Los presos políticos Ernesto Borges y Denis Solís llevan más de diez días sin comunicarse con sus familiares, según declaraciones de estos últimos a Radio Martí.
Vladimir González, tío de Solís, explicó que las autoridades del penal Combinado del Este, en La Habana, donde ambos están encarcelados, les comunicaron que tenían que hacer las llamadas telefónicas que les corresponden desde una oficina, a diferencia de los demás reos.
Lee también Tío de Denis Solís denuncia que ETECSA le roba el saldo del celular para intentar silenciarlo“Les cambiaron el lugar de llamada en el campamento de la Zona Cero del Combinado del Este, y los pasaron para el Edificio 1. Esa oficina es de oficiales que son los que entran y salen de la calle, que son los que están metiendo el COVID para el Combinado del Este. Entonces, ahí en esa oficina, es donde ellos querían que Denis y Ernesto Borges llamaran a sus familiares, y ellos se negaron. Y como se negaron, no pueden llamar”, dijo.
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Por su parte, el opositor Raúl Borges, padre del preso político Ernesto Borges, señaló que las autoridades del penal comunicaron a su hijo que “las llamadas, a partir de este momento, la tenía que ejecutar en la oficina del mayor Roberto, jefe de campamento, y con un militar al lado”.
Lee también Otro preso político contagiado con Covid-19Según Borges, “Ernesto no aceptó eso” y exigió que respetasen su derecho a la llamada personal. Además, dijo que las oficinas de los militares son “refugio del COVID 19, porque los militares son los que salen a la calle y, cuando regresan, traen el virus”.
La información, llegada a través de la llamada de un reo, ha provocado preocupación en la familia de Borges.
“Tiene el COVID alrededor de él. Ernesto tiene muchas patologías que lo hacen vulnerable” ante la enfermedad, subrayó el padre del preso político.
Ernesto Borges, ex oficial de Inteligencia cubana, fue condenado en 1998 a 30 años de cárcel por presunta tentativa de espionaje. Mientras, el rapero contestatario Denis Solís está cumpliendo, desde noviembre de 2020, ocho meses de cárcel por denunciar en las redes sociales el mal proceder de un agente policial.