Expertos llaman en ONU a intervenir ante crímenes de lesa humanidad en Nicaragua

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Un grupo de expertos creado por la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH) para investigar la represión en Nicaragua en 2018 presentó este martes en Ginebra un informe en uno de los actos del actual Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas que hasta mediados de mes la situación de las libertades fundamentales en todo el mundo.

El informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), contiene detalles de la escalada de represión que ha dejado decenas de muertos desde abril pasado.

La abogada Claudia Paz y Paz, Miembro del GIEI, dijo a la agencia de noticias EFE que la comunidad internacional debe seguir atenta al país centroamericano e intervenir ante los crímenes cometidos.

"Es fundamental que la comunidad internacional no quite la mirada de Nicaragua", ya que, "al tratarse de crímenes de lesa humanidad, debe intervenir para que esa situación se modifique", explicó.

"Logramos documentar que en el periodo que comprendía nuestro mandato, del 18 de abril al 30 de mayo, hubo 109 muertes violentas, de éstas la gran mayoría fueron con arma de fuego, y más de 1.400 heridos", señaló a EFE Paz y Paz.

Según los observadores, la represión de estas protestas ha causado más de 300 muertos (el informe del CIDH, que documenta únicamente 109, sólo estudió los primeros meses de violencia) y la detención de periodistas, líderes campesinos y estudiantiles y miembros de organizaciones de derechos humanos.

El grupo de investigadores, también compuesto por el abogado italiano Amérigo Incalcaterra y la socióloga peruana Sofía Macher, recomendó tras la elaboración del informe investigar al presidente del país, Daniel Ortega, por su responsabilidad directa en los actos cometidos por las fuerzas de seguridad.

En representación de la Iniciativa Mesoamericana de Defensoras sobre las violaciones de derechos humanos en Nicaragua, la estudiante Madelaine Caracasabordóla situación de los presos políticos, activistas y exiliados, informó este martes La Prensa.

“Las sanciones individuales a Ortega y cabezas del Gobierno deben seguir pendientes sobre la mesa, para obligar a Ortega que sean negociaciones de verdad y no para oxigenarse”, dijo Caracas, citada por La Prensa.

En enero pasado, más de 200 organizaciones enviaron una petición al Consejo para que adopte una resolución sobre la crisis en Nicaragua, destacó el diario.

Ortega y oposición continúan discutiendo hoja de ruta del diálogo

Mientras, en la mesa de negociación, los representantes del Gobierno y de la Alianza Cívica han avanzado lentamente en la definición de la agenda y de los mecanismos del proceso de diálogo.

Carlos Tunnermann y Azalea Solis, de la Alianza Cívica, hablan con la prensa tras una sesión del Diálogo Nacional con el gobierno de Daniel Ortega.

En un documento adoptado este lunes, ambas partes reiteraron que "se continuó discutiendo la hoja de ruta de la negociación", y que una vez aprobada se procederá a la discusión de la agenda, reportó la agencia EFE.

Durante la jornada, la no gubernamental Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) cuestionó que el Gobierno estableciera medidas cautelares a reos que no tienen procesos judiciales en su contra, lo que legalmente "no es posible".

Los reos con medidas cautelares son unas 100 personas que han participado en protestas contra el presidente Ortega y que fueron trasladados de las cárceles del Sistema Penitenciario Nacional (SPN) hacia sus casas el miércoles pasado, previo al inicio de la mesa de negociación.

Parte de esos manifestantes encarcelados sufren problemas mentales, denunció, por su lado, el Comité Pro Libertad de Presas y Presos Políticos.

"Están saliendo muy enfermos, hay jóvenes que no duermen, escuchan ruidos, otros que ni siquiera desean comer o se quedan dormidos", dijo la integrante del Comité Lilliam Ruiz a periodistas.

El Comité Pro Libertad de Presas y Presos Políticos ya ha dispuesto un protocolo de atención médica, tanto para padecimientos psicológicos como físicos, según dijo Ruiz, madre de Hansel Vásquez, condenado a 17 años y 3 meses de prisión por "terrorismo" y otros delitos.

(Con información de EFE y La Prensa)