La Seguridad del Estado inició un proceso de instrucción penal contra la periodista de Cubanet, Claudia Montero Lescaille, y su pareja, el opositor Fabio Corchado Borroto, imputados por “desórdenes públicos”.
“Yo me entero en ese momento, le digo ¿qué tiene que ver esto conmigo? Y entonces él me dice ‘porque tus vídeos tienen contenido en contra del proceso revolucionario y eso es ‘desórdenes públicos’”, manifestó a Radio Televisión Martí, la comunicadora.
La notificación les fue dada en la Unidad de la PNR (Policía Nacional Revolucionaria) de Zapata y C, en La Habana, adonde fue citada la pareja el pasado sábado.
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Represión a los comunicadores independientes
Oficiales de la policía política les comunicaron a ambos que como medida cautelar se les impuso la reclusión domiciliaria y concurre, además, una “regulación migratoria”.
“Me entero por otra acta que me presentó que se me imponía una medida cautelar de prisión domiciliar. Le pregunto ¿hasta cuándo esta medida cautelar? ‘Hasta que se acabe el proceso’, me respondió. Yo supongo que se refería al proceso de Camila en el que yo estoy implicada y él me dice que cuando termine el proceso, ellos decidirán si se me abre un expediente a mí y a Fabio, de acuerdo a lo que determine la investigación a Camila”, señaló la periodista.
La disposición contra Montero y Corchado se debe a que los órganos represivos los consideran como personas de interés en el proceso contra la también periodista Camila Acosta.
“¿Por qué Fabio y yo somos parte del proceso de Camila? Porque mi esposo y yo la acogimos en nuestra casa. Entonces a mi cuñado, Víctor Manuel González lo detuvieron el 26 de julio, lo tuvieron una semana en Villa Marista [Cuartel General de la Seguridad del Estado] y lo presionaron tanto que él reconoció que me editaba videos”, indicó Montero y agregó que su esposo Fabio Corchado se acogió a su derecho de no declarar ni firmar ningún documento.
Camila Acosta se encuentra bajo prisión domiciliaria a la espera de un juicio, acusada de “instigación a delinquir” después que fuera detenida durante cinco días por reportar las protestas del 11 de julio.
Montero refirió que incluso el agente de la policía política que la interrogó fue el teniente Ernesto, “el mismo que atiende a Camila”.
“Yo estaba preparada psicológicamente porque yo, desde que escogí ser periodista independiente, sabía lo que venía, que, en algún momento, iban a pasar las entrevistas, los interrogatorios y yo siempre mantuve un bajo perfil: no soy activista”, dijo.
“Me mantuve escribiendo nada más para Cubanet y nosotros pensábamos que esta entrevista sería para amenazarme, advertirme que si no dejo la prensa independiente me van a meter no sé cuántos años de cárcel; pero ya desde mi primera citación que me estén acusando, me pongan una medida cautelar y que me regulen, que no puedo salir del país, no nos lo esperábamos; pero bueno, ellos son los dueños de las leyes y hacen y deshacen a su antojo”, lamentó.
El abogado Julio Ferrer explicó a Radio Martí que “desórdenes públicos” es un delito común, no “contra la Seguridad del Estado”, por lo que no debe ser este órgano el que acusa.