Los eurodiputados deben ratificar el miércoles el primer marco diplomático entre la UE y Cuba, pese a la inquietud sobre la situación de los derechos humanos en la isla y después que el presidente estadounidense, Donald Trump, enfriara el acercamiento de su predecesor.
"Es un acuerdo decisivo (...) Es un gesto de la Unión Europea hacia América Latina en un momento en el que el examigo americano parece darles la espalda", aseguró a la AFP la ponente de este acuerdo en el Parlamento Europeo, la eurodiputada socialdemócrata española Elena Valenciano.
Cuba se convirtió en diciembre de 2016 en el último país latinoamericano en firmar un acuerdo de relaciones diplomáticas con el bloque, las cuales se regían hasta entonces por la denominada Posición Común de 1996 que vinculaba la cooperación europea a "mejoras" en los derechos humanos.
Negociado durante casi dos años desde abril de 2014, la cuestión de los derechos humanos fue uno de los escollos de este Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación, así como durante su trámite en el Parlamento Europeo que deberá votarlo el miércoles en Estrasburgo (noreste de Francia) tras debatirlo el martes.
Para superar el obstáculo, los negociadores decidieron abordar con La Habana los derechos humanos en un diálogo separado, principio plasmado también en el texto del acuerdo y en cuya última edición celebrada en mayo la UE urgió al respeto de los "estándares electorales internacionales".
Aunque el acuerdo firmado en diciembre contempla además la posibilidad de suspenderlo en caso de violar los compromisos sobre derechos humanos, muchos eurodiputados, especialmente conservadores y liberales, reclamaron un lenguaje más duro en esta cuestión y respecto a libertades públicas.
La Eurocámara votará así el miércoles, además del acuerdo, una resolución de acompañamiento en la que los eurodiputados urgen a la UE, entre otras medidas, a prestar ayuda "con la transición económica y política en Cuba, alentando la evolución hacia estándares democráticos", según el texto.
La ponente parlamentaria de esta resolución, que insta también a la liberación de todas las personas encarceladas "por sus ideales y su actividad política pacífica", reconoció que alguno de los puntos no serían del agrado de La Habana, pero tampoco de todos los opositores.
Uno de ellos, Guillermo Fariñas, distinguido por la Eurocámara en 2010 con el premio Sájarov de derechos humanos, pidió en octubre el 'no' de los eurodiputados al acuerdo, al considerar que "legitima" al régimen comunista e implica "50 años más de dictadura" en la isla.
"Los opositores no tienen todos una postura única" respecto al acuerdo, algunos "animaron" al bloque a probarlo al considerar que "tener un marco de acuerdo con la UE es bueno para el país", explicó Valenciano, subrayando la garantía que representa la "cláusula de derechos humanos" del pacto.
La UE se encamina así a establecer relaciones diplomáticas plenas con la isla antes que Estados Unidos, cuyo actual presidente dejó sin efecto algunos aspectos del histórico acercamiento anunciado a finales de 2014 por el gobernante cubano Raúl Castro y su entonces par estadounidense Barack Obama.
Donald Trump, quien calificó de "brutal" al régimen cubano y lo urgió a liberar a "los presos políticos", anunció en junio el endurecimiento del embargo vigente desde 1962, la limitación de los viajes y la prohibición de los negocios con empresas cubanas administradas por militares.
En su resolución no legislativa, los eurodiputados llaman también al levantamiento del embargo económico impuesto por Estados Unidos, así como su alcance extraterritorial que prevé sanciones a las personas o compañías de terceros países que comercien con Cuba.
Las empresas europeas no quieren perder el tren de la tímida apertura iniciada por Raúl Castro, quien tiene previsto dejar el poder en 2018. El acuerdo busca también facilitar las relaciones comerciales entre Cuba y la UE, que en 2016 alcanzaron los 2.461 millones de euros (unos 2.800 millones de dólares), según Bruselas.
Tras su votación en la Eurocámara, el acuerdo podrá entrar en vigor provisionalmente en una fecha todavía por concretar, a la espera de un largo y complejo proceso de ratificación por los parlamentos de los países miembros, como ya hicieron dos países de la exórbita soviética, Estonia y Hungría.
(AFP)