La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó un informe especial sobre situación de la libertad de expresión en Cuba.
El reporte se divide en seis secciones principales, que abordan sobre el marco normativo vigente en Cuba en el cual se encuentra la raíz de la violación de los derechos humanos, así como un breve análisis de los aspectos de la reforma constitucional presentada por el propio régimen, que refieren al derecho a la libertad de expresión.
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Lanza sobre informe CIDH: Cuba mantiene monopolio sobre medios de comunicación
Asimismo, aborda el periodismo libre e independiente en Cuba, refiriéndose en particular a los medios públicos, la imposibilidad de fundar medios privados y las prácticas de persecución contra periodistas independientes.
Dado que los periodistas no son los únicos que han sufrido persecución por expresar sus ideas en Cuba, igualmente analiza la situación de la criminalización de la crítica y discriminación por motivos políticos a distintos grupos de la población, como defensores y defensoras de derechos humanos, artistas, disidentes políticos, entre otros.
También, el informe aborda las protestas y manifestaciones sociales.
La última parte del informe refiere a limitaciones al derecho a la libertad de expresión en Internet y aborda obstáculos en la regulación del uso de redes y comunicación en la web, problemas de conectividad y acceso universal, bloqueos y censura de contenido, y vigilancias.
"Desde hace más de medio siglo, Cuba es un Estado gobernado por un partido único que impide las vías de disenso político. El Estado restringe en forma severa los derechos de libertad de expresión, asociación, reunión, movimiento y debido proceso.Durante décadas el Estado cubano ha organizado la maquinariainstitucional para silenciar voces ajenas al régimen, reprimir a periodistas independientes, así como a artistas o a ciudadanos que buscan organizarse para articular sus demandas; en todo ese tiempo el Estado ha mantenido el monopolio sobre los medios de comunicación social. Conforme han podido constatar la CIDH y la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, se ha suprimido, de este modo, el debate abierto de ideas y sobre aspectos centrales de la vida del país.
Ello se presenta en un contexto, como ha señalado la Comisión Interamericana, de grave inobservancia de los elementos esenciales de la democracia representativa y sus instituciones. Históricamente, la CIDH ha sido crítica ante la ausencia de condiciones que permitan una genuina participación política de sectores de diversa línea de pensamiento en Cuba; en particular, la celebración de elecciones carentes de pluralidad e independencia, con insuperables obstáculos que impiden el acceso libre a diversas fuentes de información. La voz adversa al gobierno, en su intento de expresarse y participar en la conducción de los asuntos del país, termina siendo suprimida ante la presencia de un único partido, la prohibición de asociarse con fines políticos, las arbitrarias restricciones a la libertad de expresión y el derecho de reunión, entre otros derechos fundamentales.
Cuba se ha mantenido durante décadas entre los países del Hemisferio que exhibe una de las peores situaciones y un ambiente menos propicio para el ejercicio del derecho a la libertad de expresión.Hacer periodismo en Cuba no ha sido ni de cerca una situación comparable con cualquier otro país de la región, por los serios riesgos que enfrentan periodistas y otros grupos de la población que buscan expresar opiniones, la inexistencia de acceso a información pública, el temor de la población y de quienes eventualmente pueden ser fuentes de la información que recaban los periodistas, entre otros múltiples obstáculos.
El control de la libertad de expresión y libertades políticas ha sido permanente en casi cinco décadas, pero ha habido episodios emblemáticos de represión como el ocurrido en el mes de marzo de 2003, cuando se detuvo en forma masiva a personas identificadas como "contrarrevolucionarios" por su pensamiento.
En los últimos años, la CIDH y su Relatoría Especial continuaron recibiendo información preocupante sobre restricciones ilegítimas a la libertad de expresión en Cuba, como el continuo incremento dela persecución selectiva y deliberada en contra de medios y organizaciones independientes que difunden información y opiniones sobre temas de interés público por fuera del control del Estado. Revisten gravedad asimismo los actos y amenazas por parte de autoridades y funcionarios públicos para amedrentar a cualquiera que exprese ideas críticas a la política e instituciones del país como activistas, artistas, periodistas, defensores y defensoras de derechos humanos, intelectuales, entre otros.
