La Fiscal General de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, rechazó el fallo que emitió ayer el Tribunal Supremo de Justicia en el que permite a Nicolás Maduro convocar a una asamblea que redacte una nueva Carta Magna sin necesidad de que se realice un referendo.
Ortega Díaz reiteró este jueves que una Asamblea Nacional Constituyente solo puede ser convocada por el pueblo y que no se puede pedir una modificación del texto constitucional "sin la aprobación del pueblo de Venezuela" y pidió una "aclaratoria" a la Sala Constitucional de la máxima corte por esta decisión.
En la escalinata del TSJ, Ortega cuestionó el dictamen de esa corte que calificó como un "retroceso" de la democracia y los derechos humanos.
"He solicitado a la Sala Constitucional aclare lo referido a la progresividad de los derechos humanos porque esta sentencia es un retroceso", declaró Ortega, tras entregar el documento a ese órgano del TSJ, acusado por la oposición de ser apéndice del gobierno.
Para elaborar la Carta Magna vigente, de 1999, el entonces presidente Hugo Chávez convocó a un referendo, pero ahora, dijo la fiscal, la "participación popular ha sido reducida a su mínima expresión".
La fiscal, de orígenes chavistas, aseguró además que, según la ley, el presidente puede tener la iniciativa, pero es "al pueblo" al que le corresponde convocar a una Asamblea Constituyente.
"Hemos solicitado la aclaratoria de si perdió vigencia la democracia participativa y protagónica. De la letra de la sentencia, parece, se elimina", sentenció la funcionaria.
Analistas destacaron que aunque la solicitud de la fiscal a la Sala Constitucional no afecta legalmente el avance del proceso, tiene peso político.
"Deja constancia de su opinión y coloca en el debate el problema, muestra las divisiones y diferencias en el chavismo. No tiene impacto legal, pero los símbolos y la política es el plano donde realmente todo esto se maneja", declaró a AFP el analista Luis Vicente León.
Ortega ya había cuestionado el llamado a la Constituyente, según una carta filtrada a la prensa hace dos semanas, por estimar que "acelerará" la crisis en medio de protestas opositoras que dejan 60 muertos en dos meses. Pero este jueves dejó sentada su posición.
"Tiene un efecto político. Pone en evidencia el conflicto, lo deja abierto", aseguró a AFP el constitucionalista José Ignacio Hernández, para quien la fiscal "resumió bien el punto: sin consulta popular no hay Constituyente".
Ortega ensanchó la grieta abierta tras denunciar como "una ruptura constitucional" sentencias con las que el TSJ se adjudicó temporalmente las facultades del Parlamento, único poder controlado por la oposición.
"A lo interno, echa por tierra el discurso revolucionario, las banderas chavistas de la democracia, porque sin duda" la sentencia del TSJ "acaba con la democracia protagónica e interpreta regresivamente la Constitución", opinó el constitucionalista Juan Manuel Raffalli.
Las voces de chavistas que cuestionan la Constituyente han venido creciendo. Dos magistrados, la exdefensora del Pueblo Gabriela Ramírez y otros exfuncionarios oficialistas, también han expresado reparos.
"Si esta gotera aumenta su velocidad, abrirá una zanja que dividiría a los chavistas en dos bloques: uno en defensa de la Constitución y otro en defensa de la estabilidad de Maduro", dijo a la AFP el sociólogo Héctor Briceño.
(Con información de las Agencias Afp y Efe)