El insulto como arma de rebeldía contra el poder (III)

Desde el 2019 se escucha la canción Diazka (una abreviatura que se refiere al gobernante cubano Miguel Díaz-Canel) de los populares artistas de hiphop Al2, El Aldeano y Silvito El Libre, que tiene un coro inspirado en una denuncia realizada por el también rapero David D'Omni Zona Franca, tras el envenenamiento de su perro en junio de ese año y las consecuencias que pudo tener el hecho.

En menos de dos minutos, en una directa por Facebook, el rapero lanza su sentencia: "Díaz-Canel es tremendo sin**o, Raúl Castro es tremendo perro sin**o y Fidel Castro era tremendo perro sin**o igual. Eso era lo que tenía que decir, caballeros..."

La canción Diazka incursiona en temas que se escuchan a diario en las casas cubanas:

Tu comunismo es una mier**…
tienes mal las escuelas, los centros penitenciarios
los parques, los hospitales, las calles y los salarios
Qué puedes esperar de un sistema tan cretino?
Que en todas las escuelas a la hora del matutino
Gritan seré como el Che y el Che era un asesino.

El coro es simple e invita a insultar al sucesor de Raúl Castro:

Cuando diga Díaz-Canel, ustedes dicen sin**o
¡​Díaz-Canel sin**o!
¡​Díaz-Canel sin**o!

Silvito El Libre al final de la canción repite las palabras de David D'Omni en su denuncia de Facebook.

En Cuba desde 1998, cuando nace la banda de punk rock “Porno para Ricardo” las letras de sus canciones iniciaron las críticas directas con irreverencia suprema tanto a las consignas del régimen comunista como a los personeros del sistema.

La más conocida y escuchada en las redes sociales de las canciones del grupo es sin duda No coma tanta pi**a Coma-andante.

Hay también temas dedicados al ex gobernante Raúl Castro, donde cantan “Raúl es un farsante a ti no hay quien te aguante” y la llamada “Comunista y Chivatón”, dedicada a Alpidio Alonso, cuando antes de ser Ministro de Cultura, era presidente de la Asociación Hermanos Saíz (AHS). No falta la letra alentando a buscar piedras para atacar al Delegado del Poder Popular a quien prometen los integrantes de la banda que “vamos a desp***ar”.

Gorki Águila, líder de la banda, en numerosas ocasiones ha sido detenido, acosado, juzgado, amenazado y encarcelado pero sigue cantando sus populares canciones.

En sintonía con este concepto, la investigadora cubana Ileana Fuentes considera que “señalar a los dirigentes mediante obscenidades y ofensas es un recurso de los sin-poder”.

"La palabra obsceno viene del latín "obscenus”, la cual está formada por las raíces ob (enfrentamiento u oposición) y caenum (suciedad). Esta palabra se refiere a algo indecente, sin pudor, o que ofende a los sentidos. Sin embargo, lo que es indecente, sin pudor y ofensivo es el trato que el régimen da al cubano, su abuso del poder y esa forma de expresarse es una forma de rebeldía”, reflexionó la experta en entrevista con Radio Televisión Martí.

Hoy día la palabra tiene mayor impacto y expansión que hace una o dos décadas debido a las redes sociales y la globalización de los medios de comunicación y la ofensa se ha convertido en un arma, afirmó a Radio Martí el profesor de Periodismo de la Universidad Internacional de la Florida, Alejandro Alvarado.

“Donald Trump es quizás el primer candidato a presidente de Estados Unidos en utilizar ofensas durante los debates y manifestaciones. El intercambio de ideas se convierte en intercambio de insultos y al llegar a la Casa Blanca en el 2016 demostró entonces que “le funcionó como arma política”, comentó Alvarado.

Pero en Cuba esta herramienta de comunicación puede costar bien caro a quien la emplee, teniendo en cuenta que las autoridades en la isla estipulan la penalización de lo que consideren que "amenace, calumnie, difame, insulte, injurie o de cualquier modo ultraje u ofenda, de palabra o por escrito, en su dignidad o decoro a una autoridad, funcionario público, o a sus agentes auxiliares”.

