La Red Femenina de Cuba (RFC) exigió este miércoles un nuevo ordenamiento jurídico en la isla para evitar la violencia contra las mujeres.
“La situación es de extrema gravedad. En menos de un mes y medio han muerto seis mujeres, víctimas de violencia de género. A este ritmo, serán 75 a final de año”, denunció Elena Larrinaga, presidenta de la organización, en declaraciones a Radio Televisión Martí.
Las activistas consideran “imprescindible” potenciar políticas públicas y mecanismos jurídicos para evitar la impunidad frente a cualquier tipo de violencia contra la mujer, “sea doméstica o institucional”. En este sentido, demandan la aprobación urgente de una Ley Integral contra la Violencia de Género.
“Cuba es el único país del hemisferio que no tiene tipificada la violencia de género como delito. Es urgente brindar la protección más elevada a las víctimas y sus familias, pero también medidas de prevención”, agregó Larrinaga.
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Michel Suárez reportó desde Madrid
La organización, con sedes en Madrid y La Habana, exige al régimen cubano una armonización de la legislación local con las normas internacionales de derechos humanos, la reforma del sistema de justicia penal, más formación para jueces y agentes del orden público y la creación de tribunales especiales, entre otras medidas.
Recientemente, catorce organizaciones de la sociedad civil cubana, incluida la RFC, instaron al gobierno a declarar el “Estado de Emergencia por violencia de género”.
El asesinato de una adolescente de 17 años de edad, el sábado pasado, en una subestación policial de Camagüey, es uno de los casos domésticos más recientes. En los últimos tres años, unas 102 cubanas habrían muerto a manos de sus maridos, según la Red.
Por otro lado, el grupo afirma que “tampoco se cumple” el derecho a la libre participación política de la mujer, cuya vulneración “se ha sistematizado”. Y denuncia que, “en pleno cumplimiento de la norma vigente, tres activistas de la Red Femenina de Cuba fueron detenidas al presentar el permiso para manifestarse el Día Internacional de la Mujer”.
De acuerdo con organizaciones de derechos humanos, el régimen mantiene privadas de libertad a 123 mujeres, entre ellas cinco menores de edad, desde las protestas populares del 11J.