Amnistía Internacional publicó el martes en la noche su Informe Anual sobre la situación de los derechos humanos en el mundo, en el cual advierte que en Cuba continuó el año pasado “la represión de la disidencia mediante el hostigamiento, la persecución y el encarcelamiento de activistas, integrantes de la oposición política y periodistas”.
“Se pusieron trabas y se atacó a defensores y defensoras de los derechos humanos, que en algunos casos seguían en prisión sin el debido proceso”, precisó el documento al inicio del capítulo acerca de Cuba.
Además, en la isla continuó “la crisis humanitaria y económica, y hubo escasez de alimentos, combustible y electricidad”.
Acerca de la discriminación, Amnistía indicó que siguió estando muy extendida y afectó a la población afrodescendiente, mujeres y niñas, personas LGBTI, integrantes de la disidencia política y miembros de comunidades religiosas.
Al analizar el contexto político de la nación, Amnistía recalcó que Cuba “carecía de una institución nacional de derechos humanos conforme con los Principios de París”.
“El país seguía cerrado a las organizaciones internacionales de derechos humanos y los medios de comunicación internacionales encontraban impedimentos para hacer el seguimiento de los juicios de disidentes de la esfera política”, señaló.
En noviembre, la Unión Europea y Cuba mantuvieron su cuarto diálogo sobre derechos humanos, “en el que la UE expresó preocupación por las detenciones y las largas condenas de prisión relacionadas con las protestas de julio de 2021”.
En 2023 se implementó un nuevo Código Penal “que mantenía la pena de muerte, así como disposiciones que limitaban los derechos humanos y se utilizaban para acallar y encarcelar a activistas”, destacó el informe.
Disidentes y manifestantes en la cárcel
Acerca de la represión a la disidencia, Amnistía denunció que la vigilancia y el hostigamiento de activistas, opositores, periodistas y artistas seguían siendo generalizados. “La detención arbitraria y los procesos penales sin las debidas garantías continuaban siendo prácticas habituales, y quienes se encontraban en situación de privación de libertad soportaban duras condiciones penitenciarias”.
Amnistía citó estudios de la organización Justicia 11J, el cual dijo que al menos 793 personas seguían detenidas en relación con su participación en las protestas que se habían celebrado en toda la isla el 11 de julio de 2021.
El 6 de mayo, “el gobierno reaccionó con fuerza excesiva ante la protesta por las malas condiciones de vida y la falta de derechos humanos que tuvo lugar en el municipio de Caimanera, Guantánamo. Los agentes encargados de hacer cumplir la ley utilizaron violencia física contra quienes participaban en el acto, y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos informó de la detención arbitraria de al menos cinco manifestantes y condenó la existencia de una constante represiva”.
El 26 de mayo, el órgano legislativo cubano “aprobó una ley sobre comunicación social que mantenía la prohibición de los medios de comunicación de propiedad privada y establecía restricciones excesivas en relación con la información pública y el uso de Internet”.
Esa ley, advirtió Amnistía, otorgaba al gobierno facultades “para ordenar a los operadores de telecomunicaciones que dejaran de prestar sus servicios a quienes publicaran información que se considerara perjudicial para el orden público o la moralidad”.
“José Daniel Ferrer García, activista político y líder opositor que lleva detenido desde julio de 2021 —fecha en la que también había sido sometido a desaparición forzada—, estuvo recluido en régimen de incomunicación mientras su salud se deterioraba. Al concluir el año, continuaba privado de libertad”, agregó el informe.
Otro problema en Cuba el año pasado es que “era habitual que la policía citara a interrogatorio a periodistas y activistas en relación con sus actividades lícitas”.
Por ejemplo, en mayo de 2023, el periodista Yeris Curbelo Aguilera “fue interrogado por agentes de la seguridad del Estado” tras haber informado sobre las protestas en Caimanera.
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Otros presos políticos
El 14 de febrero, agentes de seguridad del Estado “detuvieron en su domicilio de La Habana a Josiel Guía Piloto, que ya había estado recluido de forma arbitraria en 2011 por ejercer la disidencia política”.
El gobierno mantuvo recluidos a los artistas y presos de conciencia Luis Manuel Otero Alcántara y Maykel ‘Osorbo’ Castillo Pérez, “que habían sido condenados en 2022 a cinco y nueve años de prisión, respectivamente, en un proceso judicial sin las debidas garantías”.
Asimismo, las autoridades “rechazaron la recomendación del personal médico gubernamental de excarcelar a Loreto Hernández García por motivos de salud. Su esposa Donaida Pérez Paseiro y él —ambos, activistas negros, sacerdotes y líderes de la asociación Yorubas Libres de Cuba— eran presos de conciencia y llevaban detenidos desde 2021 por su participación pacífica en las protestas que se habían celebrado en toda la isla”.
Crisis humanitaria
"La población tenía dificultades para conseguir alimentos suficientes, la escasez de combustible redujo la accesibilidad del transporte y se produjeron apagones constantes durante todo el año", explicó la organización.
“El gobierno declaró en mayo que la crisis económica afectaba a las importaciones esenciales de combustible, alimentos y productos agrícolas, y reiteró la situación crítica en septiembre, cuando se pronosticaron más apagones”, señaló el informe.
Amnistía citó en este contexto a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la cual expresó en abril su preocupación sobre los derechos laborales y sindicales en Cuba y concluyó “que había problemas importantes, entre ellos la inseguridad del empleo, la falta de medidas de higiene y seguridad, despidos injustificados por motivos de opinión política, vulneraciones de la libertad de asociación y la falta de reconocimiento del derecho a la huelga”.
Discriminación, racismo y violencia de género
Al concluir el capítulo sobre la situación en Cuba, afirmó que persistía la discriminación, “que afectaba especialmente a la población afrodescendiente, mujeres y niñas, personas LGBTI, integrantes de la disidencia política y miembros de comunidades religiosas”.
“La población afrodescendiente seguía sufriendo las consecuencias del racismo histórico y sistémico. Hubo activistas que denunciaron la persistencia de las desigualdades raciales, lo que provocaba disparidad entre grupos raciales en la representación política, el acceso a una vivienda adecuada y el empleo, entre otros derechos”, informó Amnistía.
A pesar de esta situación, “el gobierno no recopiló ni publicó datos sobre las desigualdades raciales desglosados por raza y etnia”.
Además, “continuaba la discriminación por motivos de género” y la Legislatura “no incluyó el femicidio como delito en el Código Penal”, pese a que las ONG y la prensa independiente denunciaron la muerte de al menos 86 mujeres “en lo que aparentemente fueron agresiones por motivos de género”.
Otras declaraciones sobre Cuba
A inicios de abril, la organización publicó online el libro Imágenes de Rebeldía, el cual aborda la lucha pacífica por la democracia y los derechos humanos en Cuba.
Se trata de "un testimonio vibrante de la resistencia cívica en Cuba junto a una selección emotiva de las más de 21 mil cartas y dibujos de apoyo global recibidas por el artista Luis Manuel Otero Alcántara, en el marco de una campaña coordinada por Amnistía Internacional por su liberación", indicó Amnistía.
"La obra muestra los momentos inspiradores de movilización desde finales de 2020 hasta las protestas de julio de 2021, así como la severa represión gubernamental y las historias de cinco personas presas de conciencia; José Daniel Ferrer García, Luis Manuel Otero Alcántara, Maykel Osorbo, Loreto Hernández García y Donaida Pérez Paseiro. Este libro también es un llamado a la acción, que invita a las y los lectores a sumergirse en las poderosas historias detrás de cada imagen y a unirse a la demanda por una #CubaSinRepresión", escribió la organización.