Informe denuncia la negación de beneficios a presos políticos

Cárcel "Combinado del Este", en La Habana, en una imagen de Archivo. (AFP)

El Centro Cubano de Derechos Humanos publicó este miércoles su segundo informe parcial sobre los presos políticos cubanos. La organización recopiló 653 prisioneros políticos de los cuales 588 son participantes de las protestas del 11 de julio de 2021.

La ex prisionera de conciencia Martha Beatriz Roque Cabello, coordinadora de la entidad con sede en La Habana, dijo a Martí Noticias que el trabajo de recolección de datos es arduo.

“Esos son verificados, pero no el total de presos políticos porque hay días que hablas con dos familiares y otros con cinco. Hay algunos que no hemos conseguido contactar a sus familiares, pero sí las sentencias”.

En su informe, la entidad indica que “en estos momentos algunos de los presos están saliendo de pase, mientras a otros les han negado los “beneficios”. En casos de presos muy conocidos, se los han pospuesto por meses. Como sucede siempre, se reclama de forma documental a las autoridades competentes y no responden”.

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De acuerdo a la compilación, al menos 22 de los manifestantes del 11 de julio están en régimen de mínima severidad que les autoriza breves estancias en sus hogares (pases) que pueden ser una vez al mes o cada 45 días según estipule el establecimiento penitenciario donde se encuentre.

“Están en campamentos (Centros Correccionales con Internamiento) y allí le están dando los pases que son, generalmente de tres días”, señaló Roque.

“Estos presos a los que les dan pase, tienen sentencias de tres años de privación de libertad o dos años y medio. O sea que les correspondería estar en libertad condicional, pero siguen recluidos”, afirmó.

Aunque los “beneficios”, los otorga el tribunal, son los funcionarios del Ministerio del Interior (MININT) los que determinan el tránsito de un régimen de mayor rigor a otro de menor severidad de los reos, los castigos o cualquier tipo de excarcelación anticipada prevista en la legislación penal.

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En el caso de los presos políticos, abogados independientes consideran que el tránsito a régimen menos riguroso lo establece la Seguridad del Estado.

“La crueldad del sistema es mucha, y quiere hacer ver que el preso político tiene que cumplir hasta el último día. Por ejemplo, este mes salieron cinco y salieron de libertad el mismo día que cumplieron su sanción”, consideró la opositora.

Uno de ellos es Yordan Manuel Escobar Machín, quien cumplió su condena de dos años.

Dos de los presos del 11 de julio fueron liberados con antelación el cubano canadiense Michael Carey y el cubano español Mario Josué Prieto, ambos con licencia extrapenal.

Entre los 65 encarcelados restantes, todos investigados exhaustivamente por el Centro Cubano de Derechos Humanos, hay personas que asistieron a las protestas que se sucedieron en diferentes partes de la Isla después del 11J, como las de 2022, o que fueron imputadas por delitos como desacato, propaganda enemiga, instigación a delinquir y atentado entre otros.

También están los condenados a cadena perpetua por “actos de terrorismo contra la seguridad del Estado” como Ramón Henry Grillo, Yoanni Thomas, Harold Alcalá Aramburo y Maikel Delgado Aramburo; o por “difamación de las Instituciones y Organizaciones y de los Héroes y Mártires y Daños a Bienes del Patrimonio Cultural” como los tres integrantes del grupo Clandestinos, que pintaban con pintura roja los bustos del apóstol José Martí.