El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de Naciones Unidas pidió al régimen cubano “una compensación y otras reparaciones” a la activista Keilylli de la Mora Valle porque su arresto en abril de 2020 “fue arbitrario y violatorio del derecho internacional”.
“Yo no creo que el régimen asesino de Castro-Canel haga caso del nuevo pronunciamiento de la ONU sobre mí”, dijo De la Mora Valle ante la resolución del organismo internacional.
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“Ni me van a indemnizar y mucho menos me van a retirar la sanción que estoy cumpliendo actualmente. Yo pienso que ellos no aceptarán eso”, opinó la activista.
Keilylli de la Mora Valle fue detenida por quitarse su nasobuco, muy cerca de su vivienda en la ciudad de Cienfuegos, el 12 de abril de 2020. Fue condenada el 7 de mayo de 2020 a un año y medio de prisión por los supuestos delitos de “propagación de epidemias, desacato, resistencia y desobediencia”. En marzo de 2021 salió en libertad condicional.
Según un informe del Grupo de Trabajo de la ONU publicado la pasada semana, el régimen encarceló a la activista, miembro de la Unión Patriótica de Cuba, sin fundamentos legales y su detención se debió al ejercicio de su derecho a la libertad de expresión y asociación.
El Grupo de Trabajo, compuesto por cinco peritos independientes de diferentes regiones del mundo, consideró que la privación de libertad de De la Mora Valle contraviene la Declaración Universal de Derechos Humanos, así como los Principios y Directrices Básicos de las Naciones Unidas sobre los Recursos y Procedimientos relacionados con el Derecho de Toda Persona Privada de Libertad a Recurrir ante un Tribunal.
Asimismo, quebranta, el Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión y las reglas mínimas para el tratamiento a los reclusos y reclusas.
En opinión de los expertos la incomunicación, la falta de acceso a un abogado, los malos tratos y las condiciones inhumanas de detención, hicieron imposible que De la Mora Valle recibiera un juicio justo con las garantías del debido proceso.
El 14 de diciembre de 2020, el Grupo de Trabajo solicitó al Gobierno que proporcionase información detallada sobre esta detención.
El Gobierno de Cuba respondió el 12 de febrero de 2021 que la información puesta en conocimiento del Grupo de Trabajo “revela motivaciones de carácter político y responde a un intrínseco interés por desacreditar la promoción y protección de todos los derechos humanos para todos en Cuba”.