Por falta de una vivienda, unas 15 familias, incluidos niños y personas enfermas, ocupan desde hace años el antiguo hotel Perla, considerado en otra época una joya arquitectónica de la ciudad de Morón, en la provincia de Ciego de Ávila.
La edificación de dos plantas, situada en la calle Coronel Hernández, muy cerca de la estación de trenes de la localidad, está en condiciones paupérrimas y en peligro de derrumbe. Sus ocupantes obtienen el suministro de agua y electricidad de forma ilícita, dijo a Radio Televisión Martí la periodista independiente Dairis González Ravelo, que visitó la instalación este martes para conocer detalles de la situación que enfrentan estas personas.
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Llevan años viviendo en este edificio que las autoridades amenazan con desalojar
“Eso era parte del patrimonio de la comunidad de Morón. Era un hotel muy bello, muy lindo, y ahora está en ruinas totalmente, todo se moja, está a la intemperie… Cuando estás durmiendo caen piedras del techo del segundo piso”, explicó.
Hasta ahora “no ha venido ningún funcionario del Gobierno o del Partido” a interesarse por la situación de los residentes, “solamente han recibido la visita de inspectores de la vivienda para tratar de sacarlos”, añadió González Ravelo.
Misleydis Díaz Escalante vive en el lugar con sus dos hijas pequeñas, una de dos años y otra de ocho meses de edad, además de su esposo, que se encuentra enfermo. La mujer cuenta que las 36 personas que residen en el lugar ocupan el primer piso, porque la planta superior perdió parte del techo y la escalera se derrumbó, lo que hace imposible el acceso.
Díaz Escalante asegura que por años no han recibido atención de parte de las autoridades municipales.
“Vivo aquí hace seis años, y el agua cuando llueve se me filtra por la orilla de las camas de las muchachitas y caen piedras del techo del edificio. Yo fui al gobierno para ver si me pueden dar una ayuda con materiales, aunque tenga que pagarlos, y dicen que no, porque como somos ilegales nada de eso nos puede dar”, señala.
Sin embargo, sí han recibido múltiples amenazas de desalojo por parte de inspectores del Departamento de Vivienda, acompañados del jefe de sector de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR), denuncia Díaz Escalante.
“El jefe de sector viene muchísimo, pero nosotros no hemos dejado que nos saquen, y le hemos dicho que no tenemos donde a ir con los niños”, apuntó.
Según González Ravelo señala que el reclamo de estas personas es que las autoridades los relocalicen en algún lugar con mejores condiciones habitacionales.
“Bueno, ellos aspiran a que el gobierno les dé un lugar con mejores posibilidades, aunque sea pequeño, pero que no se moje y que tenga condiciones para criar a sus hijos”, expresó la comunicadora.
Al cierre de 2019, Cuba alcanzó un déficit habitacional de un millón 331 mil viviendas, con La Habana y Santiago de Cuba entre las provincias más afectadas, según Santiago Lages Choy, presidente de la Comisión de Industrias, Construcción y Energía de la Asamblea Nacional del Poder Popular.
En la isla, casi la mitad de las viviendas necesita rehabilitación o reparación (47%), y un 5% está en peligro de derrumbe, indicó el Segundo Informe sobre Derechos Sociales, realizado por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, que fue publicado el pasado mes de junio.
Mientras, el faltante de materiales de construcción en el país es crítico, no hay cemento, arena, piedra y acero en los rastros estatales, donde compran la mayoría de los cubanos, y en las ferreterías por dólares los precios son elevados y escasas las ofertas.