Estados Unidos demandó este domingo la libertad inmediata de los presos políticos cubanos Andy García Lorenzo y el rapero Randy Arteaga, encarcelados por su participación en las manifestaciones antigubernamentales que sacudieron la isla el 11 de julio pasado.
"Simplemente pedían un cambio. Instamos a su inmediata liberación y el respeto a su libertad de expresión", señaló en Twitter la Embajada estadounidense en La Habana.
García Lorenzo fue condenado la semana pasada a cuatro años de privación de libertad. El joven de 24 años está preso en la cárcel de Guamajal, en Villa Clara. Fue procesado por los delitos de desórdenes públicos, desacato, resistencia y atentado por su participación en el levantamiento popular, e inicialmente se enfrentaba a una petición fiscal de siete años de cárcel.
La organización Cuban Prisoners Defenders denunció que este prisionero ha sido sometido sistemáticamente y por orientación directa de la Seguridad del Estado a humillaciones, aislamiento, privación de la comunicación y contacto con su familia y abogado. Su hermana, su cuñado y otros miembros cercanos de su familia han sido también hostigados y reprimidos en múltiples ocasiones.
Lee también Díaz-Canel niega represión a manifestantes del 11J en Cuba y afirma que procesos contra menores de edad fueron "racionales"Arteaga, por su parte, Arteaga Rivero, de 32 años, fue condenado a cinco años de cárcel por su participación en las protestas del 11J en Santa Clara. La Fiscalía le pedía originalmente siete años de privación de libertad por los delitos de desórdenes públicos y desacato.
Las conclusiones provisionales del órgano acusatorio afirmaban que Arteaga Rivero y el resto de los involucrados en el Expediente en Fase Preparatoria 689 de 2021 se aprovecharon de la situación que enfrenta el país para arengar a otras personas a que los siguieran, gritando insultos contra el gobernante Miguel Díaz-Canel.
Según la activista Saily González Velázquez, la única prueba contra el rapero fue un video en el que decía “Díaz-Canel asesino” como respuesta a la “orden de combate” dada por el gobernante contra los manifestantes.