Human Rights Watch (HRW) criticó las respuestas de los gobiernos de Daniel Ortega, de Nicaragua, y Jair Bolsonaro, de Brasil, ante la pandemia de coronavirus, que ha tocado a ambos países.
En sendas notas, HRW afirmó que en el caso de Ortega, "ha respondido a la pandemia de COVID-19 con políticas que contradicen descaradamente los consejos de los especialistas en salud a nivel global y ponen en riesgo la salud y la vida de los nicaragüenses".
Lee también Ortega, el gran ausente: "horrorizado de que alguien lo pueda contagiar"“Mientras el mundo hace frente a la pandemia más grave del último siglo, el Presidente Ortega no ha aparecido públicamente y su gobierno actúa temerariamente, evitando adoptar las medidas básicas de prevención que recomiendan los expertos en salud pública”, destacó José Miguel Vivanco, director para Las Américas de Human Rights Watch, citado por el portal de la organización.
“Con su irresponsabilidad ante esta crisis, Ortega pone en jaque la salud y las vidas de los nicaragüenses”, subrayó.
Lee también El gobierno de Ortega llama a marcha a pesar del riesgo del coronavirusSegún HRW, en un documento al que tuvieron acceso medios nicaragüenses a mediados del mes de marzo, el Ministerio de Salud de esa nación anticipaba que los casos de coronavirus podían llegar a más de 32.500, con unas 813 muertes en un lapso de seis meses.
HRW hizo referencia, entre otros hechos, a que el 6 de abril, "el Ministerio de Salud rechazó una propuesta del obispo Rolando Álvarez de implementar un plan de prevención (...) que incluyera consultas telefónicas con médicos y la posibilidad de que las personas recibieran tratamiento en seis lugares en Nicaragua".
Lee también Muere Ernesto Cardenal, quien llamó al régimen de Ortega "dictadura familiar"También mencionó que durante "la brutal arremetida contra opositores del 2018, el gobierno de Ortega despidió de varios hospitales públicos al menos a 400 médicos, enfermeras y otros trabajadores, presuntamente en represalia por haber brindado atención médica a víctimas de hechos de violencia en el contexto de las manifestaciones".
Al referirse a Bolsonaro, HRW precisó que su gobierno "está poniendo a los brasileños en un grave peligro al pedirles que no sigan las reglas de distanciamiento social y otras medidas de los gobiernos de estados y su propio Ministerio de la Salud para desacelerar los contagios".
La organización defensora de los derechos humanos amplió que el mandatario también actúa de "manera irresponsable" al diseminar información errónea sobre la pandemia.
Lee también Brasil llama a médicos cubanos residentes en ese país para su campaña contra el coronavirusDe acuerdo con Vivanco, citado por HRW, “durante semanas, Bolsonaro ha estado saboteando los esfuerzos de los gobiernos de los estados y su propio Ministerio de Salud Pública para contener la expansión del COVID-19 y poniendo en grave riesgo las vidas de los brasileños".
"Para evitar muertes prevenibles por esta pandemia, los líderes deben garantizar que el público tenga acceso a información precisa, basada en evidencias, algo que es esencial para proteger su salud. El presidente Bolsonaro está haciendo todo menos eso", recalcó.
Lee también Bolsonaro da negativo a prueba de coronavirusEntre las medidas tomadas por Bolsonaro para contrarrestar la respuesta a la pandemia, HRW mencionó que el 20 de marzo el presidente brasileño expidió una orden ejecutiva para quitarles a los estados la autoridad de restringir el movimiento de los ciudadanos con el objetivo de contener el coronavirus.
La nota indicó que cuatro días después la Corte Suprema del gigante sudamericano revocó la medida.
Lee también Jair Bolsonaro visita el Comando Sur en MiamiHRW recordó que el 26 de marzo, Bolsonaro hizo pública una orden presidencial que exceptuaba a las iglesias y casas de la lotería de seguir las indicaciones de salud de los estados y municipalidades, al clasificarlas como "servicios esenciales". Por lo tanto, era permitido que en esos lugares tuvieran lugar concentraciones de personas.
Al día siguiente, señaló HRW, una corte federal suspendió la medida y prohibió al gobierno tomar decisiones que fueran en contra del distanciamiento social adoptado por los estados.