La joven Yoandra Mir Cedeño se encuentra en libertad bajo fianza mientras la Fiscalía Municipal busca las pruebas que sustenten el delito que le imputan por compartir en las redes sociales información sobre la corrupción de dirigentes del municipio holguinero de Banes, donde reside.
“La liberaron el miércoles, 27 de marzo. Le pusieron una fianza de 30 mil pesos cubanos. En el papel de la fianza a pagar está ese delito de ‘Actos contra la intimidad personal y familiar, su propia imagen y voz’”, explicó a Martí Noticias el tío de la acusada, el periodista independiente Héctor Julio Cedeño Negrín.
El delito de “Actos contra la intimidad personal y familiar, su propia imagen y voz” está previsto en el Código penal vigente en su capítulo IV y puede acarrear una condena de entre seis meses hasta cinco años, o multas de entre 200 y 1,000 cuotas, o ambas.
Mir Cedeño fue arrestada el 24 de marzo, presuntamente, por seguir al usuario anónimo Cansador cansado que en sus post del perfil Revolico Banes Obelisco denuncia, con imágenes visuales, casos de corrupción de dirigentes de la localidad e implicación en delitos de oficiales de la policía, incluso el Jefe de la PNR (Policía Nacional Revolucionaria).
La policía acusa a Mir Cedeño también de un cargo por Desacato, de acuerdo con el documento presentado para contratar los servicios del abogado.
“Pero ella dice que la Fiscalía le informó que estaba acusada de Desacato, Desobediencia y Resistencia, ¡así que son cuatro delitos!”, dijo Cedeño Negrín.
“La Fiscalía le dice que ellos tienen un mes para presentar pruebas. Todavía no han presentado pruebas. Solo tienen la declaración de los policías. Si no presentan pruebas en el plazo de 30 días tendrían que tomar una determinación, si no la presentan dentro del tiempo estipulado”, agregó.
La Ley del proceso penal, en vigor desde el 1 de enero de 2022, no establece plazos para la culminación o el avance de los procedimientos.
En los últimos cinco años, la Asamblea Nacional del Poder Popular aprobó un grupo de decretos leyes, el Código Penal de 2022 y la Ley de Comunicación de 2023 que criminaliza la crítica hacia los dirigentes y el ejercicio de control ciudadano a través de los medios públicos.
Al menos tres activistas han sido sentenciados por criticar a autoridades cubanas en Facebook: Leandro Pupo Garcés, de Banes Holguín; Yerli Luis Velázquez, de Las Tunas, y Ezequiel Morales Carmenate, de Puerto Padre, también en la provincia tunera.