Aunque la constitución cubana contiene disposiciones escritas para la libertad religiosa y prohibiciones contra la discriminación por motivos religiosos, los códigos penal y administrativo contravienen estas protecciones, denuncia el Informe sobre Libertad Religiosa Internacional correspondiente al 2022 presentado este lunes por el secretario de Estado estadounidense Antony Blinken.
“La constitución declara al país un estado laico y prevé la separación de las instituciones religiosas y el estado, pero el Partido Comunista de Cuba, a través de su Oficina de Asuntos Religiosos (ORA) y el Ministerio de Justicia (MOJ), regula la práctica religiosa. La ley requiere que todos los grupos religiosos soliciten al Ministerio de Justicia el registro oficial”, dice el reporte.
Añade que, según el código penal, la pertenencia o asociación con un grupo no registrado es un delito. Menciona además que “una enmienda a una ley existente, en vigor desde el 1 de diciembre, aumenta la sentencia mínima para las personas que intentan objetar por motivos de conciencia al servicio militar o a la educación pública, incluidas aquellas cuyas objeciones se basan en sus creencias religiosas”.
También señala otra ley adicional, también en vigor desde diciembre, que impone penas de hasta 10 años de prisión a las personas que reciban financiación de organizaciones extranjeras o que financien actividades que se consideren dirigidas contra el Estado o su orden constitucional, “una ley que podría tener como objetivo a la sociedad civil independiente , incluidos los grupos religiosos”.
El informe del Departamento de Estado dice que en su Lista de Vigilancia anual, la organización no gubernamental (ONG) cristiana Puertas Abiertas informó que el gobierno intensificó sus tácticas represivas contra los líderes y activistas cristianos que se oponen a la ideología del Partido Cominista de Cuba a través de arrestos, exilio, multas arbitrarias, vigilancia, negación de licencias y visas religiosas, ataques físicos y abuso mental.
Según CSW, anteriormente conocida como Christian Solidarity Worldwide, el gobierno continuó deteniendo a líderes religiosos de múltiples comunidades religiosas y dictó duras sentencias de prisión por participar en las protestas de julio de 2021.
El informe recuerda que, en mayo de 2022, el gobierno informó a la familia del pastor Lorenzo Rosales Fajardo que un tribunal lo había condenado a siete años de prisión por los delitos de desacato, agresión, instigación al delito y desorden público. En marzo, un tribunal condenó a Donaida Pérez Paseiro, presidenta de la Asociación Religiosa de Yorubas Libres de Cuba, a ocho años de prisión, y al vicepresidente del grupo Loreto Hernández García a siete años.
Señala, además, que a partir de enero, los funcionarios de seguridad detuvieron y multaron a la líder de las Damas de Blanco, Berta Soler Fernández, y a otros miembros todos los domingos cuando intentaban asistir a misa para rezar por la libertad de los presos politicos.
“Las autoridades impusieron sentencias de prisión de entre cinco y ocho años a varios miembros de las Damas de Blanco, incluidos cinco años adicionales para un miembro que estaba a semanas de cumplir una sentencia de cuatro años de prisión”, dice el reporte, en referencia a la activista Aimara Nieto Muñoz.
Según se informa, el régimen cubano presionó cada vez más a los críticos para que se exiliaran a la fuerza, incluidos los líderes religiosos, dando los siguientes ejemplos: en marzo, el gobierno obligó al pastor Jesús Fundora Pérez, del Movimiento Apostólico, a abandonar el país; en junio, el pastor Alain Toledano Valiente se tuvo que exiliar con su familia; en septiembre, el gobierno se negó a renovar el permiso de residencia del superior de los jesuitas en Cuba, el padre David Pantaleón, ciudadano de la República Dominicana, porque criticó los abusos de los derechos humanos por parte del gobierno.
El informe menciona que según Outreach Aid to the Americas (OAA), 52 de 56 líderes religiosos encuestados en la isla dijeron que el gobierno tomó medidas represivas contra ellos; 21 reportaron haber sido objeto de amenazas, violencia, detenciones y actos de repudio.
“Los grupos religiosos dijeron que la ORA y el MOJ continuaron negando el registro oficial a ciertos grupos religiosos o no respondieron a las solicitudes pendientes durante mucho tiempo, como las de los Testigos de Jehová y la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días (Iglesia de Jesucristo)”, señala el informe.
También dice que “algunos grupos y organizaciones religiosas, como la organización benéfica católica romana Caritas, continuaron reuniendo y distribuyendo artículos de socorro, brindando asistencia humanitaria a las personas independientemente de sus creencias religiosas”.
“Los funcionarios de la embajada de Estados Unidos no se reunieron ni se involucraron con la ORA durante el año. En declaraciones públicas y en las redes sociales, los funcionarios del gobierno de Estados Unidos , incluido el Secretario de Estado, continuaron instando al gobierno a respetar las libertades fundamentales de sus ciudadanos, incluida la libertad de religion”, dice el reporte.
Informa, además, que “los funcionarios de la embajada se reunieron regularmente con una variedad de grupos religiosos sobre el estado de la libertad religiosa y las actividades políticas relacionadas con las creencias de los grupos religiosos”.
El 30 de noviembre de 2022, de conformidad con la Ley de Libertad Religiosa Internacional de 1998, enmendada, el Secretario de Estado designó a Cuba como “País de Preocupación Particular” por haber cometido o tolerado violaciones particularmente graves de la libertad religiosa.