Cuatro jóvenes cubanos permanecen arrestados en prisión preventiva, tres de ellos en la cárcel de máxima seguridad Combinado del Este, bajo diferentes procesos de investigación, sin peticiones fiscales ni noticias de hasta cuándo se extenderá su calvario.
Daniel Moreno de la Peña, Sulmira Martínez Pérez, Alejandro Garlobo Aleaga y Yasmani González Valdés, tienen en común que pasaron varios meses detenidos en el cuartel general de la policía política bajo la acusación de haber cometido “Otros actos contra la Seguridad del Estado”.
De acuerdo al Código Penal cubano los delitos considerados contra la Seguridad del Estado son: Rebelión, Sedición, Infracción de los deberes de resistencia, Usurpación del Mando Político o Militar, Propaganda enemiga y Sabotaje, entre otros.
En entrevista con Martí Noticias, los familiares de los cuatro encarcelados, aseguraron encontrarse en la más absoluta obscuridad respecto a las acciones penales seguidas contra los muchachos.
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Reportaje de Yolanda Huerga
Daniel Moreno de la Peña
Moreno de la Peña, de 37 años, fue apresado en Santiago de Cuba el 10 de enero por incitar, en las redes sociales, a los cubanos a "alzarse" y estar vinculado a un grupo del exilio denominado X Cuba.
“La abogada todavía no se ha acercado a él, al Combinado del Este, porque ella dice que tiene que, primeramente, leer el expediente. Hasta ahora no sabemos nada sobre el proceso contra él”, lamentó su pareja Evelyn Suñe.
“Verbalmente le han dicho que se le aplicará los artículos 143 y 149 por actos preparativos contra la seguridad del Estado y lo de instigación a delinquir, que fue cuando estaba convocado a las personas a alzarse por la libertad de Cuba y no sé qué pancarta, cartel que es de lo que la Seguridad de Estado, le dice a él, que se le acusa. Él está muy preocupado porque se le ha venido fabricando cosas que no ha cometido. Está muy preocupado, muy alterado”, dijo Suñe.
Alejandro Garlobo
Garlobo Aleaga, de 34 años, fue puesto bajo custodia el 2 de marzo de 2023 en Quivicán, Mayabeque, imputado de cargos contra la seguridad del Estado.
“No se le ha podido poner el tercer cambio de medida porque su expediente lo trasladaron para acá para San José”, explicó su esposa Isayris Díaz.
“Hasta ahora no tiene ni fecha de juicio ni petición fiscal. Por lo que me explica el abogado, por el momento el fiscal no está pidiendo nada, solo prisión preventiva”.
El activista Yasmani González
González Valdés, de 30 años, fue aprehendido el 20 de abril por los letreros contra el Partido Comunista y el régimen que aparecieron en los últimos meses en diferentes sitios de la capital cubana.
“El abogado pidió un cambio de medida, no han dado respuesta. A él le piden de 3 a 8 años, porque lo acusan de poner carteles contra la dictadura. Es un delito del nuevo código. Él lleva casi dos meses preso y no sabes qué va a suceder. Una incertidumbre total. Horrible”, se quejó Ilsa Ramos, la esposa de González.
Sulmira Martínez Pérez
Martínez Pérez, de 21 años, fue arrestada el 10 de enero, por sus publicaciones en Facebook, en las que convocaba protestas contra el régimen cubano.
“La petición fiscal hasta que la instructora Arely, que es la de Villa Marista, no termine los papeles. Que yo no sé qué están haciendo porque con 67 días en Villa Marista y 15 en Aldabó [centro de detención del Departamento Técnico de Investigaciones (DTI) del Ministerio del Interior (MININT)], era para que Sulmira ya tuviera los papeles al día”, indicó su madre Norma Pérez.
“Primero era de 5 a 10 años y ahora de 4 a 8. Según tengo entendido, la están acusando de instigación a delinquir. El delito todavía no se ha concretado porque la acusan de una cosa y luego de otra y no sabes nada, hoy te dicen una cosa, mañana, otra. Y me tienen en una incertidumbre que no sé si es delinquir o propaganda contra el gobierno o contrarrevolución”.
La influencer Sulmira Martínez y el activista Daniel Moreno fueron obligados, separadamente, a autoinculparse frente a equipos de filmación, mientras estaban recluidos en Villa Marista. Posteriormente, los videos fueron difundidos por la televisión estatal.
Lee también "En Villa Marista le pusieron un papel para que leyera todo", madre denuncia manipulación de interrogatorio a influencer“Todos han sido instruidos de cargos por un delito que siempre ha existido en nuestro código, pero que fue reformado después de la entrada en vigor del nuevo, que es el delito de ‘Otros actos contra la seguridad del Estado’, que engloba varias conductas que el gobierno entiende que son contrarias a la seguridad, a su propia seguridad, pero la modalidad que le están imputando a estos muchachos es la del financiamiento”, señaló en conversación con nuestra redacción, el abogado cubano exiliado en Canadá, Eloy Viera Cañive, director del medio El Toque jurídico.
“Desde la aprobación del proyecto del Código Penal, muchos analistas estaban diciendo que el delito de ‘Otros actos contra la seguridad del Estado’ podría ser utilizado para reprimir el activismo, el periodismo independiente y las formas de hacer disidencia en Cuba, entre otras cosas, porque todas esas formas de oposición al gobierno, de expresión, de ideas contrarias a las políticas gubernamentales, habían sido catalogadas siempre por el aparato de propaganda y por el propio Estado, por el propio Partido Comunista, como actos mercenarios que respondían a los intereses de un estado extranjero”, añadió.
“Y eso fue lo que hicieron, penalizar la recepción de fondos, de ayudas desde el extranjero, incluso organizaciones que no necesariamente tienen que ser públicas, sino que también pueden ser privadas para realizar actos que el gobierno entiende como mercenarios, como contrarios a sus intereses y a su propia seguridad y supervivencia”, recalcó el abogado.
Recibir financiación extranjera está protegido por el derecho internacional. El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha publicado varios comunicados en defensa del derecho de las organizaciones de la sociedad civil a acceder a recursos y financiación.