La Asamblea Nacional de Venezuela, de mayoría oficialista, aprobó el jueves una ley que busca regular las organizaciones no gubernamentales (ONG) que operan en el país. Activistas de derechos humanos consideran que la ley amenaza la libertad de expresión y otros derechos fundamentales.
Amnistía Internacional dijo en redes sociales que "la ley anti-ONG" aprobada por el Parlamento venezolano "es un atentado contra la libertad de asociación y participación".
Es una ley que "castiga a organizaciones que asisten a víctimas y defienden los derechos humanos", recalcó la entidad civilista con sede en Londres.
También denunció que esta ley pone en riesgo "la labor crucial de la sociedad civil".
Representantes de la sociedad civil en Venezuela, como la ONG Provea, han dicho que la ley busca restringir el libre funcionamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y “suprimir” el derecho de asociación.
La aprobación de la ley legaliza la persecución contra la sociedad civil que ha denunciado los abusos y acompañado a miles de víctimas en “estos tiempos oscuros” para la historia del país, precisó Provea.
“Un golpe que busca finalmente controlar hasta el más mínimo ámbito de la vida de las personas y el país. Violentando la independencia de la sociedad civil y amenazando con disoluciones y multas millonarias hacia las ONG que ya estamos consolidadas y cumplimos decenas de leyes e impuestos”, advirtió en X.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión habían instado esta semana al Parlamento a abstenerse de aprobar el proyecto de ley.
El gobierno, en cambio, sostiene que la Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Afines busca garantizar la transparencia y establecer un sistema para revisar la rendición de cuentas de agentes que reciben financiamiento nacional o extranjero.
Además, ha argumentado que en el país existen al menos 62 ONG financiadas por gobiernos extranjeros, entre ellos el de Estados Unidos, que operan "con fines políticos" con el objetivo de “generar desestabilización”.
La ley contempla artículos que podrían llevar a la eliminación discrecional de muchas organizaciones y prevé elevadas multas. Además, exigirá a las ONG que informen si el origen de sus donaciones es nacional o extranjero. También prohíbe la promoción del "fascismo".
El presidente Nicolás Maduro instó el lunes a acelerar la aprobación de leyes contra el fascismo, regular las redes sociales y exigió a las instituciones del Estado “mano de hierro” contra quienes promueven actos de violencia y de odio, tras las protestas contra los resultados de las elecciones presidenciales del 28 de julio que, de acuerdo con la fiscalía, dejaron 25 muertos.
La aprobación de la ley ocurre casi tres semanas después de que el organismo electoral venezolano dio como ganador de los comicios a Maduro, pero la oposición insiste en que las copias de las actas que conservaron sus testigos, y que han publicado en un sitio web, demuestran que la victoria fue del candidato presidencial Edmundo González Urrutia con más del 67% de los votos.
(Con información de la Voz de América y The Associated Press)