Para Human Rights Watch, el TSJ en Venezuela se ha transformado en un “apéndice del Ejecutivo” y es “uno de los ejemplos más burdos de falta de independencia judicial en la región”.
El Gobierno de Venezuela puede presumir del dudoso honor de no enfrentar fallos adversos por parte del Tribunal Supremo de Justicia desde que el Gobierno socialista de Hugo Chávez (1998-2013) reformó en 2004 la ley orgánica de este tribunal y nombró nuevos magistrados, según publica El País.
Vista su trayectoria en los últimos nueve años, las opciones que puede tener el dirigente opositor Leopoldo López —encarcelado desde hace 47 días por supuesto enaltecimiento de la violencia— de encontrar amparo en el Supremo son más bien escasas.
Para la ONG Human Rights Watch esa falta de independencia del poder judicial sólo es equiparable a la que padecen Honduras, Nicaragua y Ecuador.
La mayoría de los Tribunales Supremos de América Latina se han enfrentado alguna que otra vez a las políticas de sus Gobiernos.
En Venezuela, sin embargo, la situación es distinta de la que se vive en la mayor parte de la región. El director para América de la ONG Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, considera que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en Venezuela se ha transformado en un “apéndice del Ejecutivo” y es “uno de los ejemplos más burdos de falta de independencia judicial en la región”. “El Gobierno de Chávez, desde 2004, ha manipulado la composición del más alto tribunal, llenándolo de incondicionales. El resultado ha sido una justicia partidaria dedicada a legitimar prácticas abusivas, como lo están haciendo actualmente con la detención de alcaldes de oposición”, subraya Vivanco.
El representante de HRW incide, además, en la situación de vulnerabilidad en que se encuentran la mayoría de los jueces: “El TSJ tiene facultades para nombrar y destituir a jueces inferiores provisorios, que hoy son la gran mayoría en el país, con lo cual estamos ante un sistema perverso en el cual este tribunal partidario puede destituir mediante un telegrama a prácticamente cualquier juez, incluida la jueza que lleva el caso de Leopoldo López”.
Vivanco cree que el ejemplo “más nítido” de la falta de independencia judicial en Venezuela fue la detención de la jueza María Lourdes Afiuni, en diciembre de 2009. “Eso tuvo un profundo impacto en los jueces de tribunales inferiores. Desde el copamiento político del TSJ en 2004, los jueces se han mostrado cautos al dictar sentencias que pudiesen disgustar al Gobierno. Sin embargo, mientras antes temían perder sus empleos, ahora temen, además, ser juzgados por cumplir la ley. Nadie quiere perder su trabajo ni ir preso”.
Por su parte, el jurista venezolano Pedro Nikken sostiene que el “sometimiento de la independencia” del Tribunal quedó confirmado en el discurso de apertura del Año Judicial, el 5 de febrero de 2011, pronunciado por el magistrado Fernando Vegas Torrealba. En aquel discurso, Vegas señaló: “El poder judicial venezolano está en el deber de dar su aporte para la eficaz ejecución, en el ámbito de su competencia, de la política de Estado que adelanta el Gobierno nacional” en el sentido de desarrollar “una acción deliberada y planificada para conducir un socialismo bolivariano y democrático (…) Este TSJ y el resto de los tribunales deben aplicar severamente las leyes para sancionar conductas o reconducir causas que vayan en desmedro de la construcción del Socialismo Bolivariano”.
Vista su trayectoria en los últimos nueve años, las opciones que puede tener el dirigente opositor Leopoldo López —encarcelado desde hace 47 días por supuesto enaltecimiento de la violencia— de encontrar amparo en el Supremo son más bien escasas.
Para la ONG Human Rights Watch esa falta de independencia del poder judicial sólo es equiparable a la que padecen Honduras, Nicaragua y Ecuador.
La mayoría de los Tribunales Supremos de América Latina se han enfrentado alguna que otra vez a las políticas de sus Gobiernos.
En Venezuela, sin embargo, la situación es distinta de la que se vive en la mayor parte de la región. El director para América de la ONG Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, considera que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en Venezuela se ha transformado en un “apéndice del Ejecutivo” y es “uno de los ejemplos más burdos de falta de independencia judicial en la región”. “El Gobierno de Chávez, desde 2004, ha manipulado la composición del más alto tribunal, llenándolo de incondicionales. El resultado ha sido una justicia partidaria dedicada a legitimar prácticas abusivas, como lo están haciendo actualmente con la detención de alcaldes de oposición”, subraya Vivanco.
El representante de HRW incide, además, en la situación de vulnerabilidad en que se encuentran la mayoría de los jueces: “El TSJ tiene facultades para nombrar y destituir a jueces inferiores provisorios, que hoy son la gran mayoría en el país, con lo cual estamos ante un sistema perverso en el cual este tribunal partidario puede destituir mediante un telegrama a prácticamente cualquier juez, incluida la jueza que lleva el caso de Leopoldo López”.
Vivanco cree que el ejemplo “más nítido” de la falta de independencia judicial en Venezuela fue la detención de la jueza María Lourdes Afiuni, en diciembre de 2009. “Eso tuvo un profundo impacto en los jueces de tribunales inferiores. Desde el copamiento político del TSJ en 2004, los jueces se han mostrado cautos al dictar sentencias que pudiesen disgustar al Gobierno. Sin embargo, mientras antes temían perder sus empleos, ahora temen, además, ser juzgados por cumplir la ley. Nadie quiere perder su trabajo ni ir preso”.
Por su parte, el jurista venezolano Pedro Nikken sostiene que el “sometimiento de la independencia” del Tribunal quedó confirmado en el discurso de apertura del Año Judicial, el 5 de febrero de 2011, pronunciado por el magistrado Fernando Vegas Torrealba. En aquel discurso, Vegas señaló: “El poder judicial venezolano está en el deber de dar su aporte para la eficaz ejecución, en el ámbito de su competencia, de la política de Estado que adelanta el Gobierno nacional” en el sentido de desarrollar “una acción deliberada y planificada para conducir un socialismo bolivariano y democrático (…) Este TSJ y el resto de los tribunales deben aplicar severamente las leyes para sancionar conductas o reconducir causas que vayan en desmedro de la construcción del Socialismo Bolivariano”.