La justicia española finalmente ha rechazado investigar el accidente aéreo de 2018 en La Habana, donde murieron 113 personas tras estrellarse un Boeing 737, propiedad de la compañía mexicana Global Air y fletado por Cubana de Aviación.
En la querella interpuesta por la única sobreviviente, Mailén Díaz Almaguer, y Pedro Luis Trujillo y Aietana Trujillo, familiares de una de las víctimas, “no se recogen indiciariamente hechos constitutivos de delito alguno”, aseguró el juez Santiago Pedraz, de la Audiencia Nacional, según el auto al que tuvo acceso Radio Televisión Martí.
Afirma, además, que el supuesto “delito de homicidio imprudente”, planteado contra el director general de Global Air, “podría superar los plazos de prescripción”.
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Reporte desde Madrid de Michel Suárez
“Por el mero hecho de que el querellado fuese director general de una empresa (…), no se puede, sin más, atribuírsele penalmente (…) una responsabilidad de tal grado en el accidente”, recoge el auto, que contó con el apoyo de la Fiscalía.
El magistrado califica de “obvio” que “la empresa no puede responder penalmente (…) ante la infalibilidad de sus pilotos” y que “sería necesario acreditar” que estos carecían de la competencia adecuada.
El querellante, según Pedraz, hace “una interpretación” del informe del accidente y “elude las claras conclusiones de la investigación” oficial cubana, que atribuyó la tragedia “a una cadena de errores, con preponderancia en el factor humano”.
Acerca de la pesquisa llevada a cabo por las autoridades cubanas, el juez asegura que “contó, evidentemente, con superiores posibilidades a las que la Jurisdicción española podría tener en este momento, por la distancia geográfica, [y] el paso del tiempo”. Y alega de que no dispone “de las piezas de convicción necesarias para la realización de un costoso informe pericial” por parte de España.
“Puede sostenerse que las conclusiones de dicho informe [oficial cubano] desacreditan las pretensiones del querellante, sin que se aporte ningún otro informe técnico que le contradiga”, expone Pedraz.
La denuncia sostenía que “se vulneraron las normas más elementales de cuidado” sobre al mantenimiento de la aeronave, según publicó en su momento el diario español “La Razón”. Además, afirmaba que “no se han depurado responsabilidades penales, ni mucho menos civiles por las autoridades de ningún Estado”.