La presidenta izquierdista de Brasil, Dilma Rousseff, amaneció este lunes más arrinconada políticamente que nunca, un día después de que manifestaciones de proporciones históricas reclamaran su salida del poder en las calles del gigante sudamericano.
Más de tres millones de personas --1,4 en Sao Paulo--, según las cifras de la Policía, formaron este domingo una impresionante marea opositora verde y amarilla, que serpenteó por un Brasil golpeado por la recesión económica y hastiado de las escandalosas revelaciones sobre el megafraude en Petrobras que manchan a la élite política y económica del país.
La oposición esperaba una movilización masiva en las calles para ejercer presión sobre los diputados indecisos, que deberán pronunciarse a favor o en contra del impeachment (juicio político) a la presidenta, reelegida en 2014. Y las calles se llenaron.
El dramático fin de semana de Rousseff ya había comenzado mal: el sábado, la gran formación centrista PMDB, aliado imprescindible del Partido de los Trabajadores (PT), fijó un plazo de 30 días para decidir si sigue en el gobierno o abandona a su suerte a la presidenta.
Primera fuerza parlamentaria del país, el Partido Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) está muy dividido entre aquellos a favor de mantener el pacto de gobierno, y una corriente cada vez más numerosa que apoya un divorcio potencialmente fatal para Rousseff.
En su convención, el PMDB reeligió como líder al vicepresidente de la República, Michel Temer, que sería el encargado de asumir la jefatura del Estado hasta las elecciones de 2018 en el caso de que Rousseff fuera destituida. "Fue un fin de semana muy malo para el gobierno. Las manifestaciones se mostraron muy poderosas, mayores que en 2015. Es el peor escenario posible", dijo a la AFP Sergio Praça, politólogo de la Fundación Getulio Vargas de Rio de Janeiro.
"Lo ocurrido va a tener, sin ninguna duda, un impacto real sobre el proceso de impeachment. El precio de apoyar ahora a este gobierno es muy oneroso y los políticos captan eso. Nadie va a querer hundirse junto al PT", añadió.
Dilma Rousseff vive desde diciembre bajo la amenaza de un juicio político impulsado por la oposición en el Congreso, que acusa a su gobierno de haber maquillado las cuentas públicas en 2014.
Frenado por la Corte Suprema, el proceso quedó congelado por las vacaciones del verano austral, después por el Carnaval... Aunque este miércoles el organismo debe fijar definitivamente las reglas del procedimiento.
El presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha (PMDB), adversario frontal de Rousseff, ya anunció que sólo espera la luz verde de la Corte para retomar las hostilidades. La presidenta, de su lado, volvió a convocar a sus ministros más cercanos el lunes por la mañana, un día después de las multitudinarias protestas, pero no hubo declaraciones tras la reunión.
Este lunes también se hizo público el contenido de la declaración de Lula ante la Policía Federal en el marco de la investigación de corrupción en Petrobras, episodio que crispó los ánimos entre opositores y defensores del exmandatario. "Yo, que estoy viejito, que estaba queriendo descansar, voy a ser candidato a la presidencia en 2018 porque creo que quienes cometieron un atrevimiento conmigo, van a tener que aguantar atrevimientos de aquí en adelante", dijo Lula, según el expediente judicial.
Sin embargo, Rousseff no necesariamente tiene la batalla perdida. Entre otras cosas, porque la oposición no ha encontrado la fórmula para un eventual 'post-Dilma'.
Pero el proceso en curso en el Tribunal Superior Electoral (TSE) es incluso más lento y de resultado aún más incierto, que el de la destitución.
Rousseff, por su parte, afirmó rotundamente el viernes que no tenía "ninguna intención" de renunciar.
La presidenta, sin embargo, sólo tiene una carta para tratar de invertir la situación: su mentor y predecesor Luiz Inacio Lula da Silva (2003-2010), con el que, dijo el viernes, sería "un gran orgullo" contar en su gobierno. Exobrero metalúrgico y líder sindical, presidente del milagro socioeconómico brasileño de la década pasada, Lula posee un carisma y un talento político incomparable en Brasil. Pero sus recientes problemas judiciales han enturbiado su imagen. Y su entrada en el gobierno, que lo protegería de la justicia ordinaria, podría interpretarse como una huída.