Cualesquiera de esas acciones de difamación, injuria y desacato a la autoridad son punibles con tres meses de cárcel y hasta un año de prisión, y en ocasiones le agregan una multa.

Si el “desacato” va dirigido contra el Presidente del Consejo de Estado, el Presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, los miembros del Consejo de Estado o del Consejo de Ministros o los Diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular, la sanción es de tres años de cárcel.

La aplicación de esas leyes en Cuba, donde se utilizan para penalizar a los críticos del régimen, ha sido denunciada reiteradamente por el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ por siglas en inglés) y otros grupos en defensa de la libertad de expresión y creación.

La justicia cubana también penaliza la “difamación” a entidades gubernamentales como el Ministerio del Interior, la Empresa Estatal de Telecomunicaciones (ETECSA), la Policía Nacional Revolucionaria (PNR), el Ministerio del las Fuerzas Armadas, el Comité Olímpico o el Ballet Nacional de Cuba.

Tampoco se puede “ofender” a las organizaciones políticas como el Partido Comunista de Cuba, los Comités de Defensa de la Revolución o la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana y mucho menos a los que ostentan el título de "héroes o mártires de la República”.

Una ofensa dirigida contra estas figuras se castiga con tres meses a un año de prisión o multa, aunque la ley no especifica si se trata de héroes fallecidos o de los llamados Héroes de la República de Cuba que todavía integran el gobierno, como es el caso del comandante Ramiro Valdés, o la Asamblea Nacional del Poder Popular, como Gerardo Hernández, Delsa Ester Puebla, José Ramón Machado Ventura, y a los miembros de las Fuerzas Armadas como Alvaro López Miera, Ramón Espinosa, Arnaldo Tamayo Méndez.

El Informe Anual del 2000 sobre Derechos Humanos de la Organización de los Estados Americanos (OEA), destacaba que “el delito de Desacato a una autoridad o funcionario público establecido en el artículo 144 del Código Penal cubano también es utilizado por las autoridades para violar los derechos humanos de sindicalistas independientes, periodistas y defensores de los derechos humanos".

Este mismo documento recuerda que el delito de desacato estaba vigente en Cuba antes de 1959, aunque el régimen de Castro “amplió la definición para que cubriera la mayor variedad posible de expresiones”.

Sobre esto, la periodista María Matienzo dijo a Radio Martí que “no hay ningún tipo de mecanismo de defensa, porque Cuba no es un Estado de derecho".

"Los ciudadanos estamos en total indefensión ante el Código Penal, que por lo general es aplicable a la ciudadanía, pero no a sus funcionarios y a quienes representan al Gobierno”, agregó la autora, reconocida por la Fundación Internacional para las Mujeres en los Medios (IWMF).

“Desde las estructuras del gobierno se ofende y denigra a los opositores (…) han dicho que somos gusanos garrapatas, no cubanos. Todos los improperios que ya sabes que andan diciendo por ahí de nosotros -de nosotros, cuando digo nosotros, pero también hablo del pueblo en general- no son penalizados, no lo son. O sea, no son acusados, no pueden ser acusados, no pueden ser enjuiciados por el mismo código penal con que ellos pueden enjuiciar a un a un ciudadano común”, explicó Matienzo.

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El profesor Alvarado aclaró a Radio Martí que cuando la ofensa o injuria daña la reputación de la persona, puede tener consecuencias legales y se califica como calumnia; es decir, acusar a alguien de un delito sin evidencia.

El académico apuntó que el tener un lema o un canto como expresión de descontento o desafío a los límites morales “varía según la comunidad” pues “hay regiones y estados en la unión americana en donde es inaceptable y reprobado el uso de ofensas o injurias, como Utah y Alaska”.

La Unión de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC) no respondió a preguntas de Radio y Televisión Martí sobre los mecanismos de defensa a los artistas cubanos en tema de libertad de expresión, o lo que considera diferencias entre choteo político y “desacato”.

Tampoco la Fiscalía General de la República respondió a nuestras indagaciones sobre las detenciones por “desacato”, especialmente después de las manifestaciones del 11 de julio, la demora en la llamada “fase preparatoria” y el número excesivo de personas que mantienen en “prisión preventiva” por participar en las protestas.