Los casos de los opositores cubanos José Daniel Ferrer García, Luis Manuel Otero Alcántara y Maikel Castillo Pérez (El Osorbo) fueron destacados por la organización internacional Human Rights Watch en su informe anual de derechos humanos a nivel global.
La entidad abordó extensamente la situación de Cuba durante 2023, en la 34.a edición del Informe Mundial en la que analiza las prácticas de derechos humanos en casi 100 países.
En el caso de Cuba, la entidad reconoce que el régimen de La Habana "continúa reprimiendo y castigando prácticamente cualquier forma de disenso y crítica pública, y que los cubanos siguen padeciendo una crisis económica severa que impacta en sus derechos básicos".
"Cientos de críticos del gobierno y manifestantes, incluyendo muchos de los que salieron a las calles en las protestas de julio de 2021, siguen detenidos arbitrariamente. Las manifestaciones continuaron durante 2023, en respuesta a apagones, la escasez de comida y medicamentos y el deterioro de las condiciones de vida. Los cubanos siguieron abandonando el país en números sin precedentes. Estados Unidos continuó con su fallida política de aislamiento hacia Cuba, incluyendo el embargo", plantea el reporte.
A continuación reproducimos íntegramente las valoraciones de HRW sobre la situación de derechos humanos en la isla:
Detenciones y acusaciones arbitrarias
El gobierno continuó llevando a cabo detenciones arbitrarias para hostigar e intimidar a críticos, activistas independientes y opositores políticos.
Dos años después de las protestas de julio de 2021, las más multitudinarias desde la revolución cubana, organizaciones de defensa de derechos humanos contabilizaron a más de 700 personas, incluyendo más de 70 mujeres, que permanecían encarceladas en relación con las protestas. Muchas estuvieron incomunicadas en detención. Algunos fueron sometidos a maltratos y, en ciertos casos, torturas.
El gobierno afirmó que más de 380 personas detenidas en el contexto de las protestas, incluyendo varios niños y niñas, cumplían una condena. Algunos fueron juzgados en tribunales militares, lo cual viola el derecho internacional. A varios se les imputó el delito de “sedición” en juicios ordinarios—en relación con supuestos hechos de violencia, como arrojar piedras—y recibieron penas desproporcionadas de hasta 25 años de prisión. Muchos sólo fueron procesados en juicios sumarios por cargos definidos vagamente como “desorden público” o “desacato”.
La fiscalía presentó como conductas delictivas acciones como criticar al gobierno en redes sociales o protestar pacíficamente, que constituyen ejercicios legítimos de la libertad de expresión y de asociación. Además, los fiscales utilizaron pruebas poco creíbles y sin corroborar.
Migración
Entre enero de 2022 y octubre de 2023, la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos aprehendió a más de 420.000 cubanos. Esta cifra podría incluir múltiples aprehensiones a las mismas personas. Muchos viajaron hacia el norte a través de Nicaragua, que a fines de 2021 eximió el requisito de visado para cubanos.
Además, entre octubre de 2022 y julio de 2023, la Guardia Costera de Estados Unidos interceptó a más de 6.800 cubanos en el mar.
Además, muchos cubanos han huido a países distintos de Estados Unidos, incluyendo en América Latina y Europa.
Restricciones a la posibilidad de viajar
Desde que se implementaron reformas en 2013, muchas personas a quienes anteriormente se les había negado el permiso para viajar a Cuba o desde el país han podido hacerlo, incluidos defensores de derechos humanos y blogueros. Sin embargo, las reformas otorgaron al gobierno amplias facultades discrecionales para restringir los viajes por motivos de “defensa y seguridad nacional” u “otras razones de interés público”.
El gobierno siguió prohibiendo a los críticos abordar aviones para visitar o regresar a su propio país, lo cual viola el derecho internacional de los derechos humanos.
Derechos económicos y sociales
La crisis económica de Cuba afecta gravemente la posibilidad de las personas de ejercer derechos económicos y sociales. Los cubanos padecen apagones del servicio eléctrico y una grave escasez de comida, medicamentos y otros productos básicos. En febrero, las autoridades dijeron que los cubanos debían prever apagones de tres horas diarias durante varios meses.
En mayo, la directora de operaciones de la industria farmacéutica cubana dijo que las autoridades no podían conseguir muchos medicamentos que necesita la población cubana. Atribuyó la escasez de medicamentos al embargo impuesto por Estados Unidos.
