El dictamen alega que los tribunales españoles no tienen jurisdicción para investigar la muerte del opositor cubano Oswaldo Payá tal y como demanda su viuda.
La Fiscalía española desestimó una querella presentada por la familia de Oswaldo Payá alegando “falta de jurisdicción” de la justicia de ese país para investigar la muerte del opositor, presuntamente fallecido en un accidente de tránsito el 22 de julio del año pasado.
Teresa Sandoval, fiscal de la Audiencia Nacional, determinó que la querella presentada por la viuda de Payá, Ofelia Acevedo Maura, y su hija, Rosa Maria Payá Acevedo, es "absolutamente incompatible" con el contenido de la sentencia dictada por Cuba.
Según el dictamen, el gobierno español reconoció “la validez y eficacia” de la sentencia dictada en la isla de cuatro años de cárcel por “homicidio imprudente” contra el joven español Ángel Carromero, conductor del auto en que murió Payá.
"Quiere decir ello que la sentencia dictada por las autoridades cubanas por un delito común ha sido objeto de reconocimiento explícito por el Gobierno español, al aceptar su traslado a España para el cumplimiento de la pena", indicó la fiscal.
La familia de Payá ha pedido una investigación imparcial de las circunstancias del deceso del opositor y su viuda declaró al programa radial Herrera en la Onda de la emisora española Onda Cero que la muerte de su marido se debió en verdad a un atentado preparado por la seguridad del Estado.
"Lo vigilaron y fueron detrás de él desde el momento en que salió de La Habana; Oswaldo había sido amenazado de muerte muchas veces", dijo Acevedo, y aseguró que antes de que Carromero "hiciera aquellas declaraciones (denunciando que fue un asesinato político), nosotros teníamos muchísimos indicios de que esto había sido un atentado".
La querella fue formulada específicamente contra el teniente coronel Águilas, jefe de Instrucción de Delitos de la Seguridad del Estado cubana, el coronel Llanes, y otras personas que la Audiencia Nacional pudiese considerar "partícipes" en los hechos que culminaron en la muerte de Payá y el también opositor Harold Cepero.
Pero la fiscal concluyó que los hechos denunciados no constituyen delitos de lesa humanidad y que la sentencia de Cuba contra Carromero es firme y ha sido "recíprocamente reconocida por ambos Estados".
También destacó que tanto la Fiscalía como la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional se pronunciaron ya contra el otorgamiento de un indulto a Carromero por entender que no existen “razones de justicia, equidad o utilidad pública” para concedérselo.
Teresa Sandoval, fiscal de la Audiencia Nacional, determinó que la querella presentada por la viuda de Payá, Ofelia Acevedo Maura, y su hija, Rosa Maria Payá Acevedo, es "absolutamente incompatible" con el contenido de la sentencia dictada por Cuba.
Según el dictamen, el gobierno español reconoció “la validez y eficacia” de la sentencia dictada en la isla de cuatro años de cárcel por “homicidio imprudente” contra el joven español Ángel Carromero, conductor del auto en que murió Payá.
"Quiere decir ello que la sentencia dictada por las autoridades cubanas por un delito común ha sido objeto de reconocimiento explícito por el Gobierno español, al aceptar su traslado a España para el cumplimiento de la pena", indicó la fiscal.
La familia de Payá ha pedido una investigación imparcial de las circunstancias del deceso del opositor y su viuda declaró al programa radial Herrera en la Onda de la emisora española Onda Cero que la muerte de su marido se debió en verdad a un atentado preparado por la seguridad del Estado.
"Lo vigilaron y fueron detrás de él desde el momento en que salió de La Habana; Oswaldo había sido amenazado de muerte muchas veces", dijo Acevedo, y aseguró que antes de que Carromero "hiciera aquellas declaraciones (denunciando que fue un asesinato político), nosotros teníamos muchísimos indicios de que esto había sido un atentado".
La querella fue formulada específicamente contra el teniente coronel Águilas, jefe de Instrucción de Delitos de la Seguridad del Estado cubana, el coronel Llanes, y otras personas que la Audiencia Nacional pudiese considerar "partícipes" en los hechos que culminaron en la muerte de Payá y el también opositor Harold Cepero.
Pero la fiscal concluyó que los hechos denunciados no constituyen delitos de lesa humanidad y que la sentencia de Cuba contra Carromero es firme y ha sido "recíprocamente reconocida por ambos Estados".
También destacó que tanto la Fiscalía como la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional se pronunciaron ya contra el otorgamiento de un indulto a Carromero por entender que no existen “razones de justicia, equidad o utilidad pública” para concedérselo.