El relator para Cuba en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el jurista Stuardo Ralón, afirmó que en Cuba "no puede existir respeto a los derechos humanos si no hay democracia".
En una audiencia pública sobre Libertad de Circulación en Cuba, celebrada el jueves en Los Angeles, California, Ralón dijo que la ausencia de democracia en la isla es un tema clave que debe ser reiterado constantemente.
"En Cuba hay una situación que es el punto medular y es la necesidad de que exista una transición a la democracia", recalcó el jurista. "Y ese es un punto que siempre debe de mencionarse porque precisamente cuando se han dado, con movimientos de jóvenes, las voces donde se exige una apertura democrática, hemos visto cómo han venido fortaleciéndose los mecanismos de represión, de tratar de silenciar esas voces".
El relator agregó que la Comisión, adscrita a la OEA, está en contacto regular con grupos de la sociedad civil independiente de Cuba:
"Se ha podido articular una red, la Red Cuba, con la cual conversamos continuamente con distintas organizaciones de la sociedad civil y de acuerdo a todos los instrumentos que tiene la Comisión a su alcance, seguiremos apoyando sus luchas".
Durante la audiencia, efectuada en el marco del Período 186 de la CIDH, se escucharon voces de la sociedad civil independiente cubana, como la del activista Juan Antonio Madrazo Luna, quien tuvo que enviar un video con su alocución debido a que la dictadura cubana le ha impedido viajar.
Madrazo, coordinador nacional del Comité Ciudadano por la Integración Racial, denunció las amenazas y hostigamiento del Estado contra los activistas y opositores, así como la interrupción frecuente de la telefonía móvil y acceso a internet. Asimismo resaltó que no solo a los cubanos se les imponen limitaciones en la movilidad interna, sino también en la movilidad hacia el exterior.
Por su parte, la abogada independiente y directora de Cubalex, residente en Estados Unidos, Laritza Diversent, denunció la práctica de las autoridades cubanas de negar la salida o entrada a ciudadanos por motivos políticos. Dijo que son medidas sin bases legales y que lamentablemente no hay un procedimiento en Cuba que permita a los ciudadanos apelar la decisión.
"Se han reportado cancelaciones de vuelos, regulaciones de inmigración para impedir la salida del país a participar en eventos y talleres de superación profesional, lo que también implica violaciones al derecho de la educación y la superación, a la libre elección del empleo y a la participación en la vida cultural", explicó Diversent.
"Se han utilizado los controles migratorios para castigar a los cubanos que fuera de las fronteras nacionales expresan su opinión pública contra el gobierno o han tomado la decisión de abandonar el empleo del Estado en terceros países", dijo la abogada. Sobre este tema, el relator Ralón dijo que restringir la libertad de circulación en Cuba "es precisamente para obstruir cualquier voz" que pida una apertura democrática".
La activista cubana e historiadora de arte, Salomé García, coordinadora del grupo Justicia 11J y a quien las autoridades cubanas le niegan el permiso de regresar, criticó con dureza las "repatriaciones forzosas".
"Los protagonistas de varios hechos que movilizaron a la ciudadanía y han sido calificados como históricos, han sido en su mayoría sometidos a presiones, que en sus extremos han resultado en prisión o exilio forzado, sin posibilidad de retorno a corto mediano plazo", precisó.
"El Estado ha usado el exilio forzado para cerrar el espacio cívico de las 15 personas que participaron en la huelga de hambre y acuartelamiento de San Isidro en noviembre de 2020", señaló. "Más de la mitad se encuentra el día de hoy fuera de Cuba y dos están en prisión. De las treinta personas que ingresaron al Ministerio de Cultura el 27 de noviembre de ese mismo año...han abandonado el país más del 70 por ciento".
La activista dijo que Cubalex y Justicia 11J han "registrado las detenciones arbitrarias de 1.540 personas como resultado de la represión a las protestas de los días 11 y 12 de julio de 2021. De ellas, al menos 675 continúan en prisión."
Por su parte, el comisionado de la CIDH, el abogado Joel Hernández García, declaró que los derechos de tránsito y circulación son "internacionalmente reconocidos", y se refirió a las obligaciones legales del Estado cubano en la materia.
"Vemos nosotros serias limitaciones a la libertad de circulación y residencia, a personas de nacionalidad cubana; como ya decía, en franca violación a los derechos humanos. No solamente es una violación a la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, en la cual Cuba es un Estado suscriptor, sino también del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos del cual Cuba es un es un Estado parte", subrayó Hernández.
"Creo que lo fundamental, y esta audiencia sirve ese propósito, es que visibiliza la situación. Tenemos que hacer que en toda nuestra región se conozca lo que está sucediendo para este grupo de personas (cubanas)", concluyó el comisionado de la CIDH.