Con la entrada en vigencia de la Ley de Agentes Extranjeros en Nicaragua se restringe aún más la capacidad de los nicaragüenses para ejercer sus derechos humanos y libertades fundamentales, denunció este miércoles el subsecretario de Estado, Michael G. Kozak.
Kozak señaló que la medida impuesta por el régimen de Daniel Ortega requiere que las personas y organizaciones que reciben fondos extranjeros se registren con el gobierno, cumplan con onerosos requisitos de información y se abstengan de lo que consideran actividad política.
“Los críticos de la ley coinciden en que su verdadera intención es bloquear la participación de candidatos y simpatizantes de la oposición en las elecciones del 2021. Además, esta ley tendrá un efecto paralizador en las actividades de la sociedad civil en el período previo a las elecciones. Los analistas legales señalan que la ley es ambigua. El lenguaje deja al gobierno un amplio margen para utilizarlo como herramienta de represión”, declaró el subsecretario interino de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado en una conferencia de prensa telefónica.
Según el alto diplomático, la Ley de Ciberdelitos, aprobada del 27 de octubre pasado, pudiera castigar de forma similar opiniones críticas al régimen de Ortega, incluyendo mensajes en las redes sociales. La medida incluye tiempo en prisión y multas.
Asimismo, mencionó la reforma constitucional que está siendo considerada en la Asamblea Nacional, que aumentaría las penas de cárcel de 30 años a cadena perpetua para crímenes de odio, término que, según dijo, tiene una amplia definición.
Kozak opinó que,"juntas, esas leyes levantan aún más barreras a la participación democrática, justo en un momento en que la nación se está preparando para las elecciones presidenciales del 2021".
El subsecretario de Estado añadió que Estados Unidos apoya al pueblo de Nicaragua en su búsqueda de un gobierno representativo, en una tarea en la que "no está solo". Recordó que, en octubre, la Organización de los Estados Americanos aprobó una resolución en la que se pedía la restauración de las instituciones democráticas, el respeto de los derechos humanos y el orden constitucional en Nicaragua, además de unas elecciones libres y justas.
También la Unión Europea aprobó una resolución similar, condenando específicamente la Ley de Agentes Extranjeros y pidiendo reformas más amplias en el país.