En las pancartas mostraban un letrero que decía: “Medicina ecuatoriana, superior a la cubana”.
Quito, Ecuador - La pugna entre médicos-gobierno que alcanzó su clímax ante la inminente aprobación del nuevo código penal, llegó a las calles de Quito. Mientras un grupo numeroso de médicos, estudiantes y enfermeras de tres hospitales de Quito marcharon pacíficamente hacia el Ministerio de Salud (de donde la ministra Carina Vance se había marchado), un puñado de 200 simpatizantes fueron al Palacio de Carondelet, sede de Gobierno, para enfrentarlos.
Los galenos eran más de 1.000 y protestaron ayer frente al Ministerio de Salud en rechazo al artículo 146 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), al que ahora el Gobierno afirma que son los medios de comunicación quienes lo han tergiversado. “Somos médicos no criminales”, gritaban. En las pancartas mostraban un letrero que decía: “Medicina ecuatoriana, superior a la cubana”.
El proyecto, que se aprobaría de forma definitiva en la Asamblea, define que los médicos que ocasionen la muerte de algún paciente serán sancionados con cárcel de tres a cinco años, si es que ésta se produce por acciones “innecesarias, peligrosas e ilegítimas”.
En vez de conciliar con los médicos, el presidente Rafael Correa ha desafiado al pueblo a que presente demandas contra los galenos que este considera han sido protagonistas de mala práctica médica.
La reacción de los médicos residentes del hospital Andrade Marín salieron a las calles con carteles que anunciaban: “No damos garantías porque no vendemos electrodomésticos, somos médicos”. Ellos marcharon por más de una hora por el centro-norte de Quito, a medida que avanzaban se les iban uniendo médicos de las clínicas Pichincha y Novaclínica, así como del hospital Metropolitano.
Correa, fiel a su estilo de barricada, mandó un puñado de militantes de su partido a la Plaza Grande para que apoyaran su reforma legal.
En horas de la mañana, especialistas de Solca de Quito (la entidad que atiende a pacientes con cáncer) suspendieron por dos horas las consultas externas, pero el Gobierno los amenazó con retirarle los recursos y estos se echaron para atrás.
Solón Espinosa, presidente de Solca dijo en Quito que el Gobierno había anunciado que “si Solca no da atención, le retira la ayuda a la institución”. La cantidad que amenazó con retirar fue de $ 60 millones.
Por su parte en el hospital Metropolitano varios médicos tomaron la iniciativa de suspender las consultas. Paradójicamente el traumatólogo Pablo Ramos, quien atendió una rodilla al presidente Rafael Correa, puso un cartel en su consultorio que rezaba: “Por el Código Penal Médico”.
En el hospital San Francisco de Quito, cuya administración está en manos del oficial IESS, asimismo, los médicos colgaron sus batones en los exteriores, en señal de rechazo al Código. El gobierno de Correa ya anunció que tres mil médicos “de países amigos” reemplazarán a los que renuncien.
Los galenos eran más de 1.000 y protestaron ayer frente al Ministerio de Salud en rechazo al artículo 146 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), al que ahora el Gobierno afirma que son los medios de comunicación quienes lo han tergiversado. “Somos médicos no criminales”, gritaban. En las pancartas mostraban un letrero que decía: “Medicina ecuatoriana, superior a la cubana”.
El proyecto, que se aprobaría de forma definitiva en la Asamblea, define que los médicos que ocasionen la muerte de algún paciente serán sancionados con cárcel de tres a cinco años, si es que ésta se produce por acciones “innecesarias, peligrosas e ilegítimas”.
En vez de conciliar con los médicos, el presidente Rafael Correa ha desafiado al pueblo a que presente demandas contra los galenos que este considera han sido protagonistas de mala práctica médica.
La reacción de los médicos residentes del hospital Andrade Marín salieron a las calles con carteles que anunciaban: “No damos garantías porque no vendemos electrodomésticos, somos médicos”. Ellos marcharon por más de una hora por el centro-norte de Quito, a medida que avanzaban se les iban uniendo médicos de las clínicas Pichincha y Novaclínica, así como del hospital Metropolitano.
Correa, fiel a su estilo de barricada, mandó un puñado de militantes de su partido a la Plaza Grande para que apoyaran su reforma legal.
En horas de la mañana, especialistas de Solca de Quito (la entidad que atiende a pacientes con cáncer) suspendieron por dos horas las consultas externas, pero el Gobierno los amenazó con retirarle los recursos y estos se echaron para atrás.
Solón Espinosa, presidente de Solca dijo en Quito que el Gobierno había anunciado que “si Solca no da atención, le retira la ayuda a la institución”. La cantidad que amenazó con retirar fue de $ 60 millones.
Por su parte en el hospital Metropolitano varios médicos tomaron la iniciativa de suspender las consultas. Paradójicamente el traumatólogo Pablo Ramos, quien atendió una rodilla al presidente Rafael Correa, puso un cartel en su consultorio que rezaba: “Por el Código Penal Médico”.
En el hospital San Francisco de Quito, cuya administración está en manos del oficial IESS, asimismo, los médicos colgaron sus batones en los exteriores, en señal de rechazo al Código. El gobierno de Correa ya anunció que tres mil médicos “de países amigos” reemplazarán a los que renuncien.