Todo ello ocurre bajo un marco legal que, lejos de proteger el ejercicio de la libertad de expresión, brinda al Estado herramientas jurídicas para reprimirlo, sobre todo a través del derechopenal. También persiste el control estatal de los medios de comunicación y sobre el acceso a los medios digitales, en razón de la limitada conectividad de la población cubana y el bloqueo de medios de comunicación críticos en internet. Ello restringe la información, las manifestaciones culturales y el debate de ideas a las que pueden acceder los cubanos mediante prensa, radio, televisión e internet. Todas estas son restricciones ilegítimas y afectaciones a la libertad de expresión que la Relatoría Especial ha advertido desde hace varias décadas, especialmente a través de sus informes anuales.
En la actualidad, la intolerancia de las autoridades cubanas hacia toda forma de crítica u oposición continúa siendo la principal limitación al goce de los derechos a la libertad de expresión y asociación en Cuba. El cambio de gobierno de facto de la Presidencia del Consejo de Estado y de Ministros de Raúl Castro a Miguel Díaz-Canel, durante el 2018, había generado también expectativas de pasos positivos en materia de derechos humanos. Sin embargo, hasta el momento, el nuevo Gobierno se ha presentado, en general, como el continuismo en términos de la represión para el ejercicio de la libertad de expresión en Cuba. Resulta de grave preocupación que, a poco de asumir, Díaz-Canel anunciara que mantendrá una posición contraria a lalibertad de prensa y a la legalización de medios de comunicación independientes en el país.
Es de la mayor preocupación advertir incluso que en los últimos tiempos habría aumentado la represión e intolerancia para desestimular el periodismo no alineado al oficialismo, la actividad de defensores de derechos humanos y a las críticas de voces disidentes. Durante años, la represión en Cuba se caracterizó por mantener una apariencia de legalidad, que incluía acusaciones fiscales, la designación de defensores de oficio, procesos judiciales y/o condenas firmes. Aunque se mantienen algunas de estas prácticas, se observan variaciones que parecen dirigidas a no dejar huellas jurídicas ni documentación que puedan utilizarse como prueba de los abusos sufridos. Durante el 169 Período de Sesiones de la CIDH, varios periodistas presentes en la sesión, y otros a través de testimonios previamente grabados, relataron lo que denominaron una represión de "desgaste" que evita el enjuiciamiento. Estas formas represivas consistirían en arrestos e interrogatorios humillantes -en particular a mujeres periodistas-; detenciones de hasta 72 horas sin orden ni comunicación judicial; presiones sobre la familia y el entorno; retención de equipos y sustracción de materiales a periodistas; así como prohibiciones de salida del país a periodistas y activistas.
El modelo actual respondería a una lógica que se ubica al margen de las estructuras jurídicas, que se realiza a partir de la seguridad del Estado o estructuras paraestatales que pueden resultar más sutiles pero igualmente graves a la luz del derecho internacional. A las herramientas tradicionales utilizadas para reprimir el periodismo independiente, se sumarían formas de represión como amenazaspruebas de aptitud para acceder a la carrera de periodismo en la Universidad estatal.
En este contexto, la Relatoría Especial también tomó nota del proceso de reforma constitucional que se llevó a cabo en Cuba. La información disponible indica que, a fines de julio de 2018, fue publicado el "Proyecto de Constitución de la República de Cuba". La CIDH, en un comunicado de prensa del 4 de marzo de 2019, informó que el proceso de reforma concluyó con el referéndum celebrado el 24 de febrero de 2019. En esta ocasión, la Comisión expresó su preocupación, entre otras cosas, por la posibilidad de que el referéndum no habría cumplido con las condiciones necesarias para elecciones libres, secretas, confiables e independientes que salvaguarden los principios de universalidad y pluralidad.
