La jueza británica Sara Cockerill fallará "lo antes posible" sobre si el fondo inversor CRF I es el acreedor legítimo del Banco Nacional de Cuba (BNC) y la República de Cuba para el cobro de 72 millones de euros en deuda soberana derivada de préstamos suscritos en los años 80.
Tras haber escuchado los argumentos de ambas partes desde el pasado 23 de enero, Cockerill dio por concluida este jueves la primera fase del juicio instigado por una demanda interpuesta el 18 de febrero de 2020 por el fondo registrado en 2009 en las islas Caimán.
Si la magistrada dictamina en las próximas semanas que CRF es el acreedor -lo que la parte cubana podrá recurrir (y viceversa, si el dictamen es desfavorable a los inversores)-, entonces se procedería a otro juicio sobre el pago en sí de la deuda.
CRF argumenta que tiene los derechos contractuales sobre los títulos después de que el antiguo director de operaciones del BNC Rául Olivera Lozano, hoy encarcelado, autorizara el 25 de noviembre de 2019 su cesión desde el ICBC Standard Bank, filial británica del banco chino ICBC.
El BNC, como prestatario, y Cuba, como garante, sostienen por su parte que esa reasignación fue "inválida", pues Olivera incumplió los procedimientos al aprobarla con su sola firma (en lugar de dos) y sin consultar al ministerio de Finanzas y Precios y el Consejo de Ministros.
AUTORIDAD SOBRE LA GESTIÓN DE LA DEUDA
Durante el juicio, los abogados de las partes se han enfrentado sobre los puntos de la legislación cubana y la inglesa -que rige los contratos- que han de determinar si el exfuncionario y el propio BNC tienen autoridad para reasignar por su cuenta la deuda de Cuba suscrita antes de 1997, cuando se creó el Banco Central de Cuba (BCC).
El abogado de CRF, Jawdat Khurshid, ha acusado este jueves al Estado cubano de modificar la interpretación de sus normas justo para este juicio.
Khurshid disputó el argumento de las autoridades de la isla, representadas por Alison Macdonald y Anton Dudnikov, de que Olivera y Londa Caridad Martí, exdirectora del Departamento de deuda externa del BNC, debían consultar al Gobierno antes de autorizar la reasignación.
Según su versión, este requisito no se incluye en el estatuto del BNC y Cuba "solo lo planteó" ante este litigio, así como la necesidad de que haya dos firmas en los certificados de cesión.
Por la parte cubana, Dudnikov insistió en que "no hay nada" en el manual del BNC que autorice a los directivos a aprobar operaciones que "obliguen" al banco o al Estado cubano "frente a terceras partes".
Cuba alegó también, mediante el testimonio del perito legal Juan Mendoza la semana pasada, que el decreto ley de 1998 que regula al BCC dejó al BNC con competencias "solo administrativas", lo que le exige consultar al ministerio.
Khurshid cuestionó por qué Olivera, que tenía 40 años de experiencia, haría una asignación errónea, después de que Cuba retirara a última hora su argumento de que aceptó un incentivo económico del consultor de CRF Jeetkumar Gordhandas.
Macdonald rebatió que, aunque la cuestión del motivo ahora "no es legalmente relevante", "no se puede ignorar" el testimonio ofrecido por el propio Olivera el 24 de enero, cuando reconoció ese soborno.
El abogado de CRF consideró que esto fue un "falso testimonio" y calificó de "farsa" las condenas impuestas en mayo de 2021 a este funcionario, que cumple 13 años de cárcel, y al resto de la directiva del BNC implicada en la cesión.
Cuba, que hasta ahora no había afrontado un litigio por deuda impagada, ha dicho que rechaza reconocer a CRF como cesionario al considerarlo "un fondo buitre", centrado en forzar el cobro por la vía judicial en lugar de actuar como un acreedor "responsable".
El fondo ha aducido a su vez que el litigio solo pretende hacer que La Habana se avenga a negociar, después de que "desoyera" varias ofertas de reestructuración de la deuda hechas en los últimos diez años.
Han asistido al juicio en Londres varios representantes de las instituciones cubanas, entre ellos el ministro de Justicia, Óscar Silvera, así como miembros de la disidencia de la isla. También lo han seguido firmas inversoras en deuda cubana que calibran cómo el litigio afectará a sus intereses.
(Artículo de la agencia Efe)