A Odalis Estévez Salazar se le cayeron las alas del corazón cuando cruzó, de regreso su casa, el umbral del Tribunal Provincial de La Habana que hacía pocos minutos había ratificado la sentencia de 10 meses de privación de libertad para su hijo Yunior Villarejo Estévez.
Villarejo Estévez, de 30 años, fue apresado el 11 de julio cuando gritaba “Patria y Vida”, junto a centenares de cubanos, cerca de la intersección de las calles Reina y Belascoaín de Centro Habana. Su violento arresto fue captado en un video que circula en las redes sociales.
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En prisión Valle Grande joven manifestante del 11 de julio
Inicialmente fue conducido a la estación policial ubicada en la calle Zanja. Posteriormente, lo trasladaron al Departamento de Investigación Criminal conocido como 100 y Aldabó.
“Llevo 36 días sin verlo, bueno, sin poder tocarlo, abrazarlo, besarlo. Una injusticia lo que han cometido con él“, dijo a Radio Televisión Martí, Estévez Salazar quien añadió que no tiene miedo a la represión.
Familiares de detenidos han expresado su temor porque, según afirman, los instructores y agentes de la Seguridad del Estado los han advertido de que “es mejor” no hacer declaraciones a medios de prensa.
“Como si me llevan presa mañana, no me interesa, pero a mi hijo tienen que sacarlo porque no cometió ningún delito. Cuando lo arrestaron, le dieron golpes”, recalcó.
Nueve días después de su aprehensión, Villarejo Estévez fue juzgado por "desorden público" en juicio sumario.
El 10 de agosto se le celebró la vista de apelación junto a Adonis Remón León, condenado a 8 meses de internamiento. En ambos casos los jueces revalidaron los fallos dictados antes.
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En prisión Valle Grande joven manifestante del 11 de julio
Las autoridades judiciales han enviado a prisión domiciliaria a personas sancionadas con cárcel en los procesos sumarios mientras esperan el resultado de sus apelaciones. Así sucedió con el fotógrafo Anyelo Troya y el artista Carlos González Acosta. Villarejo no tuvo la misma suerte. La mayoría de las apelaciones no han prosperado.
En ese sentido, la abogada Laritza Diversent, directora del centro de asesoría legal Cubalex declaró al diario independiente 14ymedio que “el Estado desaprovechó la oportunidad que ofrecían las apelaciones para salvar los "errores" que cometieron al enjuiciar a los manifestantes en los tribunales municipales con "graves violaciones a las garantías y al debido proceso".
El Tribunal Supremo y la Fiscalía General de la República han insistido en que los procesos se han realizado con apego a las leyes cubanas con todas las garantías para los acusados.
“Desde el día 20 [de julio] le hicieron el juicio, con policías y sin abogado porque no le dijeron nada a la familia. La segunda vez (para la apelación) fue cuando citaron a un familiar, que fui yo que soy su mamá”, concluyó Estévez Salazar.
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Seguridad del Estado detiene a manifestantes el 11 de julio
El magistrado del Tribunal Supremo Popular, Joselín Sánchez Hidalgo, informó este miércoles sobre la radicación, hasta ese día, de 23 causas vinculadas a los sucesos del 11 de julio, en las cuales han sido juzgados 67 acusados.
De los juzgados, uno resultó absuelto y 45 establecieron recurso de apelación. De ellos, 42 han designado abogados para que los representen en este acto. Once apelaciones se han declarado con lugar.