El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN) reveló en un informe divulgado este jueves que el régimen de Daniel Ortega está cometiendo violaciones generalizadas de derechos humanos que constituyen crímenes de lesa humanidad contra civiles, motivados por razones políticas.
El Grupo concluyó que Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo han puesto en práctica estos crímenes, y continúan haciéndolo a la fecha de este reporte.
El panel, que trabaja bajo el mandato del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, ha solicitado a la comunidad internacional que inicie acciones legales contra las personas responsables de las violaciones y extienda las sanciones a instituciones e individuos involucrados en la comisión de violaciones y crímenes de derecho internacional. También instó al Gobierno a liberar de inmediato a todas las personas privadas arbitrariamente de su libertad, poner fin a las violaciones, abusos y delitos, en particular la persecución por motivos políticos, y emprender investigaciones exhaustivas, independientes y transparentes de violaciones, abusos y delitos documentados para responsabilizar a los perpetradores.
La comisión creada en marzo de 2022 reveló una serie de violaciones como “ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, tortura, privación arbitraria de la nacionalidad y del derecho a permanecer en el propio país" y asegura que no son un fenómeno aislado, sino producto del "desmantelamiento deliberado de las instituciones democráticas y la destrucción del espacio cívico del país”.
“Estas violaciones y abusos se perpetran de manera generalizada y sistemática por motivos políticos, y constituyen crímenes de lesa humanidad de asesinato, encarcelamiento, tortura, incluida la violencia sexual, deportación y persecución por motivos políticos. La población nicaragüense vive con temor de las acciones que el propio Gobierno pueda tomar en su contra”, declaró el experto independiente Jan Simon.
“Las altas autoridades del Gobierno han logrado instrumentalizar a los Poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Electoral para desarrollar e implementar un marco legal tendiente a reprimir el ejercicio de las libertades fundamentales y perseguir a las personas opositoras. El objetivo es eliminar, por diferentes medios, cualquier oposición en el país”, añadió Simon.
Los expertos han identificado además un patrón de ejecuciones extrajudiciales realizadas por agentes de la Policía Nacional y miembros de grupos armados progubernamentales que "actuaron de manera conjunta y coordinada durante las protestas que tuvieron lugar entre el 18 de abril y el 23 de septiembre de 2018”.
“El Gobierno (de Ortega-Murillo) obstruyó cualquier investigación sobre estas y otras muertes”, sentencia la investigación.
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El informe también señaló que agentes de la policía y del Sistema Penitenciario Nacional y miembros de grupos armados progubernamentales cometieron actos de tortura física y psicológica, incluida violencia sexual y de género en el contexto de la aprehensión, interrogatorio y detención de opositores.
El reporte indica que las detenciones arbitrarias fueron usadas “como herramienta para silenciar a los críticos”. Además, documenta arrestos realizados aplicando el “uso excesivo de la fuerza”, por parte de las fuerzas oficiales, actos violentos a cargo de “grupos armados progubernamentales” y arrestos realizados sin previa orden judicial.
“Todas estas acciones son posibles porque el Estado ha sido utilizado como un arma de persecución contra la población. Para acelerar este proceso, las autoridades han buscado la persecución, criminalización y eliminación de cualquier voz opositora. Miles de defensores de derechos humanos, trabajadores de ONG, activistas, periodistas, líderes estudiantiles, religiosos y artistas, así como los principales líderes nacionales y territoriales de la oposición política, se vieron obligados a abandonar el país”, dijo la experta Ángela María Buitrago.
El GHREN documentó que desde diciembre de 2018, al menos 3144 organizaciones de la sociedad civil han sido clausuradas y prácticamente todos los medios independientes y organizaciones de derechos humanos operan desde el exterior.
El grupo de expertos denuncia lo ocurrido recientemente, en febrero de 2023, cuando las autoridades nicaragüenses despojaron a 222 personas de diversos perfiles de su nacionalidad y las expulsaron del país, acusándolas de ser ‘traidores a la patria’ y el decreto de la Corte de Apelaciones de Managua que declaró traidores a la patria a otras 94 personas residentes en Nicaragua y en el extranjero y resolvió imponer la pérdida de la nacionalidad y ordenar el decomiso de sus bienes a favor del Estado.
“Las violaciones, abusos y crímenes investigados por el GHREN y descritos en el informe dan lugar a la responsabilidad del Estado de Nicaragua, así como a responsabilidad penal individual de quienes resulten culpables, ya sea bajo el derecho internacional penal, o de conformidad con los tipos penales en la legislación nicaragüense o de terceros países. Hoy, el Estado y la comunidad internacional cuentan con esta información para tomar acción”, instó el experto Jan Simon.