Como sucede habitualmente, cuando hablamos de cubanos y derechos, pensamos en los compatriotas que viven dentro de la isla. Y eso me parece bien; pero recientes estudios indican que hoy, algo más del 20 % de la población cubana radica fuera de Cuba. Cabe preguntar entonces, quién o cuál institución defiende, frente al gobierno cubano, los derechos e intereses de los casi 3 millones de personas que formamos parte de la gran diáspora cubana.
¿La oposición? ¿El gobierno? Por favor, y esto es solo mi opinión; desde mi punto de vista, dentro de la isla contamos con una muy lamentable clase política.
De manera que, quitando el partidismos, y apartando la forma o razón que nos empujó a salir de Cuba, los confinados (incluyo a los exiliados) somos una comunidad politeista y multirracial que por la cantidad de miembros debemos tener voz, o cuando menos un voto que nos represente en la Asamblea Nacional.
Uno de los principios básicos de cualquier país del mundo exige que aquellos que contribuyen y viven bajo sus leyes, deben participar en las decisiones de gobierno, ya sean políticas o sociales.
Las redes sociales, valga la redundancia, y las nuevas tecnologías modificaron la tradicional manera de entender (legalmente) el concepto de ciudadanía, tanto, que es posible pertenecer a más de una sociedad a la vez. Por ejemplo: los cubanos que llegan son migrantes destacados, en el concepto más exacto, porque mantienen vínculos significativos con ambos; con el país que los acoge y el de origen.
Las remesas familiares es una parte importante de la economía nacional; los cubanos que directa o indirectamente aportamos al presupuesto, debemos tener el derecho, porque nos toca, a votar y/o a ser elegidos, algo así, como “Presidente de la Circunscripción de Ultramar”.
Normalmente, y por puras razones de conveniencia administrativa, la pertenencia oficial a un Estado-Nación se otorga al nacer, por herencia de los padres o por naturalización; pero actualmente la legislación cubana no reconoce la doble ciudadanía. Quizás eso pueda explicar el por qué para viajar a la isla, salvo excepciones, tenemos que usar el pasaporte cubano aunque nada justifica el alto costo del viaje, del documento de viajero y sus espantosas prórrogas bianuales. Si somo cubanos para entrar, también lo somos para demandar el derecho ciudadano a la representación política.
Son muchos los casos de cubanos que porque al dueño de la finca se le antoja, y hablo de Raúl Castro, se les prohibe el derecho de entrar y tienen entonces que vivir, resignados a la distancia, el nacimiento, la graduación, la enfermedad, el cumpleaños o la pérdida de seres queridos.
Las embajadas y los consulados de Cuba representan los intereses del gobierno fuera de la isla; pero no los de sus emigrados. Durante estos últimos meses hemos sido testigos del montón de dificultades vividos por miles de cubanos varados en Centroamérica. Todos han sido ignorados por las autoridades cubanas.
Varios empresarios de origen cubano, que viven fuera de Cuba, hacen o intentan hacer negocios en la isla, pero no existe amparo político que vele por sus intereses ni derechos.
La propuesta de tener un representante en la Asamblea nacional; hubiese resultado absurda hace unos años; pero no ahora cuando varios países extendieron el derecho de votar y elegir a ciudadanos residentes en el extranjero. Entonces, ¿por qué los cubanos no?.