La Comisión Interamericana de Derechos Humanos realizó dos audiencias sobre Cuba en su 189 período de sesiones, una sobre las violaciones al derecho de asociación en la isla y otra sobre las denominadas misiones médicas.
Una coalición de organizaciones de la sociedad civil habló en la primera audiencia sobre un patrón sistemático que el régimen cubano emplea para desarticular organizaciones de la sociedad civil independiente, centrados en la neutralización de liderazgos y la imposición de restricciones operativas y legales.
Entre los patrones que presentaron están el hostigamiento y la persecución, las detenciones arbitrarias, las restricciones a la libertad de expresión y reunión, el control de los medios y la censura, restricciones al financiamiento y recursos y estigmatización de las organizaciones y sus miembros, calificándolos de mercenarios o traidores.
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Declaraciones de Stuardo Ralón
“Hemos tenido una audiencia muy importante sobre la represión que hay en Cuba, en donde se está pretendiendo suprimir los liderazgos que exigen libertad, que exigen democracia y es una audiencia que se realizó en el marco del 189 periodo de sesiones, donde le piden a la comisión se manifieste exigiendo la liberación de los presos políticos, de los presos de conciencia y que sea la Comisión quien lidere una voz, haciendo un llamado a la comunidad internacional para que no se normalice ni se invisibilice este mecanismo de represión sistemática en contra de los que piden libertad y de los que piden democracia en la isla”, declaró a Martí Noticias el Comisionado Stuardo Ralón, Relator de la CIDH para Cuba.
La coalición de grupos de la sociedad civil pidieron a la CIDH que emita una declaración pública demandando que el estado cubano libere a los encarcelados por ejecer su derecho a la libre asociación; que reconozca las restricciones al derecho de asociación en Cuba y sus repercusiones sobre los activistas; requerir que Cuba cumpla con sus compromisos internacionales en derechos humanos y que pida una sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos para discutir esa problemática.
Entre los participantes en la primera audiencia se encontraban los abogados Laritza Diversent y Julio Ferrer, de Cubalex, y Johanna Villegas, del Instituyo Raza e Igualdad, con la participación por forma virtual de Camila Rodríguez, de Justicia 11J, y Yanelys Nuñez, del Observatorio de Género Alas Tensas.
Laritza Diversent y Julio Ferrer de Cubalex y Johanna Villegas del Instituto Raza e Igualdad, testifican en una audiencia de la CIDH sobre Cuba, Washington, D.C., 29 de febrero del 2024
Médicos cubanos laboran en “condiciones de esclavitud”
La segunda audiencia sobre Cuba se centró en las denominadas misiones médicas de Cuba. Javier Larrondo, presidente de la organización Prisioners Defenders habló de las “condiciones de esclavitud” de los médicos cubanos en el exterior.
Larrondo dijo que los galenos cubanos ven retenidos sus pasaportes y títulos profesionales, son vigilados, y reciben sólo entre el 5 y el 20 % de lo que gobiernos e instituciones extranjeras pagan por sus servicios al régimen cubano.
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Javier Larrondo: "países que reciben a las misiones medicas cubanas son cómplice"
El presidente de Prisoners Defenders denunció que más de 5.000 menores en Cuba, hijos de médicos cubanos que han huido de la isla tras misiones, están separados de sus padres de manera forzosa, como consecuencia de la llamada "ley de los ocho años”.
Explicó que las leyes cubanas imponen ocho años de impedimento de entrada al país a los funcionarios, entre ellos los médicos, que decidan no regresar a la isla tras cumplir "misiones" en el extranjero.
Un punto que surgió en la audiencia fue el de la complicidad de las naciones que reciben estas misiones médicas.
“Si no hubiera demanda, no habría suministro. Pero, además, la complicidad es muy evidente, porque los convenios fijan condiciones que son violatorias de toda la legislación internacional, los convenios que se han hecho públicos o que han llegado a nuestras manos, no siendo públicos, siendo secretos, todos violan la legislación internacional. Por lo tanto, los países que están contratando estas misiones, no sólo las médicas, las multinacionales que compran estos empleados, todos son perfectamente cómplices”, concluyó Larrondo.