A continuación, un editorial que refleja la opinión del gobierno de Estados Unidos:
El 28 de julio, Venezuela celebró elecciones presidenciales profundamente viciadas. Con el 80 por ciento de los votos escrutados, el presidente Nicolás Maduro obtuvo más del 51 por ciento de los votos, derrotando al candidato de la Plataforma Unitaria Democrática, Edmundo González Urrutia, quien obtuvo más del 44 por ciento de los votos, según un comunicado del Consejo Nacional Electoral.
El secretario de Estado, Antony Blinken, aplaudió al pueblo venezolano por su participación en las elecciones y elogió "su valentía y compromiso con la democracia frente a la represión y frente a la adversidad". Sin embargo, expresó serias reservas sobre el resultado de la votación:
"Nos preocupa seriamente que el resultado anunciado no refleje la voluntad ni los votos del pueblo venezolano. Es fundamental que cada voto se cuente de manera justa y transparente, que los funcionarios electorales compartan información de inmediato con la oposición y los observadores independientes sin demora, y que las autoridades electorales publiquen la tabulación detallada de los votos. La comunidad internacional está observando esto muy de cerca y responderá en consecuencia".
A medida que se contaban los votos, comenzaron a surgir denuncias de irregularidades, como la denegación del acceso a la sede del Consejo Nacional Electoral a los testigos de la oposición mientras contaban los votos. El Consejo ha sido criticado por su falta de imparcialidad.
De hecho, el Departamento de Estado expresó su preocupación el año pasado por lo que calificó como "esfuerzos en curso para rehacer la composición" del Consejo, mientras que el Parlamento Europeo adoptó una resolución en febrero en la que acusaba al régimen de Maduro de realizar cambios en el Consejo Nacional Electoral que, según dijo, estaban "diseñados para obstaculizar el proceso electoral y anular cualquier perspectiva de retorno a la democracia".
Los esfuerzos de Maduro para interferir en las elecciones comenzaron mucho antes de que abrieran los colegios electorales el domingo. Según un informe de Laboratorio de Paz, al menos 71 personas fueron detenidas arbitrariamente durante la campaña electoral, la mayoría de ellas después de haber prestado ayuda a la oposición.
El gobierno de Maduro también ha puesto obstáculos para que los millones de venezolanos en el extranjero voten, incluidos requisitos de pasaporte y residencia ampliamente inalcanzables.
Además, sólo se permitió a un número muy limitado de observadores electorales supervisar la votación.
"El pueblo venezolano merece unas elecciones que reflejen genuinamente su voluntad, libres de cualquier manipulación", subrayó el secretario Blinken. Es por eso que cada voto debe contarse de manera justa y transparente.