En un informe titulado "Cuba: la resistencia frente a la censura", la ONG Artículo 19 advierte que el gobierno cubano decidió hace años que la única forma de hacer frente a las manifestaciones de descontento, crítica u oposición es la represión política.
El documento, presentado este martes, ofrece un análisis de la situación de la libertad de expresión en la isla durante el 2023, y permite evidenciar patrones represivos, como la movilización de la policía, la Seguridad del Estado e instituciones como el monopolio estatal de las comunicaciones ETECSA en fechas relevantes.
También advierte que el deterioro extremo de las condiciones de vida en Cuba puede conducir a nuevos estallidos sociales, dijo en la presentación Claudia Ordóñez, representante de Artículo 19 para Centroamérica y el Caribe.
Artículo 19 subrayó el hecho de que, en condiciones de represión extrema y éxodo masivo, todavía continúan ocurriendo estallidos en Cuba, testimonio de que estas manifestaciones de descontento no han podido ser eliminadas por el régimen.
El domingo pasado estallaron protestas populares en varias localidades de la isla. Los cubanos demandaban al gobierno una solución a la escasez de alimentos, los continuos apagones y la falta de libertades fundamentales, como el derecho a la manifestación pacífica.
La ONG denunció que el año pasado en Cuba continuaron las dinámicas represivas de años anteriores, orientadas a afianzar el control del Estado sobre la sociedad.
Entre enero y diciembre de 2023, Cuba vivió una continuidad en las "estrategias represivas y el acoso sostenido contra el activismo y el periodismo independiente", y en algunos casos se acentuaron las dinámicas represivas de años anteriores, orientadas a afianzar el control del estado sobre la sociedad.
Lee también Protestas del 17M en CubaDurante el año se registró un total de 274 agresiones, las más recurrentes fueron las detenciones arbitrarias, la supresión del servicio de internet y el arresto domiciliario, señala el reporte.
Aunque la organización registró menos agresiones que en el 2022, cuando contabilizaron un total de 403, "es importante destacar que esta disminución no es un indicio de la disminución de la violencia contra las personas que ejercen la libertad de expresión, ni contra los periodistas, sino más bien es el resultado de una política sistemática de acoso que ha llevado a las personas a silenciarse o bien a salir de manera forzada de Cuba", subrayó Ordóñez.
Artículo 19 mencionó, entre otros, los casos de los periodistas Lázaro Yuri Valle Roca, sentenciado a cinco años de prisión por el presunto delito de propaganda enemiga de carácter continuado, y Miguel Ángel Cuza, condenado a un año y seis meses de cárcel por el supuesto delito de desorden público.
El punto de inicio de tal proceso puede ubicarse en la publicación en 2018 del Decreto Ley 370, que buscaba sancionar la labor de activistas y periodistas.
Este Decreto Ley, al que siguieron otros como el 349, anunciaba claramente una dinámica –extendida hasta el presente– de represión y restricción de derechos.
Artículo 19 agregó que el Decreto Ley 370 ha permitido sancionar a periodistas, activistas y ciudadanos activos de manera arbitraria, y fue el primer paso en un proceso de generación de instrumentos legales destinados a la restricción de la libre expresión.