En su desmedida carrera por desacreditar a la oposición pacífica y, supuestamente, demostrar “acciones terroristas” instigadas desde el extranjero, el régimen cubano se denigra a sí mismo.
Esa es la opinión generalizada tras un reporte del Noticiero de la Televisión Nacional en el que se muestra el interrogatorio a dos menores de edad sin la presencia de sus padres o un abogado que los asista.
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Reportaje de Yolanda Huerga
Dioni Omar Revé Quiala, de 17 años, y Brailon Lionatan Frómeta Limonta, un año menor, declararon haber recibido 1000 pesos por tirar piedras a centros estatales y al transporte urbano de la provincia de Guantánamo.
Según afirman, fueron contactados en las redes sociales para "tirar piedras a las tiendas, a las guaguas, al Campanario, al supermercado y al círculo" infantil de la localidad guantanamera donde residen.
“La invasión de la vida privada de dos menores en la Televisión Nacional es una violación de los derechos del niño. El Estado cubano firmó y ratificó en 1991 la Convención de los Derechos del Niño y tiene obligaciones con respecto a este tipo de actos”, indicó a Radio Televisión Martí, Laritza Diversent, directora del Centro de Asesoría Legal Cubalex, con sede en Maryland, Estados Unidos.
“El Comité de los Derechos del Niño deja bien claro que el Estado adopte medidas para que la vida privada de los menores de 18 años no sea expuesta en los medios de comunicación o comunicados de prensa, aunque esos menores tengan la edad mínima requerida para la responsabilidad penal, que en Cuba es a los 16 años. Mucho menos respondiendo a un interrogatorio donde, claramente, no se cumplieron las garantías del debido proceso: El niño está solo, no está acompañado de un abogado, nunca se ve el interrogador”, apuntó Diversent.
Los videos, filmados por el Ministerio del Interior, de dos adolescentes inculpándose se exhibieron en la emisión estelar del noticiero y se compartió en las redes sociales de los medios de comunicación estatales como la Mesa Redonda, el programa de Canal Caribe, entre otros.
“A los niños los sacaron vestidos de presos. Un trato humillante. Ya no es, solo, revelar el rostro, ni siquiera los pixelaron. El estigma que ahora tienen esos muchachos, para el resto de sus vidas”, lamentó la abogada.
Asimismo, se refirió a la Fiscalía, principal órgano garante de la niñez y su obligación de proteger por encima de cualquier otro interés, el del niño.
“Deja en duda cuál es la protección que está ejerciendo el Estado y las instituciones responsables de velar por los derechos de los niños en Cuba, especialmente la Fiscalía, que, además de ser una de las instituciones parte del proceso penal, debe proteger los derechos de los menores. Y en este caso no ocurrió”, resaltó la jurista.
El escritor y periodista Jorge Enrique Rodríguez dijo a nuestra redacción que, además de la transgresión a los derechos de esos menores, de filmar, de hacer públicas sus identidades, los están usando como culpables para exculpar y justificar la represión y las campañas de difamación.
“Estamos hablando de un régimen que toda la vida ha dicho que su principal preocupación siempre ha sido la protección de los niños y las niñas en Cuba. Con esto ha echado por la borda todo ese discurso retórico que han armado durante tantos años”, dijo.
Por otro lado, subrayó Rodríguez, para utilizar la imagen de esos menores de edad deberían contar con la autorización de sus padres. “¿Cuál fue la coacción que ejercieron sobre ellos para que permitieran tal ignominia?”.
Luego de la protesta de miembros del Movimiento San Isidro y la congregación de cientos de artistas y activistas frente al Ministerio de Cultura, a finales de noviembre del pasado año, el régimen ha insistido en divulgar presuntas acciones terroristas financiadas desde el exterior, las cuales tratan de vincular con actores de la Sociedad Civil independiente cubana.