Jueza cubana que condenó a jóvenes por “atentado” llega a EEUU con el parole y pide asilo en Tampa (VIDEO)

La jueza villaclareña Melody González Pedraza. Tomado de Facebook.

La jueza villaclareña Melody González Pedraza llegó al Aeropuerto Internacional de Tampa, en Florida, el jueves en la mañana tras obtener un permiso de viaje gracias al Parole Humanitario.

En la terminal aérea recibió una negativa de entrada al país debido a su historial en Cuba, pero según conoció Martí Noticias, la jurista pidió asilo político y actualmente se encuentra detenida a la espera de una sentencia judicial, dijo su patrocinador, Roberto Castellón en una llamada telefónica a Martí Noticias.

González Pedraza firmó una sentencia judicial de tres y cuatro años de prisión contra cuatro jóvenes, a los que acusaron de lanzar cócteles molotov contra un jeep y viviendas de los jefes de la policía y la Seguridad del Estado en el municipio villaclareño de Encrucijada, el 18 de noviembre del año 2022. Ninguno de los cuatro condenados superan los 30 años de edad.

Las otras dos magistradas del Tribunal, consignadas en la sentencia expedida el 8 de mayo de 2024, fueron Marlenis Toriza Rivero y Ana Ivis Rodríguez Rodríguez.

Las pruebas en el juicio se sustentaron en la retractación de la confesión de uno de los acusados y los dichos de la Seguridad del Estado. Cuba es un Estado donde no existen las garantías necesarias para el debido proceso, como han denunciado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y otras organizaciones.

Martí Noticias constató que González Pedraza eliminó una cuenta en redes sociales donde compartía regularmente propaganda a favor del régimen cubano.

Hablan las madres de los condenados desde Cuba

“Soy la mamá de uno de los cuatro muchachos presos en un juicio amañado por Melody González Pedraza. Un juicio en el que no hubo una prueba en contra de los muchachos. Intentó inventarla, pero no la encontró”, dijo desde Cuba Dunia Marisol Rodríguez Milián, madre de Eddy Daniel Rodríguez Milián, condenado a cuatro años de prisión por el delito de atentado.

“Ella le metió los cuatro años a los muchachos, quitándole el privilegio a mi hijo de poder irse para Estados Unidos porque a mi hijo le había llegado el Parole. Sin embargo, a ella, una jueza tan revolucionaria, que ha metido a tantos muchachos presos injustamente le llegó el Parole y le dieron la liberación [del Ministerio de Justicia]”, añadió.

Condenados por Melody González Pedraza.

“Esas cosas son las que yo no entiendo. No las puedo entender”, dijo la madre desde Encrucijada.

Martí Noticias tuvo acceso a la sentencia judicial firmada por González Pedraza donde impone cuatro años de prisión a Andy Gabriel González Fuentes, Eddy Daniel Rodríguez Pérez y Luis Ernesto Medina Pedraza, mientras que a un cuarto acusado, identificado como Adain Barreiro Pérez, lo condena a tres años de prisión, todos por el delito de atentado.

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Desde Cuba, Ana Iris Pedraza Balero, madre de Luis Ernesto Medina Pedraza, manifestó sus deseos de que Estados Unidos no le permita a esta funcionaria beneficiarse de los beneficios migratorios que otorga ese país.

“Pienso que no se le debe conceder [el asilo político] porque ella utilizó su cargo para cometer las injusticias más grandes y más atroces del mundo. Aquí está el caso de estos cuatro muchachos: abusó de su cargo, abusó de su poder y ahora quiere vivir libremente y a plenitud, sin pagar por nada de lo que hizo”, dijo la señora.

“Eso es muy injusto. Por lo tanto creo que si en el mundo debe haber justicia, se le debe aplicar a ella bien aplicada y no dejarla entrar a ese país”, argumentó.

El proceso legal que debe seguir la jueza

El Parole Humanitario es un programa implementado por la administración del presidente Joe Biden que requiere que un patrocinador se haga cargo de las personas que pide en Cuba, Venezuela, Nicaragua y Haití. Una vez aprobado el solicitante, su patrocinado realiza un proceso de verificación y obtiene un permiso de vuelo para llegar a Estados Unidos. En el puerto de entrada es entrevistado por un funcionario que puede negarle el parole, como en este caso, o aprobarlo.

De acuerdo con la abogada de inmigración Rosaly Chaviano, la jueza González Pedraza al pedir asilo tendrá dos opciones: una es que sea trasladada a un centro de inmigración o liberada hasta que se presente en una corte para defender su caso.

"Primero deberá realizar una entrevista con los oficiales de inmigración llamada Record of Sworn Statement. Si muestra miedo a regresar a Cuba se le permitirá hacer una entrevista de miedo creíble", dijo la abogada.

“En cualquiera de los casos, la solicitante de asilo tendrá que comparecer ante un juez y probar que tiene motivos legítimos de persecución en Cuba. El juez puede creerle y otorgarle el asilo o puede ordenar su deportación expedita a Cuba”, explicó.

“En cualquier caso su proceso es mucho más difícil que si le hubiesen otorgado un parole humanitario en el aeropuerto porque entonces podría ajustarse bajo la Ley de Ajuste Cubano y obtener su residencia”, añadió.

Su primo, el patrocinador, no está de acuerdo

El patrocinador de González Pedraza explicó a Martí Noticias cómo procedió con esta reclamación.

“Hoy he hablado cuatro veces con inmigración. Le han hecho un daño irreparable al incluirla en la base de datos de represores cubanos. Ella es una mujer cristiana que solo cumplía con su trabajo”, dijo Castellón vía telefónica.

El entrevistado se refiere al listado de la Foundation for Human Rights in Cuba (FHRC, Fundación para los Derechos Humanos en Cuba), que recoge denuncias de residentes en Estados Unidos que desean denunciar a presuntos represores en la isla.

FHRC asegura en su sitio web que la confección del listado busca "detener, reducir y erradicar la violencia y la arbitrariedad por razones políticas, económicas, sociales, culturales, de credo, raza u orientación sexual y así contribuir a facilitar la convivencia en la Cuba futura".

El patrocinador aseguró que el hermano de la jueza llegó la semana pasada vía parole humanitario y que piensa demandar a quienes la han tildado de “represora”.

Según Castellón, su prima había condenado “solamente” a cuatro años a los jóvenes en vez de ocho, como pedían las autoridades.

“Esos policías pasan la misma hambre que todo el mundo en el pueblo”, dijo justificando las condenas.