El gobernante cubano Miguel Díaz-Canel salió ileso de una demanda donde se le acusaba de violar las normas sanitarias impuestas para prevenir la propagación del coronavirus, durante una manifestación en la que habló sin nasobuco y sin respetar el distanciamiento social.
El abogado independiente Julio Ferrer Tamayo presentó este mes la denuncia por el presunto delito de "propagación de epidemias" contra el principal instigador de la concentración convocada por el régimen, el 29 de noviembre en el Parque Trillo de Centro Habana, en respuesta a la manifestación espontánea de cientos de artistas, intelectuales y activistas frente al Ministerio de Cultura el pasado 27 de noviembre.
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Reportaje de Yolanda Huerga
En el mitin auspiciado por el régimen, llamado ‘tanganazo’ el mandatario habló a cientos de seguidores sin el nasobuco correctamente puesto y sin mantener el debido distanciamiento, quebrantando la Resolución 12 del Ministerio de Salud Pública y el Decreto 14 del Consejo de Ministros, indicó el demandante.
El abogado independiente explicó que el fiscal José Luis Reyes Blanco le aseguró que había visto "todos videos que transmitió la televisión cubana, e incluso otros que no fueron transmitidos, además de la foto que acompañé a mi denuncia, y que comprobó que eran ciertos los hechos. Sin embargo, la fiscal general había considerado que no constituían una infracción administrativa ni contravencional y tampoco tipificaban el delito de Propagación de Epidemia y que tal decisión estaba sustentada en la doctrina de que ese delito es un delito de peligro concreto, por lo que requiere que se produzca el contagio o transmisión de la epidemia, lo que no aconteció en el caso del presidente. Evitaron mencionar su nombre".
Miguel Díaz-Canel en el Parque Trillo el 29 de noviembre. REUTERS/Alexandre Meneghini
"Coincidentemente en TV nacional exhiben el programa ‘Hacemos Cuba’ referido a ese tema, en el que un juez del Tribunal Supremo Popular explicó que ese delito se integraba con tan sólo infringir las medidas y disposiciones de las autoridades sanitarias. Justo lo que hizo Díaz-Canel. Ellos, las autoridades, lo vieron, lo saben, lo asumen como cierto, pero no tienen más comentarios. Dijeron: “Bueno, esa es la decisión de la fiscal general.” Pregunté si era posible esgrimir esa tesis ante los tribunales e hicieron silencio. La FGR se negó rotundamente a darme una respuesta por escrito, como corresponde legalmente. Lo cual pone de manifiesto la aplicación selectiva de la Ley Penal en Cuba, que no todos los cubanos somos iguales ante la ley y que Cuba no es un Estado de derecho", concluyó Ferrer.
“Él, como presidente de la República de Cuba, debe ser ejemplo para todos los cubanos en el respeto y obediencia a la ley”, había dicho Ferrer a Radio Televisión Martí al momento de presentar la demanda.
Miles de ciudadanos cubanos han sido castigados por infringir las medidas de control sanitarias, que incluyen desproporcionadas multas y hasta penas de cárcel a los infractores.