Las autoridades cubanas, en mayo, reportaron un descenso de la esperanza de vida, que pasó de 78,07 años entre 2014 y 2016 a 77,7 años entre 2018 y 2020. También reportaron un aumento de la mortalidad infantil, que pasó de 4,9 muertes por cada 100.000 nacidos vivos en 2020, a 7,5 en 2022.
Presos políticos
En noviembre, Cuba mantenía encarceladas a más de 1.000 personas, incluyendo 34 adolescentes y otros niños y niñas, que cumplían con la definición de presos políticos, según Prisoners Defenders, una organización con sede en Madrid.
Los cubanos que critican al gobierno se enfrentan al grave riesgo de ser perseguidos penalmente. No se les garantiza el derecho al debido proceso, incluyendo el derecho a audiencias justas y públicas ante un tribunal competente, independiente e imparcial. En la práctica, los tribunales están subordinados al poder ejecutivo.
José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, el principal partido de oposición, permanecía en prisión en el momento de redactar este informe. En abril de 2020, un tribunal de Santiago de Cuba lo condenó a cuatro años y medio de “restricciones a las libertades” por una supuesta “agresión”. El Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria consideró arbitrario este caso. En julio de 2021, Ferrer fue detenido por policías mientras se dirigía a una manifestación. Un tribunal de Santiago de Cuba decidió, en agosto de 2021, que Ferrer no había cumplido con las “restricciones a las libertades” y lo envió a la prisión de Mar Verde. Sus familiares aseguran que Ferrer ha permanecido incomunicado durante largos periodos y que sufre problemas de salud.
En junio de 2022, un tribunal de La Habana condenó a los activistas Luis Manuel Otero Alcántara y Maykel Castillo Pérez, quienes en 2021 interpretaron el video musical de “Patria y vida”, que reformula el viejo lema del gobierno “patria o muerte” y critica la represión en el país. Se los procesó por acusaciones que violan su derecho a la libertad de expresión, como publicar un meme del presidente Díaz-Canel. Otero y Castillo recibieron penas de cinco y nueve años de prisión, respectivamente.
Condiciones en centros de detención
Las prisiones del país en general están hacinadas. No existe en la práctica un mecanismo a través del cual los detenidos puedan presentar reclamos por abusos.
El gobierno sigue sin permitir que organizaciones de derechos humanos internacionales y cubanas accedan a las cárceles. En junio de 2022, el Comité contra la Tortura de la Naciones Unidas expresó su preocupación por las “denuncias sobre patrones de maltratos y tortura hacia los reclusos”.
Libertad de expresión
El gobierno controla prácticamente todos los medios de comunicación de Cuba, restringe el acceso a información proveniente del extranjero y censura habitualmente a críticos y periodistas independientes.
El mayor acceso a Internet ha permitido que los activistas pudieran comunicarse, denunciar abusos y organizar protestas. Algunos periodistas y blogueros publican artículos, videos y noticias en páginas web y redes sociales, como X (anteriormente conocida como Twitter) y Facebook.
Las autoridades suelen bloquear el acceso a muchas páginas web de noticias dentro de Cuba y han impuesto en repetidas ocasiones restricciones individuales y, por momentos, generalizadas al acceso de los críticos a los datos de telefonía móvil.
En mayo de 2023, la Asamblea Nacional aprobó una Ley de Comunicación Social que restringe fuertemente el funcionamiento de medios de comunicación independientes e incluye prohibiciones excesivamente amplias, como la prohibición de “sustentar la agresión comunicacional que se desarrolla contra el país”, que podría utilizarse para censurar críticas.
Derechos laborales
Cuba ratificó tratados de la Organización Internacional del Trabajo sobre libertad de asociación y la negociación colectiva, pero el Código de Trabajo cubano—actualizado en 2014—viola esos derechos.
En un informe de abril de 2023, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos encontró “patrones sistemáticos de violación de los derechos humanos laborales”, incluyendo medidas limitadas para la protección de la salud y seguridad laboral, y falta de libertad de expresión en el lugar de trabajo.
Miles de trabajadores de la salud cubanos enviados al extranjero prestan valiosos servicios. Sin embargo, el gobierno les impone normas que violan sus derechos fundamentales, incluyendo a la privacidad, la libertad, la circulación y la libertad de expresión y asociación.