La Relatoría Especial considera que el desarrollo y la apertura de Cuba es una cuestión vinculada estrechamente con la indispensable vuelta a la democracia y el respeto a los derechos humanos. En ese sentido, son elementos esenciales de la democracia, el respeto a losderechos humanos, la libertad de expresión y el respeto a los derechos políticos, junto a la celebración de elecciones libres y basadas en el sufragio secreto y universal. La libertad de expresión acompaña al ser humano como una de las libertades más preciadas porque permite a cada individuo pensar el mundo desde sus propias perspectivas y elegir su estilo de vida, así como la construcción de sociedades pluralistas. Por ello, desde el inicio del actual mandato, la Relatoría Especial ha prestado atención prioritaria a la situación de Cuba. Con ese objeto, el informe analiza la situación sobre la libertad de expresión en Cuba desde los estándares del sistema interamericano y a partir de ello, ofrece recomendaciones al Estado que permitan contribuir a la efectiva vigencia de este derecho en el país.
La Relatoría Especial concluyó que Cuba sigue siendo el único país del Hemisferio en el cual no existe ningún tipo de garantías para el ejercicio del derecho a la libertad de expresión. Un Estado en el cual persiste la grave inobservancia de los elementos esenciales de la libertad de expresión, la democracia representativa y sus instituciones. A pesar de los años transcurridos y las reiteradas recomendaciones al respecto, la intolerancia sigue siendo la regla de las autoridades cubanas hacia toda forma de crítica u oposición, y la principal limitación a los derechos y libertades fundamentales en Cuba.
Permanece un modelo de monopolio estatal sobre los medios de comunicación yse mantiene la prohibición de fundar medios privados, todo lo cual es incompatible con los estándares internacionales sobre libertad de expresión.
La persecución selectiva y deliberada en contra de medios y periodistas independientes continúa, y por periodos incluso recrudece. Esta persecución de cuerpos estatales o tolerada por el Estado se manifiesta de modo concreto en detenciones arbitrarias, amenazas y actos de hostigamientos o censura en perjuicio de periodistas que difunden ideas, opiniones e informaciones críticas del partido del gobierno. Dan cuenta de ello también los múltiples actos y amenazas por parte de autoridades y funcionarios públicos para amedrentar a cualquiera que exprese ideas críticas a la política e instituciones del país como artistas, defensores y defensoras de derechos humanos, disidentes políticos, entre otros.
Las prácticas represivas en la actualidad parecen responder a una lógica que se ubica al margen de las estructuras jurídicas, pero están lejos de desaparecer. Por el contrario, se replican fuertemente en los nuevos medios de comunicación. En materia de internet, las disposiciones legales sumamente restrictivas y ambiguas, la limitada conectividad de la población cubana, el bloqueo y censura de medios críticos, y las vigilancias, impiden seriamente el ejercicio de los derechos a la libertad de expresión, privacidad e intimidad en la red.
El ordenamiento jurídico cubano -desde la propia Constitución, hasta normas legales o reglamentarias que se señalan en el informe- está puesto al servicio de la represión del disenso y la crítica. De este modo, en opinión de la Relatoría Especial, el principal problema de la legislación vigente es su carácter abiertamente represivo de la libertad de expresión. Lejos de proteger el ejercicio de la libertad de expresión, y demás derechos y libertades fundamentales, brinda al Estado herramientas jurídicas para reprimirlo. Determina además la existencia de una grave discriminación por motivos políticos en el ejercicio de los derechos humanos, pues no puede ejercer sus derechos sin represión, todo aquel que piense o quiera expresarse distinto al régimen socialista.
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión es una oficina creada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a fin de estimular la defensa hemisférica del derecho a la libertad de pensamiento y expresión, considerando su papel fundamental en la consolidación y el desarrollo del sistema democrático.