La organización Human Rights Watch informó este viernes, que las autoridades judiciales de Irán están enjuiciando a defensores de dicho organismo por haber reportado casos de abuso en las prisiones.
Desde septiembre de este año, las autoridades han enjuiciado a dos activistas encarcelados, por haber publicado cartas en las que alegan ser víctimas de malos tratos y torturas.
las autoridades han enjuiciado a dos activistas encarcelados ...
El 18 de octubre, Emtedad, un canal de noticias en la red, informó que la semana anterior, las autoridades acusaron a Niloufar Bayani, conservacionista medioambiental condenado a 10 años de prisión después de un juicio falso, de “publicar información falsa”.
En otro caso separado, la Agencia Activista de Derechos Humanos HRANA, informó que el 11 de octubre, las autoridades acusaron a la estudiante activista encarcelada, Parisa Rafiee, de “propaganda contra el Estado”, por haber publicado una carta en la que describe las horribles condiciones de su detención.
Tara Sepenhri Far, investigadora iraní de la organización Human Rights Watch, declaró que, castigar a la gente que denuncia malos tratos en las cárceles de Irán, demuestra un grotesco sentido de la justicia y que la reciente retórica judicial sobre transparencia y honestidad, suena totalmente vacía si los fiscales obligan al silencio a supuestas víctimas de tortura, en lugar de investigar sus denuncias en forma imparcial y justa.
En el mes de febrero, la Red en línea de la BBC persa, publicó un recuento detallado de supuestos malos tratos a Bayan de parte de las autoridades de la prisión, denuncias basadas en sus propias cartas, que incluyen 1.200 horas de interrogatorios; prolongadas horas de interrogatorios obligándola a mantenerse de pie; amenazas con el uso de inyecciones con alucinógenos y una plétora de insultos sexuales.
El 24 de febrero, el Gabinete Presidencial de Irán ordenó al Ministro de Justicia, Alireza Avayi, que investigara las acusaciones de torturas y reportara las conclusiones a las que llegara. Pero más de nueve meses más tarde, no existe ninguna información relacionada con dicha investigación.
En enero de 2018, el Departamento de Inteligencia de la Guardia Revolucionaria arrestó a Bayani y a otros siete de sus colegas -- todos miembros de la Fundación Persa de Herencia Natural bajo la acusación de usar proyectos medioambientales como “cubierta de espionaje”. El 10 de febrero de 2018, miembros de la familia de Kavous Seyed Emami, uno de los arrestados, informaron que había muerto encontrándose bajo detención, en circunstancias en extremo sospechosas.
El juicio comenzó en enero de 2019, pero fue suspendido en varias oportunidades. Los acusados no tuvieron el derecho a recurrir a los servicios de abogados de su elección y Bayani interrumpió en febrero una sesión del juicio, diciendo que los acusados habían estado bajo tortura psicológica y fueron obligados a realizar confesiones falsas.
El 18 de febrero de 2020, Gholamhossein Esmaili, vocero judicial de Irán, confirmó durante una conferencia de Prensa, que una Corte de Apelaciones había confirmado sentencias que iban desde los 6 a los 10 años de prisión, contra siete de los miembros del grupo, por “cooperar con el hostil Estado de los Estados Unidos”.
Esmaili declaró, que la Corte también confirmó una sentencia a cuatro años de prisión a Abdolreza Kouhpayeh, por “asamblea y conspiración para actuar en contra de la seguridad nacional”. Pero las autoridades pusieron en libertad a Kouhpayeh en el mes de marzo.
La Corte confirmó las sentencias a 10 años de Niloufar Bayani y Morad Tahbaz, dos de los siete y les ordenó que devolvieran supuestas remuneraciones ilegales.
Aun así, durante los últimos dos años, varios importantes funcionarios iraníes, indicaron que no han podido detectar ninguna evidencia que sugiera el hecho de que los activistas detenidos son en realidad, espías.
Sepehri Far declaró que, si las autoridades desearan evitar los abusos a los arrestados, deberían comenzar por eliminar las acusaciones falsas contra los defensores de los derechos humanos que ya se encuentran injustamente encarcelados, deberían investigar las acusaciones de torturas y llevar a los culpables ante la justicia.