El diario CayCompass informó hoy que el encuentro tendrá lugar como resultado del informe de 12 páginas que el Comité de Derechos Humanos de las islas dirigió este verano al gobierno, sugiriendo que algunos puntos del tratado deben ser revisados.
Las autoridades de Islas Caimán se reunirán con sus homólogos de La Habana a principios de enero para revisar el cumplimiento del Memorándum de entendimiento de 1999 que regula el tratamiento de los inmigrantes ilegales cubanos.
El diario CayCompass informó hoy que el encuentro tendrá lugar como resultado del informe de 12 páginas que el Comité de Derechos Humanos de las islas dirigió este verano al gobierno, sugiriendo que algunos puntos del tratado deben ser revisados.
“Hemos estado en contacto con el gobierno cubano acerca del Memorándum, y hace un par de semanas recibimos confirmación de que podríamos comenzar las conversaciones para discutir su actualización a principios de año”, declaró el vicegobernador Franz Manderson.
Las autoridades de Caimán han sostenido una serie de reuniones sobre el tema, dijo el diario, la primera en abril de 2012 y otras tres en enero y febrero de este año. En los encuentros, encabezados por Manderson han participado el jefe de Inmigración, el Fiscal General y el Comisionado de la Policía, entre otros altos funcionarios.
“Cuando hablamos con el vicegobernador hace algún tiempo, él nos dijo que estaba intentando revisar algunos puntos del Memorándum que después de 14 años de firmado necesita actualizarse”, dijo Richard Cole, director de la Comisión de Derechos Humanos. “Desde entonces no hemos escuchado nada más”.
Bajo los términos del acuerdo firmado entre Islas Caimán y Cuba el 15 de abril de 1999, La Habana se compromete a verificar dentro de un plazo de 20 días las identidades de los cubanos que arriben a las costas de las Islas o sean interceptados dentro del límite territorial de 12 millas.
El gobierno de Caimán, por su parte, tiene que costear el vuelo de repatriación de los cubanos, y asumir los gastos que ocasionen los inmigrantes durante su estancia en la isla, mientras esperan ser deportados. Otros aspectos del acuerdo tienen que ver con los plazos y los procedimientos para tramitar las solicitudes de asilo político.
La Comisión de Derechos Humanos quiere que las autoridades se aseguren de proporcionar un tratamiento justo a los cubanos que soliciten asilo político.
“Las Islas Caimán, como cualquier otro país, no debe propiciar la inmigración ilegal, pero hay que buscar un balance adecuado para asegurar que no se viole el proceso justo para quienes buscan asilo político”, indicó el informe de la Comisión.
El diario CayCompass informó hoy que el encuentro tendrá lugar como resultado del informe de 12 páginas que el Comité de Derechos Humanos de las islas dirigió este verano al gobierno, sugiriendo que algunos puntos del tratado deben ser revisados.
“Hemos estado en contacto con el gobierno cubano acerca del Memorándum, y hace un par de semanas recibimos confirmación de que podríamos comenzar las conversaciones para discutir su actualización a principios de año”, declaró el vicegobernador Franz Manderson.
Las autoridades de Caimán han sostenido una serie de reuniones sobre el tema, dijo el diario, la primera en abril de 2012 y otras tres en enero y febrero de este año. En los encuentros, encabezados por Manderson han participado el jefe de Inmigración, el Fiscal General y el Comisionado de la Policía, entre otros altos funcionarios.
“Cuando hablamos con el vicegobernador hace algún tiempo, él nos dijo que estaba intentando revisar algunos puntos del Memorándum que después de 14 años de firmado necesita actualizarse”, dijo Richard Cole, director de la Comisión de Derechos Humanos. “Desde entonces no hemos escuchado nada más”.
Bajo los términos del acuerdo firmado entre Islas Caimán y Cuba el 15 de abril de 1999, La Habana se compromete a verificar dentro de un plazo de 20 días las identidades de los cubanos que arriben a las costas de las Islas o sean interceptados dentro del límite territorial de 12 millas.
El gobierno de Caimán, por su parte, tiene que costear el vuelo de repatriación de los cubanos, y asumir los gastos que ocasionen los inmigrantes durante su estancia en la isla, mientras esperan ser deportados. Otros aspectos del acuerdo tienen que ver con los plazos y los procedimientos para tramitar las solicitudes de asilo político.
La Comisión de Derechos Humanos quiere que las autoridades se aseguren de proporcionar un tratamiento justo a los cubanos que soliciten asilo político.
“Las Islas Caimán, como cualquier otro país, no debe propiciar la inmigración ilegal, pero hay que buscar un balance adecuado para asegurar que no se viole el proceso justo para quienes buscan asilo político”, indicó el informe de la Comisión.