La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se ha pronunciado contra la nueva ley de agentes extranjeros así como la promulgada sobre los ciberdelitos, aprobadas esta semana en Nicaragua por el régimen Ortega/Murillo y ha pedido que ambas leyes sean declaradas sin efecto por “formar parte de una estrategia desplegada desde 2018 para perseguir a periodistas, a las ONGs y atacar las libertades públicas de Nicaragua”.
El uso del derecho penal para sancionar expresiones sobre cuestiones de interés público, sobre funcionarios públicos o políticos vulnera en sí mismo el artículo 13 de la Convención Americana
De acuerdo con lo expresado por el CIDH en conjunto con su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, crear un cuerpo de leyes para castigar las expresiones “establece tipos y ámbitos de aplicación abiertos, dando discrecionalidad a las autoridades para sancionar penalmente la libertad de expresión”.
“El uso del derecho penal para sancionar expresiones sobre cuestiones de interés público, sobre funcionarios públicos o políticos vulnera en sí mismo el artículo 13 de la Convención Americana”, advirtió además la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión.
Al respecto, el secretario de Estado Adjunto del gobierno Norteamericano, Michael Kozak, ha expresado en su cuenta de Twitter que “La ley de delitos informáticos de Nicaragua es otra vergonzosa violación de los principios democráticos y una herramienta más del régimen de Ortega para reprimir a los medios independientes y las voces de la oposición”.
Al igual que miembros de la Prensa Independiente en Cuba, medios no oficialistas nicaragüenses han dado en llamar “Ley Mordaza” o “Ley Bozal” a las nuevas disposiciones legalizadas por el régimen de Daniel Ortega, considerando que están diseñadas especialmente para acorralar a quienes intentan denunciar la realidad política y social del país y también, contra las personas que utilizan las redes sociales para hacer públicas sus denuncias.
Otra de las similitudes entre ambas leyes “Mordaza”, la nicaragüense y la aplicada en Cuba, es concederle poder al Instituto de Telecomunicaciones para lograr que las bases de datos informáticos de cualquier entidad sean “congeladas” (sic) por el término de tres meses, según reporta la agencia EFE, en los que deberán permanecer a disposición de las autoridades designadas para el caso que, además, tendrán derecho a la incautación de equipos y material obtenido en caso de ser culpables de cometer ciberdelitos.
(Redactado con información de la Agencia EFE)