Médicos de varios centros públicos de Ecuador, entre ellos del hospital Pablo Arturo Suárez -que atiende a un 5% de la población de Quito-, anunciaron este jueves que renunciarán si el gobierno insiste en tipificar la mala práctica profesional.
En Ambato, ciudad de la Sierra ecuatoriana, 70 médicos firmaron hoy su renuncia y adelantaron que a ellos se sumarán 60 doctores residentes más, en desacuerdo con la criminalización de la práctica médica en el nuevo Código Penal recientemente aprobado.
Mucho antes de las ocho de la mañana, según fuentes del hospital del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) de Ambato, los galenos se reunieron en el auditorio principal en donde resolvieron firmar las renuncias como protesta al nuevo Código Orgánico Integral Penal (COIP).
De acuerdo con Wellington Bracero, secretario de los médicos, resulta aberrante que un gobierno penalice su trabajo y que puedan ir a parar a la cárcel por intentar salvar vidas.
Señaló que las renuncias están listas y se harán efectivas cuando el Código Penal entre en vigencia con su publicación en el registro oficial, pero mientras eso ocurre seguirán atendiendo con normalidad a los pacientes. La jefa de enfermeras del IESS, Lorena Espinoza, informó que resolvieron que quienes deseen presentarán en forma voluntaria la renuncia.
Estas renuncias se suman a las de otros especialistas de alto nivel que ya lo habían hecho un día atrás. Tal es el caso del traumatólogo Juan Barriga, del Hospital Público Pablo Arturo Suárez, quien abandonó su cargo como jefe de Servicio de Ortopedia y Traumatología del hospital, también el de representante de los hospitales públicos del Ministerio de Salud en la Comisión Negociadora con el Gobierno, y su trabajo como galeno en la casa de salud. Su decisión la basó en que no existen las condiciones mínimas para ejercer la profesión, con el riesgo de ir a la cárcel por una mala práctica médica.
Barriga, al igual que muchos de sus colegas, se opone al artículo 146 del Código Penal sobre el “homicidio culposo por mala práctica profesional”. Finalmente ni las arduas negociaciones, ni las presiones gremiales de los médicos impidieron que ese artículo fuera aprobado.
Aunque ya se había alcanzado un acuerdo en la Comisión Negociadora, a última hora en la Asamblea Nacional (Parlamento) se agregó un inciso que establece que la muerte por una acción “peligrosa, ilegítima e innecesaria” será sancionada con entre tres a cinco años de cárcel.
Los términos son cuestionados por los galenos quienes los califican de subjetivos y atentatorios de la práctica profesional. “Cuando el hospital no tiene lo necesario para ejercer la profesión adecuadamente, prefiero irme a mi casa y no estar preso”, señaló el doctor Barriga, quien ahora analiza si seguirá ejerciendo de manera privada o se irá del país. En caso de hacerlo ya adelantó que no haría cirugías complicadas para evitarse juicios.
El traumatólogo reveló que unos 100 médicos, que habían presentado su renuncia condicional, mantienen conversaciones en el Hospital para definir si la concretan o no en las próximas horas.
La Federación Médica Ecuatoriana, quien con el doctor Alberto Narváez a la cabeza, viene peleando por los médicos desde el año pasado, informó que continúan las asambleas en los hospitales de todas las provincias del país, donde se concretarán más renuncias.
Mucho antes de las ocho de la mañana, según fuentes del hospital del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) de Ambato, los galenos se reunieron en el auditorio principal en donde resolvieron firmar las renuncias como protesta al nuevo Código Orgánico Integral Penal (COIP).
De acuerdo con Wellington Bracero, secretario de los médicos, resulta aberrante que un gobierno penalice su trabajo y que puedan ir a parar a la cárcel por intentar salvar vidas.
Señaló que las renuncias están listas y se harán efectivas cuando el Código Penal entre en vigencia con su publicación en el registro oficial, pero mientras eso ocurre seguirán atendiendo con normalidad a los pacientes. La jefa de enfermeras del IESS, Lorena Espinoza, informó que resolvieron que quienes deseen presentarán en forma voluntaria la renuncia.
Estas renuncias se suman a las de otros especialistas de alto nivel que ya lo habían hecho un día atrás. Tal es el caso del traumatólogo Juan Barriga, del Hospital Público Pablo Arturo Suárez, quien abandonó su cargo como jefe de Servicio de Ortopedia y Traumatología del hospital, también el de representante de los hospitales públicos del Ministerio de Salud en la Comisión Negociadora con el Gobierno, y su trabajo como galeno en la casa de salud. Su decisión la basó en que no existen las condiciones mínimas para ejercer la profesión, con el riesgo de ir a la cárcel por una mala práctica médica.
Barriga, al igual que muchos de sus colegas, se opone al artículo 146 del Código Penal sobre el “homicidio culposo por mala práctica profesional”. Finalmente ni las arduas negociaciones, ni las presiones gremiales de los médicos impidieron que ese artículo fuera aprobado.
Aunque ya se había alcanzado un acuerdo en la Comisión Negociadora, a última hora en la Asamblea Nacional (Parlamento) se agregó un inciso que establece que la muerte por una acción “peligrosa, ilegítima e innecesaria” será sancionada con entre tres a cinco años de cárcel.
Los términos son cuestionados por los galenos quienes los califican de subjetivos y atentatorios de la práctica profesional. “Cuando el hospital no tiene lo necesario para ejercer la profesión adecuadamente, prefiero irme a mi casa y no estar preso”, señaló el doctor Barriga, quien ahora analiza si seguirá ejerciendo de manera privada o se irá del país. En caso de hacerlo ya adelantó que no haría cirugías complicadas para evitarse juicios.
El traumatólogo reveló que unos 100 médicos, que habían presentado su renuncia condicional, mantienen conversaciones en el Hospital para definir si la concretan o no en las próximas horas.
La Federación Médica Ecuatoriana, quien con el doctor Alberto Narváez a la cabeza, viene peleando por los médicos desde el año pasado, informó que continúan las asambleas en los hospitales de todas las provincias del país, donde se concretarán más renuncias.