El vicepresidente de Cuba, Salvador Valdés Mesa, reiteró esta semana la intención del régimen de La Habana de seguir las pautas del sistema judicial de la Federación Rusa, cuyas normativas han sido señaladas por organizaciones internacionales como violatorias de varios derechos humanos.
El funcionario recibió el miércoles al director general del Servicio Federal de Alguaciles de Rusia, Coronel General Dimitry Aristov, a quien le dijo: “Indiscutiblemente su visita resultará de mucha utilidad para el perfeccionamiento constante de nuestro sistema judicial, teniendo en cuenta las experiencias de la institución que usted preside; y será también de utilidad para otras actividades del país”.
Por su parte, Aristov mencionó que cada uno de los órganos del poder en Rusia "hace su aporte para el desarrollo de las relaciones entre los dos países y Estados”.
En la reunión estuvo presente también el Presidente del Tribunal Supremo Popular, Rubén Remigio Ferro, quien en diciembre pasado visitó Rusia, donde fue recibido por su homólogo Viacheslav Lebedev, presidente del Tribunal Supremo de ese país desde 1989.
En esa ocasión el funcionario detrás de las largas condenas de cárcel a los manifestantes del 11 de julio de 2021, entre ellos, menores de edad, también mostró imágenes de un encuentro con directivos del Servicio de Alguaciles de la Federación de Rusia y consideró "interesantes" las informaciones sobre la ejecución de decisiones judiciales por parte de los rusos y dijo que eran un buen referente para el sistema judicial cubano.
Reconocidos grupos de derechos humanos han denunciado el engranaje judicial de Rusia, donde por ejemplo, las autoridades incumplen las normas sobre juicios justos.
Amnistía Internacional señaló que en Rusia la tortura y otros malos tratos en los centros de detención son endémicos y que el enjuiciamiento de sus autores, se hace de manera excepcional.
Igualmente denunció que la provisión de asistencia médica a las personas detenidas es insuficiente y que "se usaban ampliamente la prohibición de contacto con el mundo exterior y la reclusión arbitraria en celdas de castigo para presionar a la población reclusa, especialmente en el caso de disidentes".
Alexei Navalny líder opositor ruso en su juicio de apelación, celebrado en febrero de 2021.
El Código Penal de Rusia prohibe toda “cooperación confidencial” con organizaciones internacionales o extranjeras y con Estados extranjeros y se castiga con hasta ocho años de prisión.
También recientemente han transformado la legislación que regulaba las reuniones públicas para prohibirlas en sedes administrativas, escuelas, universidades, hospitales, aeropuertos y estaciones de autobús y entró en vigor una nueva ley sobre “agentes extranjeros” en la que incluyó motivos más generales para designar como tal a una persona u organización, así como penas más duras y medidas discriminatorias adicionales que limitaban su participación en la vida pública.
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha denunciado que la legislación rusa sobre “agentes extranjeros” viola el derecho a la libertad de asociación.
El mismo tribunal resolvió que Rusia había violado varios artículos del Convenio Europeo de Derechos Humanos en relación con la prohibición de los Testigos de Jehová y el enjuiciamiento de sus miembros por practicar su religión.
En materia de libertades religiosas, el Institute of Study of War (ISW en sus siglas en inglés) ha denunciado graves violaciones de la libertad religiosa en la Ucrania ocupada por parte de soldados rusos y autoridades de ocupación, que han cerrado, nacionalizado o convertido a la fuerza lugares de culto y han atacado a clérigos o líderes religiosos.
El activista gay Nikolai Alexeyev, detenido en 2013 en una protesta en Moscú.
El Kremlin también ha sido criticado por aprobar una legislación que extendía a todos los grupos de edad la prohibición de hacer “propaganda de las relaciones sexuales no tradicionales, la pedofilia y la reasignación de género” dirigida a menores. Sus disposiciones incluían el bloqueo de sitios web, la prohibición de la venta de material con información prohibida con arreglo a la ley y multas de hasta 5 millones de rublos (80.000 dólares) por infracciones administrativas de ambigua definición como “propaganda”, “demostración de preferencias o relaciones sexuales no tradicionales” o difundir información que pudiera “generar la necesidad de cambiar de sexo”.
La Oficina del Alto Comisionada de los Derechos Humanos de la ONU criticó la ley punitiva de "noticias de guerra falsas" como una medida alarmante del Gobierno ruso para amordazar y vendar los ojos a toda una población. La ley introduce sanciones por "desacreditar" y "llamar a la obstrucción" del uso de las fuerzas armadas rusas. La pena máxima es de cinco años de prisión.
También se refirieron a las "muy alarmantes" denuncias generalizadas sobre el uso indiscriminado de la fuerza y las detenciones masivas de manifestantes por parte de las autoridades.