De los aproximadamente 10 mil dólares que paga un cubano para llegar a territorio estadounidense desde Cuba, unos 3 mil quedan en las arcas del gobierno.
Supervivencia, reproducción, adaptación; son muchas las circunstancias que nos obligan a emigrar. No es un fenómeno nuevo, más bien una especie de ciclo sin fin. El viaje de aquel marinero que zarpa hacia el cabo de Buena Esperanza confiado en que cada “hasta luego”, de alguna forma, será su regreso triunfal.
Los cubanos emigramos por intereses políticos, económicos y/o de reunificación familiar; pero la migración ilegal desde Cuba hacia Estados Unidos continúa siendo una industria en crecimiento, que aunque muchos conocen, muy pocos se atreven a comentar, porque sienten la presión, o la prisión, de su propia complicidad.
Oscuro, suena hueco y huele a queso; pero quién no tiene en la isla un buen amigo, conocido o familiar, con deseos de emigrar.
Es cierto que existen acuerdos en materia migratoria entre Washington y La Habana. Es cierto también que ha disminuido la cifra de balseros y cubanos con precio, que manejan organizaciones criminales como Los Zetas, a través del territorio mexicano hacia los Estados Unidos.
De hecho hoy, sólo existen dos extremos; los sin recursos, los que a pecho logran poner a flote la ilusión con proa a la yuma; y aquellos que al otro lado de la cadena alimentaria, con esfuerzo y mucho ingenio logran salir en el noticiario, llamar la atención, y hacer un guiño a los llamados Cazadores de talento.
Lo real es que después que se aprobara la nueva Ley Migratoria, el 11 de Octubre del 2012 es apreciable la proliferación de otras vías menos riesgosas pero mucho más redituables.
El nivel de deseo se mantiene, son más los que quieren emigrar. Por supuesto, el descontento en la población in crescendo, la represión está en el punto más álgido, la falta de oportunidades laborales es el abc de la población, la cantidad de personas que han sido desplazadas de sus empleos estatales a raíz de las publicitadas medidas del General Raúl Castro, y los que antes de ese proceso de expulsión masiva carecían de un empleo; hicieron que la migración se convirtiera en una importante y nada despreciable fuente de ingreso para el Estado cubano, y una válvula de escape para el Gobierno de la isla.
Cambiar la vía de la huida, monopolizar el negocio y disminuir el riesgo, elevó el precio de emigrar y esconde el rastro ilegal.
A pan duro, diente agudo. Esta lucrativa acción cobra más fuerza económica que la inversión extranjera, pues cuenta con clientes potenciales esperando tener cash. Ya no emigra el perseguido, también lo hace el perseguidor.
De los aproximadamente 10 mil dólares que paga un cubano para llegar a territorio estadounidense desde Cuba, unos 3 mil quedan en las arcas del gobierno.
Es tráfico, sí; pero legal. Ahora comprar una visa, aunque esta llegue como el maná caído del cielo, y otorgada por canales alegales, no constituye un delito. Entonces, que un ciudadano cubano arribe a los Estados Unidos usando un tercer país, ya no es responsabilidad de Cuba.
En tal punto, la jugada es astuta; pero pese a todos los vericuetos y escondrijos queda claro que en la mayor de las antillas no existe una identificación entre los instrumentos jurídicos internacionales sobre el tráfico de personas, y su legislación penal vigente.
Los cubanos emigramos por intereses políticos, económicos y/o de reunificación familiar; pero la migración ilegal desde Cuba hacia Estados Unidos continúa siendo una industria en crecimiento, que aunque muchos conocen, muy pocos se atreven a comentar, porque sienten la presión, o la prisión, de su propia complicidad.
Oscuro, suena hueco y huele a queso; pero quién no tiene en la isla un buen amigo, conocido o familiar, con deseos de emigrar.
Es cierto que existen acuerdos en materia migratoria entre Washington y La Habana. Es cierto también que ha disminuido la cifra de balseros y cubanos con precio, que manejan organizaciones criminales como Los Zetas, a través del territorio mexicano hacia los Estados Unidos.
De hecho hoy, sólo existen dos extremos; los sin recursos, los que a pecho logran poner a flote la ilusión con proa a la yuma; y aquellos que al otro lado de la cadena alimentaria, con esfuerzo y mucho ingenio logran salir en el noticiario, llamar la atención, y hacer un guiño a los llamados Cazadores de talento.
Lo real es que después que se aprobara la nueva Ley Migratoria, el 11 de Octubre del 2012 es apreciable la proliferación de otras vías menos riesgosas pero mucho más redituables.
El nivel de deseo se mantiene, son más los que quieren emigrar. Por supuesto, el descontento en la población in crescendo, la represión está en el punto más álgido, la falta de oportunidades laborales es el abc de la población, la cantidad de personas que han sido desplazadas de sus empleos estatales a raíz de las publicitadas medidas del General Raúl Castro, y los que antes de ese proceso de expulsión masiva carecían de un empleo; hicieron que la migración se convirtiera en una importante y nada despreciable fuente de ingreso para el Estado cubano, y una válvula de escape para el Gobierno de la isla.
Cambiar la vía de la huida, monopolizar el negocio y disminuir el riesgo, elevó el precio de emigrar y esconde el rastro ilegal.
A pan duro, diente agudo. Esta lucrativa acción cobra más fuerza económica que la inversión extranjera, pues cuenta con clientes potenciales esperando tener cash. Ya no emigra el perseguido, también lo hace el perseguidor.
De los aproximadamente 10 mil dólares que paga un cubano para llegar a territorio estadounidense desde Cuba, unos 3 mil quedan en las arcas del gobierno.
Es tráfico, sí; pero legal. Ahora comprar una visa, aunque esta llegue como el maná caído del cielo, y otorgada por canales alegales, no constituye un delito. Entonces, que un ciudadano cubano arribe a los Estados Unidos usando un tercer país, ya no es responsabilidad de Cuba.
En tal punto, la jugada es astuta; pero pese a todos los vericuetos y escondrijos queda claro que en la mayor de las antillas no existe una identificación entre los instrumentos jurídicos internacionales sobre el tráfico de personas, y su legislación penal vigente.