestas razones del retraso en la deliberación legislativa.
De igual forma, el Parlamento invitó a los solicitantes a fundamentar la demanda ateniéndose a lo que establece el artículo 164, inciso k, que legitima y exige la recogida de 10.000 firmas, certificadas por el Consejo Electoral Nacional, para apoyar proyectos de ley desde la ciudadanía.
En este sentido, los firmantes de la petición, recordaron al Consejo Electoral Nacional que está obligado por ley a tramitar las solicitudes de Certificación Acreditativa de la Condición de Elector que numerosos ciudadanos han gestionado y no la han logrado.
“La ausencia de esa ley permite a las autoridades seguir criminalizando cualquier tipo de protesta, sea pacífica o no sea pacífica y van a seguir juzgando a las personas y sancionándolas porque no existe una ley en la que los ciudadanos se puedan amparar para hacer cualquier acción en ejercicio del derecho a la manifestación”, subrayó el jurista.
Your browser doesn’t support HTML5
Reportaje de Yolanda Huerga
En la solicitud hecha a la Asamblea, justo la víspera de su sesión extraordinaria, las plataformas opositoras expresan su preocupación de que el Estado solo esté legislando, con premura, para proteger intereses extranjeros y “que no muestre la misma diligencia, prontitud y determinación para responder a las demandas legislativas y constitucionales” de los ciudadanos.
“Definitivamente la Asamblea no está legislando para los ciudadanos, está legislando para, cada vez más, blindar el poder”, subrayó Manuel Cuesta Morúa, directivo de ambas organizaciones.
“Las dos últimas leyes aprobadas tienen que ver justamente con esa muralla que el poder trata de construir en torno a sí mismo frente a la ciudadanía. Un reflejo, también un reconocimiento negativo del hecho de que saben no han sido elegidos mayoritariamente por la ciudadanía y por el pueblo, por lo tanto, no quieren legislar a su favor para proteger sus derechos, para garantizar sus derechos, sino exclusivamente para blindarse y refugiarse detrás de las cortinas del Estado frente a los derechos de la ciudadanía”.
Según el medio oficial CubaDebate se incluyó la elaboración de normas jurídicas, solicitadas por varias instituciones.
En diciembre de este año, está prevista el estudio y aprobación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información. Cuba es uno de los pocos países de la región que no cuenta con tal herramienta legal.
“Otra ley importante es la Ley de Asociación que sí la incluyeron en este cronograma, lo que la han distanciado en el tiempo, como también un decreto ley que va, según ellos, a modificar o a reordenar el ejercicio de la abogacía en Cuba, algo muy trascendente porque la defensa legal no tiene que estar bajo el monopolio del Estado, es libre en el mundo”, recalcó Ferrer.
En el cronograma actual si fue incluida otra importante ley, la de Formas Asociativas pero su discusión está prevista para junio de 2025.