La subsecretaria de Estado Adjunta en la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado norteamericano, Emily Mendrala, dijo que no hubo negociación alguna con Nicaragua para la liberación de 222 presos politicos el jueves.
“Nicaragua no pidió nada como respuesta de recibir los 222 prisioneros. Nosotros hemos llamado a la liberación de esos prisioneros públicamente y en manera privada… En el caso de ayer, Nicaragua tomó su propia decisión de liberar a ellos”, declaró Mendrala en una conferencia de prensa telefónica.
La subsecretaria de Estado Adjunta dijo además que a Estados Unidos le preocupaban los informes de que se le había quitado la ciudadanía a algunos de los presos políticos liberados y que buscaba más información sobre ello.
“Vemos en el evento de ayer cómo un paso positivo que podría poner la relación en una trayectoria más constructiva. Seguimos comprometidos al diálogo con el gobierno de Nicaragua. Vemos con preocupación (...) los reportes de que ellos habían quitado o cancelado la ciudadanía de algunos de los presos políticos. Queremos recibir más información acerca de estos pasos”, expresó.
Sobre la oferta de España de dar nacionalidad a los presos liberados, Mendrala dijo que Estados Unidos está en comunicación con el gobierno español y que aunque los 222 presos ya recibieron el parole humanitario por dos años, es natural que algunos de ellos quieran seguir hacia otros países.
Añadió que el Departamento de Estado facilitará los viajes para que los presos liberados puedan reunirse con sus familias en diferentes puntos de Estados Unidos y ofrecerá asistencia legal para que puedan "escoger las opciones que para ellos tengan más sentido", incluida la oportunidad de ir a España.
Mendrala reiteró que todos los liberados abordaron voluntariamente el avión excepto dos personas que rechazaron viajar a Estados Unidos y permanecen presas en Nicaragua.
El gobierno nicaraguense liberó el jueves a 222 presos políticos, entre los que se encuentran opositores, aspirantes presidenciales, activistas sociales, abogados, periodistas, sacerdotes y diplomáticos. Todos ellos fueron trasladados a Washington, en lo que se considera como una de las mayores operaciones de este tipo en las que ha participado la Casa Blanca.