Defensores de derechos humanos
Al rehusarse a reconocer el trabajo en derechos humanos como una actividad legítima, el gobierno niega estatus legal a las organizaciones cubanas que desempeñan esa tarea. Ha sido habitual que las autoridades hostiguen, agredan y encarcelen a defensores de derechos humanos que documentan abusos.
En junio de 2023, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos concluyó que el gobierno cubano fue responsable de la muerte, en 2012, de los activistas por la democracia Oswaldo Payá y Harold Cepero.
Orientación sexual e identidad de género
La Constitución de 2019 prohíbe expresamente la discriminación sobre la base de la orientación sexual y la identidad de género. Sin embargo, muchas personas LGBT sufren violencia y discriminación, sobre todo en el interior de Cuba.
En julio, Prisoners Defenders reportó que más de 100 mujeres transgénero encarceladas en Cuba están recluidas con hombres, en violación de estándares internacionales de derechos humanos.
En septiembre de 2022 se aprobó por referendo un nuevo Código de las Familias que incluye una definición de matrimonio neutral en cuanto al género. Con ello Cuba legalizó el matrimonio entre personas del mismo sexo.
Derechos de las personas con discapacidad
Cuba no ha armonizado su legislación nacional con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Tampoco ha implementado políticas para abordar los derechos de las personas con discapacidad en lo concerniente a accesibilidad, acceso a la justicia, capacidad legal, educación, vida independiente y empleo. Los niños y niñas con discapacidad son enviados a escuelas especiales segregadas.
Derechos de mujeres y niñas
Cuba despenalizó el aborto en 1965. El procedimiento se ofrece sin cargo en los hospitales públicos.
En julio de 2023, los legisladores reportaron un aumento de los embarazos en mujeres y niñas menores de 19 años e informaron que casi el 20 % de los embarazos en el país correspondían a embarazos de personas menores de 19 años. Igualmente, aseguraron que estas tasas eran mayores en algunas zonas de Cuba entre adolescentes negras, que viven en zonas rurales o tienen bajos ingresos.
Entre enero y julio, Yo Sí Te Creo, una organización no gubernamental de apoyo a las sobrevivientes de violencia basada en género, reportó 54 “feminicidios” en Cuba. El gobierno no publica cifras oficiales de asesinatos por motivos de género.
Actores internacionales clave
La comunidad internacional no ha conseguido, a lo largo de décadas, que haya avances sostenidos en materia de derechos humanos en Cuba.
El embargo estadounidense sigue proporcionando al gobierno cubano una excusa para sus problemas, un pretexto para sus abusos y una forma de lograr el apoyo de gobiernos extranjeros que, de otro modo, podrían estar dispuestos a condenar más enérgicamente las prácticas represivas del país.
En noviembre de 2023, la Asamblea General de la ONU votó abrumadoramente a favor de condenar el embargo. La resolución recibió el apoyo de 187 países. Estados Unidos e Israel se opusieron. Ucrania se abstuvo.
La Unión Europea mantuvo su política de relaciones con reservas ante Cuba. En mayo de 2023, el alto representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, visitó Cuba. Borrell condenó el embargo estadounidense y señaló que la UE y Cuba tenían “diferencias” en cuanto a los “conceptos de los derechos humanos”, pero añadió que la UE “no tiene ni la capacidad ni la voluntad de imponer cambios en Cuba”. En noviembre, el representante especial de la Unión Europea para los Derechos Humanos, Eamon Gilmore, visitó Cuba, donde se reunió con el gobierno y con miembros de la sociedad civil y pidió la liberación de personas detenidas arbitrariamente.
En julio, el Parlamento Europeo aprobó una resolución condenando las violaciones sistemáticas de derechos humanos y los abusos contra los manifestantes en Cuba.
En mayo, el secretario de Estado de Estados Unidos volvió a incluir a Cuba en la lista de Estados patrocinadores del terrorismo, una política aplicada inicialmente por el expresidente estadounidense Donald Trump en 2021. El presidente Joe Biden ha condenado repetidamente los abusos contra manifestantes y ha impuesto sanciones selectivas a varios funcionarios que están creíblemente vinculados a la represión.
En enero de 2023, la administración Biden anunció un programa de permanencia temporal humanitaria para los cubanos que tengan un apoyo financiero en Estados Unidos. En julio, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos dijo que 38.000 cubanos habían sido evaluados y se les había aprobado viajar a Estados Unidos en lo que va de año.
A pesar de su pésimo historial en materia de derechos humanos, en octubre, Cuba fue elegida miembro del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas por sexta vez.