EEUU denuncia persistencia de la falta de libertad religiosa en Cuba

Aunque la constitución cubana contiene disposiciones escritas para la libertad religiosa y prohibiciones contra la discriminación por motivos religiosos, los códigos penal y administrativo contravienen estas protecciones, denuncia el Informe sobre Libertad Religiosa Internacional correspondiente al 2023 presentado este miércoles por el secretario de Estado estadounidense Antony Blinken.

“La constitución declara al país un estado laico y prevé la separación de las instituciones religiosas y el estado, pero el Partido Comunista de Cuba, a través de su Oficina de Asuntos Religiosos (ORA) y el Ministerio de Justicia (MOJ), regula la práctica religiosa. La ley requiere que todos los grupos religiosos soliciten al Ministerio de Justicia el registro oficial”, dice el reporte.

Añade que, por ley, la pertenencia o asociación con un grupo no registrado es un delito. El código penal estipula una sentencia mínima de seis meses, una multa o ambas para las personas que intentan oponerse por motivos de conciencia al servicio militar o la educación pública, incluidas aquellas cuyas objeciones se basan en sus creencias religiosas.

También impone “sentencias de hasta 10 años de prisión a las personas que reciben fondos de organizaciones extranjeras o para financiar actividades que se consideren estén dirigidas contra el Estado o el orden constitucional”.

El informe del Departamento de Estado hace referencia a la Lista de Vigilancia anual de la organización no gubernamental cristiana Puertas Abiertas, en la que se informa de un aumento en la persecución gubernamental a los cristianos entre 2019 y 2023, incluido el uso de tácticas represivas contra líderes religiosos y activistas que se oponen a la ideología del Partido Comunista de Cuba mediante arrestos, exilio, multas arbitrarias y vigilancia, denegaciones de licencias, visas religiosas, libertad de movimiento y abuso físico y mental.

“Según el informe anual de CSW (Christian Solidarity Worldwide) publicado en febrero y que cubre 2022, hubo 657 violaciones de la libertad de religión o de creencias en comparación con 272 violaciones reportadas en 2021”, dice el reporte.

El reporte resalta el caso del pastor Lorenzo Rosales Fajardo, sentenciado en 2022 a siete años de prisión prisión por cargos de falta de respeto, agresión, incitación criminal y desorden público, y quien seguía en prisión al final del año. También menciona al matrimonio compuesto por Donaida Pérez Paseiro y Loreto Hernández García, líderes de Yorubas Libres de Cuba, aún encarcelados.

“Fuentes de medios independientes informaron que las autoridades negaron rutinariamente la solicitud de atención médica que pidió la familia de Hernández García para el religioso, apunta.

La cancillería de EEUU incluyó en su informe los casos de tres Damas de Blanco –Sayli Navarro Álvarez, Tania Echevarría Méndez y Sissi Abascal Zamora– que seguían en prisión a finales de 2023 por su participación en las protestas públicas de 2021 contra el gobierno. El informe recuerda que, en marzo pasado, la madre de Abascal dijo a Martí Noticias que las autoridades penitenciarias habían reducido las raciones de alimentos de las tres mujeres en un 50 por ciento.

Añade que el gobierno siguió presionando a los críticos del régimen –incluidos los líderes religiosos– para que se autoexiliaran y menciona que “en noviembre, un grupo multiconfesional de líderes eclesiásticos, la Alianza de Cristianos de Cuba (ACC), emitió una declaración pública pidiendo reformas políticas y religiosas, incluida la protección de la libertad de religión o de creencias”.

“Los grupos religiosos dijeron que la ORA y el Ministerio de Justicia continuaron negando el registro oficial a ciertos grupos religiosos y no respondieron a solicitudes pendientes desde hace mucho tiempo, como las de los Testigos de Jehová y la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días (Iglesia de Jesucristo)”, dice el informe.

Asimismo, señala que durante el año 2023 hubo informes de incidentes de robo y vandalismo de iglesias, que un clérigo describió como parte de la “creciente ola de indisciplina social y violencia social contra las instituciones religiosas” y que, en octubre, representantes de comunidades religiosas afrocubanas, musulmanas, judías y de grupos cristianos católicos, ortodoxos, protestantes y protestantes evangélicos participaron en dos mesas redondas sobre libertad religiosa.

“La Seguridad del Estado detuvo a algunos participantes cuando viajaban al evento, incluido el pastor Alejandro Hernández Cepero. Algunos grupos y organizaciones religiosos, como la organización benéfica católica Caritas, continuaron reuniendo y distribuyendo artículos de socorro, proporcionando asistencia humanitaria a personas independientemente de sus creencias religiosas”, dice el informe.

El reporte sobre libertad religiosa menciona que “en declaraciones públicas y en las redes sociales" funcionarios del gobierno de Estados Unidos, incluido el Secretario de Estado, continuaron pidiendo al gobierno de La Habana que respete los derechos humanos y las libertades fundamentales de sus ciudadanos, incluida la libertad de religión o de creencias.

“En enero y julio, funcionarios del Departamento de Estado y de la embajada plantearon el caso del pastor Rosales Fajardo a funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores. El 27 de octubre, en conmemoración del Día Internacional de la Libertad Religiosa, el Subsecretario de Asuntos del Hemisferio Occidental tuiteó un llamado al gobierno cubano para que libere al pastor Rosales Fajardo, quien participó en las protestas de 2021 y es el pastor del grupo no confesional no registrado Iglesia Monte de Scion”, detalla el reporte.

También recuerda que, el 29 de diciembre de 2023, de conformidad con la Ley de Libertad Religiosa Internacional de 1998, el Secretario de Estado Blinken designó a Cuba como “País de Particular Preocupación” por haber cometido o tolerado violaciones particularmente graves de la libertad religiosa.