El gobierno de Cuba es ampliamente conocido por acosar a disidentes, periodistas y miembros de agrupaciones políticas de oposición. En el último tiempo el régimen ha identificado un nuevo objetivo de persecución: los influencers de las redes sociales, indica la organización de derechos humanos Human Rights Watch.
El grupo denuncia un incidente de hostigamiento y un foro de influencers ampliamente cubiertos por Radio Televisión Martí, ocurrido en 14 de octubre cuando policías llegaron a las casas de cuatro youtubers que estaban a punto de participar en el foro virtual.
Lee también Seguridad del Estado intentó sabotear evento sobre influencers"Dos de ellos, Jancel Moreno y Maykel Castillo, fueron detenidos. A Iliana Hernández y otros activistas les interrumpieron el servicio de internet. Por su parte, la YouTuber Ruhama Fernández, tuvo que huir y esconderse para luego desde un lugar seguro, participar en la discusión por teléfono", indica HRW.
Este incidente es tan solo el último ejemplo del tipo de constante vigilancia y persecución que enfrentan los influencers en Cuba.
HRW retoma el caso de Fernández, quien inició su canal de YouTube hace apenas diez meses y publica comentarios sobre temas de actualidad y entrevista a cubanos sobre su vida cotidiana o sus opiniones políticas.
Fernández le contó a Human Rights Watch que poco después de que comenzara a hacer videos, sus amistades empezaron a recibir citaciones de la policía, su hermano empezó a ser abordado por desconocidos en la calle con amenazas para ella y en abril, recibió su primera citación policial. En la estación de policía donde un agente le dijo que iban a procesarla por actividades “contrarrevolucionarias”.
Lee también ¿Qué mueve a los influencers cubanos? (VIDEO)HRW destaca que en julio, las autoridades obligaron a su proveedora de internet a interrumpir el servicio en su vivienda y en agosto, las autoridades le negaron un pasaporte para viajar a Estados Unidos a visitar a sus padres. Una funcionaria del Ministerio del Interior le dijo que no podía salir del país por “motivos de interés público”, una medida de justificación que se aplica habitualmente contra disidentes.